El vasto y denso Arco Minero del Orinoco, un territorio de 111.000 kilómetros cuadrados de selva y riqueza mineral, vivió esta semana un quiebre histórico. El desmantelamiento del «gobierno criminal» que imperó durante más de una década ha comenzado. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 4 de enero de 2026, el vacío de poder en los yacimientos de oro y coltán está siendo ocupado por una fuerza militar sin precedentes en la historia reciente de la región.
El avance del Comando Sur de los Estados Unidos marca el inicio de una guerra total declarada. El objetivo no es solo policial, sino estrictamente estratégico: neutralizar a los grupos insurgentes y organizaciones terroristas extranjeras que controlan las rutas de salida del narcotráfico hacia el Caribe. La ofensiva militar en plena selva amazónica busca cortar de raíz el financiamiento de estas estructuras delictivas.
Por años, esta región fronteriza operó bajo el yugo de un sistema híbrido. Sindicatos mineros fuertemente armados, facciones militares corruptas y guerrillas binacionales administraban con total impunidad el cobro de «vacunas», la prostitución forzada y el tráfico de combustible. Enclaves mineros clave como Las Claritas y Las Brisas eran, en la práctica, microestados feudales donde la ley del Estado venezolano no existía.
Hoy, el panorama ha cambiado drásticamente. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han pasado a ocupar el primer lugar en la lista de objetivos prioritarios. Para Washington, estas organizaciones ya no son simples guerrillas rurales, sino amenazas trasnacionales que deben ser neutralizadas mediante la fuerza militar directa.
La arquitectura jurídica que sostiene esta intervención aérea y terrestre se fraguó en los despachos de Washington. El Departamento de Estado y el Pentágono catalogaron formalmente al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles como organizaciones criminales terroristas de alta peligrosidad. Esta etiqueta legal otorga el marco necesario para ejecutar incursiones quirúrgicas dentro del territorio soberano de Venezuela.
Los ataques, definidos por analistas como rápidos y letales, no han requerido de largas aprobaciones en organismos multilaterales. El secretario de Defensa de la administración Trump, Peter Hegseth, confirmó recientemente que las operaciones fueron explícitamente solicitadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Esta alianza de conveniencia proporciona la cobertura diplomática indispensable para el despliegue del Comando Sur.
Trump utilizará la destrucción del Tren de Aragua como un triunfo de seguridad nacional indiscutible, demostrando el cumplimiento de su promesa de campaña de catalogar y erradicar a los cárteles y pandillas extranjeras que operaron dentro de territorio estadounidense.
Pero el trasfondo de la ofensiva va mucho más allá de la seguridad hemisférica; es una guerra por los recursos. Al debilitar de manera sistemática los eslabones operativos de la guerrilla, Washington busca destruir la viabilidad económica de las insurgencias armadas. El objetivo final es imponer un área de control geopolítico exclusivo sobre los yacimientos de la Amazonía venezolana, desplazando la influencia de potencias rivales.
La Casa Blanca busca asegurar de forma prioritaria el abastecimiento de oro, coltán y uranio, recursos que son vitales para reducir la dependencia de Estados Unidos respecto a las cadenas de suministro controladas por la República Popular China. Al tomar el control de facto sobre los yacimientos de Bolívar, Washington privará a Moscú y Pekín de sus principales fuentes de extracción ilegal en el Caribe.
Sin embargo, la efectividad casi milimétrica de los bombardeos y las incursiones helitransportadas de las últimas semanas esconde un componente humano crítico. Diversos informes de inteligencia militar confirman la existencia de una red de delación interna al más alto nivel del chavismo. Los datos precisos sobre coordenadas, rutas y escondites provienen de antiguos aliados del régimen.
Esta red de informantes, según revelan las fuentes de inteligencia, ha comenzado a cercar a los líderes históricos de la estructura criminal. Las filtraciones apuntan de manera directa y sistemática hacia figuras clave que aún intentan resistir en la clandestinidad, entre ellos, Diosdado Cabello, cuyo control sobre ciertas facciones del territorio parece estarse desvaneciendo.
La selva amazónica venezolana, antes un refugio impenetrable para la ilegalidad, se ha convertido en el laboratorio de un nuevo orden regional. Mientras las aeronaves estadounidenses patrullan el espacio aéreo y las fuerzas especiales avanzan sobre los yacimientos mineros, la geopolítica de Sudamérica se reescribe con operaciones tácticas en pleno corazón de la selva.
@damasojimenez
