Si bien las policías política y militar en cualquier parte del mundo tienen su aparataje interno para espiar, en Venezuela han creado, en paralelo, redes de “patriotas cooperantes”, protocolos de delaciones, un “ecosistema de espionaje digital”, han aprobado leyes para justificar la acción violenta contra la disidencia y en 2024 destinaron 927 millones de dólares en estas labores, denunció la Embajada de EEUU en Venezuela . Los trabajos de espionaje se extienden a América Latina, Estados Unidos y Europa
Por naturaleza, las dictaduras recurren a la violencia, a las armas, al miedo, a la intimidación y al control social y político para mantenerse en el poder.
Las estructuras del Estado son usadas contra la disidencia y, para ello, instalan salas de espionajes que les permita detectar cualquier plan que los saque del gobierno.
En Venezuela, el chavismo ejecuta estas labores a través del Sebin y la DGCIM, que cuentan con recursos, personal y una red de espías que se extienden incluso fuera de la frontera, cuyos trabajos se han visto en Colombia con la entrega de militares y policías críticos, por parte de la guerrilla; y en Chile, se evidenció con el asesinato del primer teniente, Ronald Ojeda.
A lo interno, han levantado la figura del “patriota cooperante” que, por órdenes del Sebin y de la DGCIM, siguen a dirigentes de la oposición, e incluso a integrantes de partidos de izquierda que expresan posiciones críticas.
¿Pruebas?
En 2017, el Ministerio de la Defensa mandó a las Regiones de Defensa Integral (REDI) que captaran a partidarios del chavismo y los convirtieran en “proveedores de información” y que pertenecieran al Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI), como consta en el radiograma No.52-03390000-0000-0137, de fecha 22 de marzo de ese año.
“A mi hija le ofrecieron de todo; carros, casas y hasta dólares para que se filtrara en la oposición en 2019. Ella aceptó porque se trataba de ‘ganar en dólares’ y también por su poca formación política. Nació y creció en el chavismo, así que no tenía otra referencia o modelo. Ella vigilaba a María Corina (Machado) y nos contaba que, a diferencia de otros, era directa, no aceptaba manipulaciones. Vio mucha suciedad, peleas internas y así lo decía a su coordinador. Un día se dio cuenta del error que cometía y se salió. Meses más tarde huyó de Caracas porque temía por su vida ya que se negó a seguir en ese trabajo”, relató la madre de la joven que, para la fecha, tenía 17 años y se había mudado a Caracas para estudiar en la universidad.
Por seguridad, se resguardan los nombres pues lo importante de lo señalado es el perfil que buscan el Sebin y el DGCIM: Menores de edad; sin criterio político; moldeables; pero también a otros que encajen en el perfil, como miembros del PSUV, de las comunas y de la Milicia Nacional, sin importar su edad, sino la vulnerabilidad socio-económico con la cual pueden usarlos, describe un ex policía.
“Ecosistema de espionaje digital”
“Los ojos y oídos del régimen” operan también desde las sedes de Cantv, empresa estatal de telecomunicaciones, de Movilnet, telefonía celular, y de las órdenes que dan a empresas privadas de celulares.
En una investigación, publicada el 10 de mayo acá en Código Latino-EEUU, se informó de las directrices dadas por Maduro a Movilnet para que “pinchara” las comunicaciones de 250.000 clientes, en su mayoría miembros de la FANB, PNB y dirigentes de la oposición y del oficialismo, dada la desconfianza que sienten Nicolás Maduro y Diosdado Cabello hacia su propio entorno.
El 5 de agosto, la ong de periodistas La Hora de Venezuela (LHV) publicó un expediente, con datos de IPYS Venezuela, VeSinFiltro y Freedom House, en el cual exponen cómo se efectúa el espionaje digital directo, sostenido y hasta ilegal por el gobierno.
El ecosistema de espionaje digital -revelan- consta de intercepciones o intervenciones a gran escala de comunicaciones, e incluyen llamadas, mensajes SMS, geolocalización e incluso tráfico de Internet; el uso de aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento, monitoreo constante de redes sociales y acceso forzado a dispositivos móviles
“Todo sin garantías plenas de control judicial, son usadas por el Estado venezolano para vigilar a la disidencia en el país”, denunció la ong.
En 2021, Telefónica reveló que más de 1,5 millones de sus líneas fueron interceptadas en Venezuela. 20% de sus usuarios en el país. Es decir, 81% de las intervenciones telefónicas reportadas por la compañía en los 12 países donde opera. Otras operadoras, como Digitel y Movilnet, no dan información, lo que indica una opacidad sobre el alcance del espionaje, señaló LHV.
“Aplicaciones estatales, como VenApp, presentada como app ciudadana para reportar fallas, han evolucionado hasta convertirse en plataformas que permiten identificar opositores, monitorear movilizaciones sociales e incluso generar denuncias anónimas contra ciudadanos. Luego de las elecciones de 2024, esta app fue empleada para mapear “guarimbas” y recoger datos personales de manifestantes”.
