Al presidente de Colombia, Gustavo Petro, un ex guerrillero del desaparecido M-19, el tiempo lo obligó a quitarse la careta de demócrata y mostrar sus verdaderos dientes e intereses.
Sí, el tiempo se encargo de mostrar su verdadero rostro. Para quienes conocen su prontuario criminal, corrupto y su historial de ineptitud en la función pública, lo que ha hecho y lo que está haciendo no es sorpresivo; desde sus días como guerrillero mostraba sus terribles conflictos personales, su desorden emocional, sus inclinaciones por los vicios que sus íntimos saben que son veraces, pero que el poder se ha encargado de olvidar u ocultar.
Como todo comunista se ha envuelto en las banderas del progresismo, tergiversando sus nobles principios, pero que para él y sus colegas iberoamericanos es parte de la manipulación y destrucción de instituciones y valores. Los ataques inclementes a la gestión del ex presidente, Iván Duque (2018-2022), utilizando la violencia y la mentira, sin respetar incluso el período de la pandemia Covid-19, evidencia de lo que es capaz.
Pero el tiempo se encargó de desnudar los verdaderos objetivos y demostró su carácter destructivo, gestado en la guerrilla y que nunca fue superado. Su resentimiento social se ha expresado sin ningún tipo de escrúpulo, lo preocupante no son sus escándalos de corrupción, crímenes, la destrucción causada, el daño de la violencia al país y el impacto de sus arbitrarias decisiones que afectan a los sectores más necesitados, sino la incapacidad de respuesta de la sociedad civil (empresarios, gremios profesionales, comunidades vulneradas) y sus instituciones vulneradas por los intereses personales de quienes deberían protegerlas.
Esa incapacidad de respuesta no solo ocurre en Colombia, es uno de los factores que afecta a la democracia liberal del mundo. La violación a las leyes, la mentira como política de Estado y de la sociedad, y la profundización de la desigualdad, sucede en los países desarrollados y los menos avanzados. El ejercicio ciudadano es limitado y en algunos momentos, como ocurrieron con los violentos hechos liderados con Petro durante la gestión de Iván Duque, es manipulado por grupos que luego lo canalizan para llegar al poder; igualmente son permisivos en el uso de los recursos que, por ejemplo, ingresan por la vía fiscal y son usados de manera fraudulenta.
El petrismo ha logrado robarse las banderas del progresismo en Colombia, aclarando que esta aspiración sublime no es de su propiedad de la izquierda, usando la violencia logró que los colombianos compraran su oferta política, tampoco las masas enceguecidas no alcanzaron a ver que ya su experiencia en la Alcaldía de Bogotá estuvo impregnada de ineficiencia y la corrupción ( se les olvidó el escándalo del servicio de aseo y el video de la entrega del dinero) y mentira.
Ahora con las redes, la mentira, las falsas acusaciones y las condenas públicas, corren por las distintas aplicaciones, sin que nadie ni institución alguna lo condenen. El mal ejemplo como persona, tal como ocurre con todos los gobiernos llamados de izquierda, han deteriorado la moral pública y el respeto de los representantes de la nación.
Con la llegada de Petro al poder se construyó la creencia que iba a suceder lo mismo que Venezuela, pero existen diferencias entre ambas realidades, Colombia es un país violento históricamente, nunca ha vivido en paz; tiene una institucionalidad sólida (a pesar de los escándalos recientes de corrupción con senadores y representantes), la riqueza no la tiene el Estado sino el sector privado que genera impuestos y empleos; aquí matan; y finalmente las élites que han controlado históricamente el poder son fuertes y preparadas académicamente.
Precisamente esa violencia ha generado frustración, traumas sociales que no han sido superado y la desconfianza. Igualmente la desigualdad y la exclusión social son fuertes, aunque en las últimas décadas la calidad de vida ha mejorado y los índices de pobreza han disminuido. Pero el factor desconfianza sigue rigiendo las relaciones de la sociedad y eso dificulta que Colombia aproveche más sus potencialidades humanas y naturales.
