La estrategia de los hermanos Rodríguez se centra en la dilatación del calendario electoral. Al ignorar la Ley de Amnistía y mantener a más de 500 presos políticos, el régimen interino parece estar utilizando las mesas de negociación como un mecanismo para ganar tiempo y desgastar tanto a la oposición interna, liderada por María Corina Machado, como la presión internacional.
El objetivo final sería extender su permanencia en el Palacio de Miraflores hasta el año 2030, desvirtuando la esencia de la transición democrática por una estabilidad controlada y sin sufragio libre.
A pesar de la retórica de «paz y convivencia», la realidad geopolítica muestra una desconexión entre la agenda de Washington —que busca resultados concretos tras la captura de Maduro— y la del Ejecutivo venezolano, que apuesta por factores externos (como la crisis en el Estrecho de Ormuz y la volatilidad del petróleo) para aliviar la presión.
Si se permite que el «rodrigato» consolide su control sobre activos públicos y alinee a los gremios económicos sin pasar por las urnas en 2026 o 2027, la ventana de oportunidad para una verdadera transición democrática podría cerrarse definitivamente, dejando al país bajo una «marca renovada» del chavismo.
La administración de Trump ha intentado avanzar en su estrategia de una transición tras la captura de Maduro, pese al estancamiento y la burla demostrada recientemente por la tan aplaudida Delcy en temas como el irrespeto a la Ley de Amnistía y el no acatamiento de la liberación de 500 presos políticos.
Los hermanos Rodríguez ya han demostrado en numerosas oportunidades que no están dispuestos a aplicar la receta de cambios profundos en el protectorado acordado con Washington, oa medirse electoralmente en el 2026 ó 2027.
La crisis en Ormuz facilitó el primer quiebre con Trump sin mayores consecuencias para el interinato venezolano. En este escenario, la eliminación de sanciones y la entrega de embajadas y negocios abre espacio para que el “rodrigato” busque consolidarse y legitimarse en sus propios términos hasta el 2030.
Se sentarán cientos de veces pero solo para dilatar el proceso esperado por la mayoría de los venezolanos.
Es un deja-vú ya experimentado hasta el cansancio. Esto demuestra que los criminales políticos solo entienden el lenguaje del pasado 3 de enero.