Desde 2013, agregan, el régimen institucionalizó el monitoreo de redes con la creación del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), como lo corroboró el caso de Nelson Piñero, detenido por escribir sus comentarios en la cuenta X.
Las publicaciones digitales son rastreadas por el Sebin para justificar imputaciones por “incitación al odio”.
ElDato1: El régimen ha legislado para dar soporte a la persecución y al espionaje: La Ley de Delitos Informáticos, la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y resoluciones ministeriales apuntan a generar miedo y sentenciar a la disidencia.
Peleas en las nubes
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que, tras las elecciones presidenciales de 2024, la policía hizo registros arbitrarios de teléfonos móviles en busca de vínculos con la oposición en protestas o retenes policiales, sin orden judicial. Mediante dispositivos, como Cellebrite, extraen el contenido de teléfonos incautados, incluyendo fotos, mensajes y datos de aplicaciones.
Armando.Info documentó el uso de antenas IMSI Catchers, que simulan torres de telefonía, en la intercepción de comunicaciones en zonas urbanas y estratégicas.
En Miraflores saben, por informes de la FANB, que en el país existe una “resistencia silenciosa”, un alto rechazo popular que se manifestó el 28 de julio de 2024 con la elección de Edmundo González como Presidente Constitucional y la abstención durante los comicios regionales y municipales de 2025. Por ello, no sólo tienen la red de inteligencia y contrainteligencia, sino que crean nuevas figuras, como la “Dirección de Ciberseguridad y Defensa de la GNB”, anunciada por Maduro en el acto por el aniversario del componente mencionado, para conocer los pasos de la sociedad civil.
La idea, sin embargo, no es nueva. En 2017, el G/J, Vladimir Padrino López giró instrucciones a la cadena de mando para que instalarán la “Sala Situacional de Ciberdefensa”, en la sede del Ministerio de la Defensa, en Fuerte Tiuna, Caracas, que opera 24/7.
Los equipos han sido aportados por China, Rusia e Irán. Los comandantes de las Redi plantearon instalar el Tweetdeck, un sistema que puede vigilar hasta 350 cuentas de X (antes Twitter) en tiempo real, así como que se lograra la capacitación nacional e internacional con “paìses aliados”; que se incorporara la ciberseguridad como materia en la Universidad Militar Bolivariana; y que se instalara dispositivos biométricos en los accesos a lugares estratègicos.
ElDato2: La Ciberdefensa-FANB se centrará en hacer seguimiento a campañas de descrédito en contra de militares; cambios de militares, cambios de dirigentes políticos; paramilitarismo; declaraciones de organismos o Estado en contra de Venezuela; información que pueda crear crisis o descontento a escala nacional; eventos poco comunes en la nación; hechos de violencia de gran magnitud que involucren un municipio (saqueos, guarimbas, protestas) y declaraciones de principales dirigentes políticos (internacionales) en contra del gobierno”, entre otros. (Radiograma N.° 52-03390000-0000-0137). https://cronica.uno/fanb-constituira-comando-contraataques-ciberneticos-iii/
En 2019, se activó la Directriz del Protocolo de la Ciberseguridad, según el radiograma No.4103-0392-22-8-2019. El referido Protocolo No.50-23-01/010-2017 contempla 11 actos para su puesta en ejecución. En ese año, Padrino López ordenó construir una red de informantes bajo el argumento de que el país estaba amenazado por el “imperio”.
Un dato interesante es que la embajada de EEUU en Venezuela informó -el 8 de agosto de 2025- que el chavismo gastó 927 millones de dólares en inteligencia militar: ¿Razón?: «Vigilar a su propio pueblo, pero sólo 18 millones de dólares para alimentar a 5 millones de estudiantes. Eso equivale a 3,49 dólares por año. ¿Qué impulsa al futuro?».
Estados Unidos confirma pues la existencia de la plataforma de «el cartel de los sapos» o espías.
Red internacional de “sapos”
Por instrucciones del G-2 de Cuba, el régimen, no sólo usa las embajadas como recolectora de información, sino que ha distribuido a adeptos por diversos países.
El abogado William Jimenez alertó sobre la existencia de una “red de patriotas cooperantes”, ubicada en naciones claves para el chavismo por sus posturas críticas, que ha sido bautizada como la “red internacional de sapos”.
“En Estados Unidos, por ejemplo, está la teniente asimilada Carolina Drager quien, primero estuvo en Chile, luego a Ecuador y de allí a territorio norteamericano. Busca asilo político, pese a su apoyo al gobierno de Maduro. En España, está el ex policía de Aragua, Ricardo Sànchez, quien tiene el grupo Operación 2020 para filtrar a la oposición y entregarla. Y, en Venezuela, opera Henry Font, concretamente en San Antonio del Táchira, que se mete en grupos políticos para denunciarlos”, afirmó Jiménez con la esperanza de que las autoridades de esos países actúen y eviten que estas personas sigan haciendo daños a la causa de la libertad en Venezuela.
Hernán Lugo Galicía / Código Latino