Petro ha interpretado los males sociales, ha explotado su resentimiento, la ha combinado con la violencia para llegar al poder. Su llegada a la Casa de Nariño es producto del financiamiento de importantes grupos de poder, especialmente de la costa, al igual que de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cabecillas de ambos grupos lo dijeron públicamente, pero si en la Alcaldía de Bogotá su gestión fue inepta, administrar el país resultó peor.
Desde su llegada, el objetivo fue asaltar los reductos con recursos y potenciales clientes políticos (EPS por ejemplo). Igualmente, los resultados que hoy muestra la gestión Petro son refutables, el empleo que se ha generado es burocrático e improductivo en su mayoría, eso incrementa el gasto público y muestra un crecimiento de la demanda, pero la inversión disminuyó.
Su afán por adelantar los impuestos eliminando el techo fiscal, lo han advertido los analistas, es una apuesta por el desastre, eso importa poco para Petro porque el objetivo es mantenerse en el poder, ganando las elecciones de 2026, y eso implica comprar conciencias utilizando las finanzas públicas, aumentando la burocracia y otorgando bonos a los clientes políticos que no resuelven la pobreza pero generan votos.
La política de comunicaciones de la gestión Petro busca crear el caos informativo, utilizando las redes sociales, divulgando mentiras, ofendiendo, acusando sin fundamento, sabe que los medios que deben investigar y profundizar le hacen el juego, divulgando lo que ellos quieren. Nadie lo acusa, solo afianzan el rol “soy el presidente y listo”. Sus problemas de drogadicción y alcoholismo, sus groserías e insultos, son manejados a la ligera, sin dimensionar sus implicaciones.
En 2025 pasó su etapa de simples amenazas. El intento de asesinato de Miguel Uribe y los entre telones que ocultan a los autores intelectuales es una advertencia para la oposición, igual ocurre con el plan para atentar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La forma como el gobierno Petro ha manejado ambos casos son complementados con la reciente fuga de otro delincuente menor de edad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La presión contra la oposición aumentó con la llegada del ex fiscal general de la república, Luis Eduardo Montealegre, un polémico personaje que ha estado con Álvaro Uribe, Juan Manuel Santo y ahora con Petro. Es pieza clave en la contradictoria sentencia contra el expresidente Uribe, se sospecha del trabajo conjunto con la cuestionada fiscal general impuesta por el mandatario, Luz Adriana Camargo (2024), que actualmente tiene una orden de detención solicitada por las autoridades de Guatemala. Otro de los inculpados en la persecución es J.M. Santo, el objetivo neutralizar políticamente al ex mandatario.
Petro tiene que neutralizar a Uribe porque este recorre el país con miras a las elecciones de 2026 y es el enemigo a vencer para los izquierdistas de Colombia y el continente. Los ataques a la oposición son vitales para reducir sus posibilidades en las elecciones de 2026, ese es el mensaje del atentado a Miguel Uribe, el complot contra el Alcalde de Bogotá y la detención e inhabilitación del ex presidente Uribe.
El acierto del ajedrez político de la izquierda colombiana se expresa en los avances en el caos que vive la sociedad, las instituciones y las regiones con cultivo de coca controlados por las guerrillas aliadas de Perro. Su corrupción va viento en popa, pues ni su hijo, Nicolás Petro, acusado en el escándalo del financiamiento ilegal de la campaña de su padre, ni la ficha de Armando Benedetti, otro drogadicto confeso, Laura Sarabia, ni todos los escándalos en ministerios, Ecopetrol, y otros organismos estatales, tienen sanción alguna, gracias a su influencia, la compra de conciencias, las redes sociales y el control sobre el poder judicial. A esto se une la pasividad de la sociedad civil, el sector académico y los empresarios que son incapaces de hacer valer sus derechos.
@hdelgado10
