Con 217 votos a favor y 46 en contra la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó con apoyo bipartidista el proyecto de ley Laken Riley, nombrado así por la joven que fue asesinada en Athens, Georgia, en febrero de 2022, por un inmigrante que cruzó la frontera. Ahora falta la firma del presidente Donald Trump para su promulgación.
El proyecto comienza con esta frase, en inglés: “Un proyecto de ley para requerir al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que tome custodia de los extranjeros que han sido acusados en los Estados Unidos por robo, y para otros propósitos”.
El proyecto plantea que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe solicitar la custodia (issue a detainer) de de cualquier extranjero que haya entrado sin autorización en el país y que enfrente cargos o haya sido arrestado o condenado por robo, hurto, atraco o shoplifting (hurto en una tienda), entre otros delitos.
También incluye a quienes sean acusados de agredir a un funcionario policial y a quienes cometan “cualquier crimen que resulte en la muerte o lesiones corporales graves de otra persona”. Estos detainers son emitidos por ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), que forma parte de DHS.
Extranjero “inadmisible” es, bajo la ley federal, “cualquier persona que haya entrado al país sin autorización”, explicó a Factchequeado Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de políticas públicas del think-tank no partidista Migration Policy Institute.
Por ello, añadió Bush-Joseph, esto aplica también a aquellos que gocen de protecciones ante la deportación como DACA, ya que ese beneficio “no cambia cómo la persona entró a los Estados Unidos”.
Adriel Orozco, abogado y analista senior de asuntos migratorios de la organización sin fines de lucro no partidista American Immigration Council, dijo a Factchequeado que el proyecto de ley también obliga a que ICE solicite la custodia de personas arrestadas que no hayan sido acusadas formalmente de un delito.
Orozco nos dio un ejemplo: “Imagina que una madre soltera roba unos pañales o fórmula para sus hijos. Fue un crimen de necesidad y las autoridades decidieron no presentarle cargos porque lo que robó tenía un valor de $40. Al final del día, bajo este proyecto, ICE tendría que solicitar su detención si esa madre está indocumentada y entró al país sin permiso”.
El proyecto de ley Laken Riley plantea que “si el extranjero no es detenido por funcionarios federales, estatales, o locales”, el secretario de DHS “debe efectiva y expeditamente tomar bajo custodia” a dicho extranjero.
Bush-Joseph explicó que actualmente, como ICE tiene una cantidad limitada de recursos y de funcionarios, la agencia elige cómo administrarlos. Sin embargo, añadió Bush-Joseph, “lo que este proyecto hace es quitarle a ICE la habilidad de tomar esas decisiones sobre cómo usar esos recursos” porque obliga a la agencia a detener a ciertos extranjeros.
ICE indicó en una carta enviada al Congreso en diciembre de 2024 que, para poder hacer cumplir este proyecto, la agencia necesitaría un presupuesto adicional de 14,800 millones de dólares para personal y equipo táctico y 3,200 millones para las 64,000 camas adicionales que ICE afirma que necesitaría porque, según la estimación de la agencia, más de 60,000 no ciudadanos entrarían dentro de los parámetros de detención establecidos en el proyecto de ley Laken Riley.
ICE advirtió en la carta que, sin camas adicionales en sus centros de detención, se vería obligado a liberar a extranjeros que están actualmente tras las rejas para abrir espacio a quienes deben ser tomados bajo custodia por obligación bajo este proyecto.
El presupuesto anual de ICE es de aproximadamente 9,000 millones de dólares. En otras palabras, la agencia estima que necesita un aumento aproximado del 200% de su presupuesto para poder cumplir con lo establecido en el proyecto.
Más poder para los fiscales estatales en temas migratorios
El proyecto plantea permitir que los fiscales generales de los estados puedan presentar demandas ante el gobierno federal en caso de que un extranjero que entre en la categoría de “no admisible” cometa algún acto que “perjudique” a los residentes de ese estado, “incluyendo un daño financiero que sobrepase los $100”.
Los estados, si se aprueba esta propuesta de ley, podrían exigir en Cortes federales al gobierno federal que se suspenda la emisión de visas a nacionales de un país que no esté aceptado repatriaciones de sus connacionales.
Orozco, en este punto, nos dijo que el proyecto abre las puertas para que, por ejemplo, el fiscal general de Texas afirme en Corte que Estados Unidos debe dejar de emitir visas a ciudadanos venezolanos, porque una persona de ese país perjudicó a sus residentes y la dictadura venezolana no está aceptando repatriaciones desde Estados Unidos.
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