Dámaso Jiménez: La contradictoria política petrolera de Maduro que no avanza

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Todos los caminos de la crisis energética mundial parecían apuntar hacia Venezuela como un foco geopolítico circunstancial luego de un año de un conflicto bélico aún imprevisible en el este de Europa para el abastecimiento de hidrocarburos en los países afectados.

Pero el emporio petrolero venezolano no parece tener como responderle al mundo ante el fuerte deterioro de sus instalaciones, ya sea por la inepta administración y gerencia en estos 23 años del chavomadurismo, incluida la pérdida de una nómina especializada de 23 mil profesionales durante el 2002 que aún lamentamos, las sanciones internacionales, la falta de reinversión, la corrupción desatada y el despilfarro de los recursos.

Antes de la caída de los precios del petróleo en 2015 -que obligó la disminución de la producción-, Venezuela había logrado vender cada barril de crudo en US$103 entre 2011 y 2014, recibiendo US$960.589 millones. Un promedio de US$56.500 millones anuales durante 17 años de alta productividad que fueron a parar hacia la nada de los paraísos fiscales en cuentas a nombre de testaferros del cartel de Miraflores, que aún ostenta el poder con mano dura en Venezuela.

Además de los ingresos por exportaciones petroleras que desbordaron la economía como nunca antes, el país también recibió miles de millones de dólares en ingresos adicionales por la vía del endeudamiento externo entre 1999 y 2014 convertidos en bonos de la deuda.

Ahora, 10 años después de la mayor bonanza en la historia del país la producción petrolera se ha reducido en un 75% debido a los propios errores políticos del régimen, muy a pesar de tener la mayor reserva probada de petróleo del mundo, con 304 mil millones de barriles, muy por encima de Arabia Saudita con 298 mil millones, según certificación estadística de energía mundial 2022 de BP.

Sin embargo el régimen de Maduro solo ha demostrado una retahíla de fracasos en su intento de levantar la industria, aún cuando la administración del presidente Biden le viene permitiendo jugar a 2 bandas tanto con la empresa Chevrón como con el régimen iraní, uno de los principales enemigos de EEUU y de las democracias del mundo, ambos sancionados por cierto, algo así como todos en todas partes al mismo tiempo.

Por una lado Venezuela contrata dos buques petroleros de la Compañía Industrial Marina de Irán que llevarán los nombres de Indio Urquia e Indio Mara, como parte de un acuerdo renovado del 2006, mientras hace entrega del Centro de Refinación Paraguaná a la Compañía Nacional de Refinación  y Distribución de Petróleo de Irán (NIORDC), en un intento por aumentar la producción de combustible, en lo que ha sido catalogado como una entrega de la soberanía energética al régimen islámico que prácticamente gestionará Pdvsa. Los técnicos iraníes logran así tener una participación formal dentro de la estatal Pdvsa, que incluirá despedir a trabajadores nacionales propios.

Pero no son los únicos…

El representante de Chevrón en Venezuela también forma parte de la junta directiva como nuevo gerente general de Petropiar, una de las filiales de PDVSA. En esa contradicción de acuerdos la petrolera estadounidense cuenta con licencia para mover el petróleo venezolano otorgado por el Departamento del Tesoro de EEUU, con la misión de  enviar 100.000 barriles de petróleo crudo por día hacia los Estados Unidos. Casi 3 millones de barriles fueron movilizados durante el mes de febrero, de la deuda que se tiene con China a la deuda ahora con EEUU.

Aunque se intenta vender las expectativas de una repotenciación de la actividad petrolera a gran escala en Venezuela, lo cierto es que las ganancias no llegan al patrimonio de las arcas venezolanas debido a las sanciones que se mantienen, aunque ahora resultan flexibilizadas.

Esta flexibilización de las sanciones permite exportar hacia EEUU pero algunos expertos consideran que Venezuela no podrá alcanzar su meta prevista para el 2023, presupuesto incluido, principalmente porque Biden solo ha permitido que Chevrón reanude las ventas durante 6 meses, todo dependiendo de las negociaciones entre Maduro y la oposición que actualmente se encuentran en el limbo.

Por otra parte Maduro necesitaría crear un entorno de confianza para atraer la inversión extranjera en los campos petroleros y contar con el personal especializado que fue corrido del país hace 2 décadas, dos elementos que resultan incompatibles en estos momentos, sin importar toda la cuerda que le han soltado al dictador venezolano.

En respuesta a todas estas incertidumbres sobre el arranque de la industria petrolera en Venezuela, Maduro, una contradicción ambulante en sí mismo, solo intenta escudarse en el tema de las persecuciones y sanciones por su ideología para tapar su fracaso, al tiempo que declara que “las relaciones energéticas no se pueden ideologizar». Es Maduro, haciendo del conde del Guacharo.

@damasojimenez