José Aranguibel: ¿Cómo se llega a la Contraloría en Caracas?

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“En materia de corrupción no hay concesión con nadie. No hay pero ni un milímetro atrás. Vamos a luchar sin clemencia, sin descanso, cueste lo que cueste, contra ese vicio que se regó por todas partes como un cáncer por todo el cuerpo de la nación”. Hugo Chávez Frías

Un potazo, un casa a casa o una vaca colectiva me propongo organizar de manera de reunir los churupos necesarios para que zulianos y zulianos nos vayamos a Caracas a buscar al contralor general de la República, Elvis Hidrobo Amoros, a pedirle y exigirle si va a haber o no resultados de la investigación que debe abrir ante el rosario de denuncias formuladas por la Gobernación del Zulia, sobre el destino de los dineros y bienes públicos que en teoría le tocó administrar y resguardar al exgobernador Omar Prieto Fernàndez, —durante cuatro años—, porque lo indagado por la nueva administración es que en un 80 por ciento no hay una pista administrativa, información contable, convenios firmados, soportes de ningún tipo, ni facturas dejadas en gavetas o menos motores y cauchos en vehículos y otros desaguisados descubiertos por los ahora inquilinos del palacio de Los Cóndores, por cierto, edificación centenaria, también con la Residencia Oficial, encontradas en condiciones muy similares de deterioro y destrucción a otras dependencias que ni puertas les dejaron.

Asombroso, increíble y digno de llevar el caso al libro de los Récords Guinness, en las dependencias de la Gobernación del Zulia lo que pasó fue algo parecido a uno de esos huracanes del Caribe que en su recorrido arrasan todo y no dejan estructura de pie cuando de lo que se trata es que son dineros y bienes públicos que por lo visto fueron administrados como si se tratara de una pulpería y no de la primera Gobernación de Venezuela dónde, —aunque usted no lo crea—, sólo 14 vehículos de una flota nada proporcional a sus dependencias fue lo que dejaron “legalmente” los anteriores “protectores” de los dineros públicos.


En su momento, —algo más de dos semanas atrás—, le correspondió al secretario de Gobierno, José Luis Alcalá Rhode, consignarle al propio contralor general del estado Zulia, Jeffry Leal Jiménez, los recaudos después de una minuciosa investigación en secretarías, despachos, organismos, galpones, talleres, bancos, estacionamientos, comandos policiales y hasta cuanta dependencia involucre dineros y bienes públicos propiedad de la Gobernación del Zulia. Lo que faltó fue buscar y revisar hasta debajo de las piedras.
Alcalá Rhode, formado en las leyes y conocedor del detalle mínimo jurídico, según el documento entregado, dijo que aun cuando el gobernador Manuel Rosales no cumple con una gestión anual que evaluar, —ganó las elecciones el 21N— “consideró necesario informar a la colectividad el estado en el que fue encontrada la Gobernación del estado Zulia”.

Es bueno escribirle al maestro Wilfrido Vargas o abrir un concurso entre poetas, escritores y gaiteros informándoles que tienen mucho, muchísimo y demasiado material para inspirarse y regalarnos piezas musicales que no dejen pasar ni permitan olvidar el choreo, desmantelamiento, robo y saqueo por lo desaparecido, y no encontrado, —mayor a lo ubicado en dineros y bienes físicos— por lo que la actuación de la Contraloría General de la República es impostergable. El contralor Elvis Hidrobo Amoros que eche una miradita al mapa venezolano y busque dónde queda el estado Zulia y envíe a sus funcionarios para que demuestren para qué son buenos y no dejen impune, ni permitan que más de uno por estas calles de Dios, ande ya montado en pretender que le echen tierrita a uno de los peores casos de mal manejo administrativo y de “extravío” de bienes públicos que deja en pañales a otros muy criticados casos en el discurso político de la Revolución Bonita de gobiernos adecos o copeyanos.

El informe, entregado además al Consejo Legislativo, es demoledor cuando afirma que “de igual manera a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado Zulia se pudo conocer que el sistema de contabilidad de la Gobernación fue deshabilitado, impidiendo el acceso a la información administrativa y financiera del estado. Tampoco fueron recibidos los informes y documentos correspodientes al ejercicio fiscal de 2021. “Adicionalmente no se presentó ante el Consejo Legislativo el anteproyecto de la Ley de Presupuesto 2022 para su debida aprobación, lo cual obligó a la recondución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022”.


En lo que respecta a la nómina actual del Ejecutivo regional, el informe detalla que “el sistema de Recursos Humanos también fue deshabilitado, lo cual impide el acceso a la documentación y/o registros que validen y soporten los trámites y pagos realizados a 55 mil trabajadores entre contratados, empleados, obreros y jubilados”. Asimismo la exposición amplía que una considerable cantidad de inmuebles de “la Gobernación fueron cedidos a otras entidades, entre ellos, el edificio Banco Federal, propiedad de la Gobernación, donde funcionaban varias dependencias del Ejecutivo regional. La infraestructura y condiciones del Palacio de Gobierno son deplorables. Únicamente encontramos y en precarias condiciones el Despacho del Gobernador y dos salones de reuniones. En lo que respecta al parque automotor, hasta el momento, solo figuran 14 vehículos hallados en condiciones deplorables”.

En pocas, pero en sustentadas palabras leídas en el informe, uno intuye que no ha sido ninguna papayita nada fácil enderezar tantísimos entuertos juntos, verdadero desorden revolucionario, alejado y nada cercano, hoy gracias a Dios, a aquel eslogan que le ofertó en 2017 a hombres y mujeres de esta tierra un “Futuro Seguro”, pero menos mal que los cuatro años extensibles que pedía el aspirante a la reelección no encontró eco en el electorado, porque a lo mejor en cuatro años más el palacio de Los Cóndores o se hubiera derrumbado o tendría otro dueño y no precisamente continuaría siendo sede del Gobierno del Zulia. Que decir de escuelas, grandes hospitales, ambulatorios, unidades, comandos policiales y hasta de los desteñidos uniformes y zapatos rotos de tanto caminar de los oficiales de policía que, a usted amigo lector como a mi, seguro nos recuerdan la canción del brasileño Roberto Carlos.


El documento señala que la mayoría de las escuelas “están en completo abandono, sin dotación de pupitres, sin salas sanitarias aptas y sin servicios básicos”, y así es la misma fotografía de la desidia presente al echarle una mirada al estado físico de la “mayoría de hospitales y ambulatorios, los cuales fueron hallados sin el debido mantenimiento, equipamiento e insumos, imposibilitando la prestación de asistencia médica digna a los zulianos”.


Cerrando otra verdad revelada, aunque conocida a voces, “el Programa de Becas Jesús Enrique Lossada y los programas sociales de la Gobernación presentan una serie de irregularidades. No hay ningún tipo de soporte legal y administrativo como contratos. En el caso de las Becas JEL no existe relación de becados, ni relación o convenios entre la Gobernación y las instituciones educativas, las cuales han manifestado una deuda multimillonaria por parte de la gestión saliente, sin ésta haber previsto la disponibilidad financiera y presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021”.


En materia de seguridad y orden público dice el documento que “estamos realizando la revisión pertinente de los oficiales adscritos a la Policía Regional. Nómina que asciende a 5 mil 119 oficiales activos y 2 mil 803 jubilados”. Por eso bastante trabajo tiene la Contraloría General de la República para determinar dónde fueron “gastados” o a parar los dineros públicos, porque lo cierto es que inversión en suministros, mantenimiento y obras de beneficio social no existió en cuatro años. Usted, amigo lector, saque su conclusión que ya tengo la mía.

José Aranguibel Carrasco