Hoy volví a entrar a Facebook después de bastante tiempo. No suelo usar mucho esa red social y, quizás por eso mismo, cada visita termina pareciéndose a una pequeña máquina del tiempo.
Entre fotografías olvidadas, comentarios de otra época y publicaciones que ya no recordaba haber escrito, me encontré con el texto que sigue.
Lo redacté probablemente poco antes de mi salida de Venezuela. Al releerlo, me sorprendió comprobar que, más allá de algunas formulaciones que hoy escribiría de otra manera, el núcleo de la reflexión permanece intacto. En aquellas líneas intentaba pensar, desde una perspectiva filosófico-política, algunos rasgos de la naturaleza y la conducta de cierto gobierno tras largos años de ejercicio del poder.
Lo comparto nuevamente porque, a pesar del tiempo transcurrido, sigo creyendo que lo que plantea conserva vigencia. Más que una reflexión sobre personas concretas, se trata de una reflexión sobre el poder, sus límites y las obligaciones morales de quienes lo ejercen.
Tampoco he querido dejar este texto atrapado en aquel “túnel”, como sí parecieran haber quedado atrapadas algunas de las circunstancias que le dieron origen.
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En ocasiones creo que se exagera al atribuir a ciertos gobernantes mediocres una maldad deliberada hacia sus gobernados. Cuando esta existe, se vulneran de forma flagrante el respeto a la vida, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y, en
general, la natural y muy humana aspiración de una vida digna, buena y bella. En tales circunstancias, hay una evidente violación de los derechos humanos.
Ahora bien, si no se trata de maldad deliberada, sino de simple mediocridad gerencial, desidia burocrática o incompetencia en la planificación, gestión y administración de los asuntos públicos, el resultado práctico es parecidísimo. Basta observar el prolongado
deterioro de los servicios públicos y, más ampliamente, de la gestión de la vida pública venezolana durante los años de cierto gobierno para advertir que la incompetencia también puede producir consecuencias devastadoras para la población.
También se vulnera el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por las instituciones encargadas de proveer los bienes y servicios necesarios para una vida digna. Desde esta perspectiva, la negligencia sistemática constituye igualmente una forma de violación de derechos.
Lo interesante es notar que ambas situaciones no parecieran ser incompatibles entre sí y que, como pueden concurrir simultáneamente, nada impide que la maldad deliberada y la incompetencia administrativa se refuercen mutuamente. En tal caso, el gobernante tiene la obligación de facilitar, por las vías democráticas y pacíficas previstas en la Constitución, los mecanismos que permitan una circulación ordenada del poder.
Corresponde a los distintos grupos de interés y presión, políticos y sociales, activar tales procedimientos, pero también al gobernante respetarlos y garantizar su funcionamiento.
Si, además, el gobernante afirma detectar enemigos internos o infiltrados en sectores estratégicos de la administración pública, está en la obligación de identificarlos y someterlos al debido proceso para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Sin embargo, si después de años en el poder continúa denunciando la presencia efectiva de esos supuestos infiltrados sin haber logrado neutralizarlos ni aportar pruebas concluyentes de su actuación, entonces caben dos posibilidades: o ha sido profundamente inepto en el control y resguardo de los bienes públicos, o tales enemigos constituyen, en buena medida, una construcción discursiva destinada a desviar la atención de una causa más inmediata y verificable del mal gobierno como lo es su ineficiencia.
Por otra parte, si el gobernante, aprovechando el control efectivo de uno o varios podere públicos y amparado en una cultura política presidencialista, hipertrofiada y concentradora del poder, decide bloquear toda vía electoral de alternancia, la situación adquiere una gravedad aún mayor. La separación de poderes, concebida en la tradición liberal clásica y desarrollada para evitar la concentración del poder político, tiene precisamente la finalidad de impedir que este quede concentrado en una sola instancia y de evitar que la voluntad de una persona se confunda con la voluntad del Estado.
Si incluso las salidas negociadas, basadas en acuerdos entre actores relevantes de la vida pública y orientadas a la estabilización de la sociedad, son sistemáticamente obstaculizadas por quien gobierna, entonces este deja de actuar como un gobernante sujeto a límites institucionales y se convierte, de hecho, en un autócrata.
Como puede apreciarse, la conclusión del razonamiento es la misma en cualquiera de los escenarios considerados. Ya sea por maldad deliberada, por incompetencia persistente, por incapacidad para controlar la administración que dirige o por la obstrucción sistemática de los mecanismos de alternancia política, la obligación moral del gobernante es abandonar el poder mediante los procedimientos institucionales previstos para ello.
Nota. Este texto fue escrito originalmente en 2016. Prescinde deliberadamente referencias empíricas concretas y fue concebido como un brevísimo ejercicio de filosofía política. Se ofrece aquí, con ligeras correcciones de estilo, en el mismo espíritu en que fue redactado entonces.
