Las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos, respaldadas por un consenso bipartidista en Washington, que incluyen la aprobación de la Ley BOLÍVAR, el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y la emisión de nuevas sanciones contra funcionarios del régimen, permiten anticipar una política exterior norteamericana más severa hacia Nicolás Maduro a partir del 20 de enero de 2025, fecha en la cual asume Donald Trump la presidencia.
Ley BOLÍVAR
El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley BOLÍVAR, un acrónimo en inglés de «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario e Ilegítimo de Venezuela». Esta ley refuerza el régimen de sanciones sobre Venezuela, al prohibir que cualquier agencia ejecutiva celebre contratos para la adquisición de bienes o servicios con personas o entidades que, con el aval del Departamento de Estado, se determine que participan deliberadamente en operaciones comerciales significativas con el régimen de Maduro.
La ley BOLIVAR entrará en vigor una vez sea sancionada por el Senado y promulgada por el Ejecutivo. Sin embargo, se da por sentado su aprobación, ya que cuenta con el apoyo tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Esto refleja que, más allá de las divisiones ideológicas, existe un consenso bipartidista en el Congreso de Estados Unidos sobre la importancia de aumentar la presión política y económica sobre el gobierno venezolano. Este apoyo bipartidista aumenta la probabilidad de una implementación efectiva de la ley.
Reconocimiento de Edmundo González como «presidente electo”
A esta iniciativa de los legisladores estadounidenses contra el régimen de Maduro se sumó, al día siguiente, martes 19 de noviembre, la decisión de la administración Biden de reconocer por vez primera a Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición, como el «presidente electo” de Venezuela.
Días más tarde, el 26 de noviembre, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 —Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos— reconocieron la victoria de González en las elecciones presidenciales venezolanas y expresaron su intención de seguir apoyando los esfuerzos de las organizaciones regionales para facilitar una «transición democrática” en Venezuela.
Nuevas sanciones contra de funcionarios del régimen
Al día siguiente del pronunciamiento del G7, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 funcionarios venezolanos, incluidos miembros de los cuerpos de seguridad y del gabinete alineados con Nicolás Maduro. Según el Departamento del Tesoro, estos altos funcionarios «han apoyado y ejecutado las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”. Estas medidas ejercen presión directa sobre pilares clave del poder de Maduro, como las fuerzas de seguridad y el aparato judicial, y tienen como objetivo fomentar fracturas internas dentro del régimen.
Para la reconocida internacionalista venezolana Elsa Cardozo, estas decisiones de política internacional tomadas por Biden al final de su mandato pueden interpretarse también como «un tema de política nacional, orientado a dejar una huella demócrata en la política exterior estadounidense y a proyectar una imagen de disposición para actuar de manera asertiva en el ámbito internacional”. Agrega Cardozo que, respecto al caso venezolano, también prevalece en ellas «el ánimo de cumplir con los compromisos asumidos frente a la oposición democrática respecto a ir aumentando la presión diplomática y política sobre el régimen de Maduro en la medida en que éste no diera muestras de iniciar un proceso de transición en el país, como ha sido evidente hasta ahora”.
Por ello, la internacionalista Cardozo no descarta que, si Maduro persiste en su intransigencia de mantenerse en el poder, la administración de Biden continúe intensificando y ampliando las sanciones personales a un círculo mucho más amplio de colaboradores del régimen. En este sentido, el comunicado del Departamento del Tesoro advierte que «hasta la fecha se han identificado a casi 2.000 personas sujetas a restricciones de visas por su papel en socavar la democracia, participar en actos de corrupción significativos o violar los derechos humanos del pueblo venezolano”. Además, cabe preguntarse si Biden, antes de entregarle la presidencia a Trump y en caso de que Maduro se juramente el 10 de enero, podría llegar a revocar la licencia otorgada a la petrolera Chevron, cuya producción ha proporcionado un alivio financiero al régimen venezolano.
En todo caso, este conjunto de decisiones tomadas durante las últimas semanas ha representado un significativo incremento en la presión política internacional ejercida por Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro, anticipando el escenario que inicialmente se esperaba para después del traspaso de poder en la Casa Blanca al presidente electo Donald Trump.
Trump y su equipo: hacia una política de máxima presión
Buena parte de las prospectivas que se han realizado sobre el futuro enfoque de política exterior que Donald Trump podría aplicar en sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro coinciden en señalar que probablemente se retorne a la política de «máxima presión» de su primer mandato.
Si bien durante la campaña electoral estadounidense no hubo suficientes referencias claras para anticipar con certeza la política exterior de Trump hacia Maduro, las nominaciones de Marco Rubio como Secretario de Estado, Carlos Trujillo como Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, y Mike Waltz como Asesor de Seguridad Nacional ofrecen indicios significativos al respecto.
Estos nominados han sostenido a lo largo del tiempo una postura de línea dura y abiertamente confrontacional hacia el régimen de Nicolás Maduro. Además, han sido firmes críticos de las dictaduras en América Latina y han abogado por medidas destinadas a contrarrestar la influencia de potencias como China, Rusia e Irán en Venezuela y en la región. Todo indica, al menos inicialmente, que la administración Trump incrementará la presión política, económica y diplomática sobre el régimen de Maduro, posiblemente a través de sanciones más severas y una mayor colaboración con aliados regionales para facilitar una transición democrática en Venezuela.
Sin embargo, la internacionalista Cardozo advierte que este probable escenario no es «excluyente ni contradictorio” con la posibilidad de recurrir a enfoques más transaccionales. Con el transcurso del tiempo, dependiendo de las circunstancias internacionales y del criterio de Trump, las políticas de la Casa Blanca podrían orientarse hacia soluciones prácticas y negociadas, en función de intereses inmediatos de Estados Unidos, como el tema migratorio o la autonomía energética. Es importante tener presente que Trump asume la presidencia con un amplio margen de maniobra tanto en el ámbito interno como externo, respaldado por mayorías republicanas en ambas Cámaras del Congreso y una Corte Suprema con mayoría de jueces conservadores.
Las respuestas del régimen de Maduro
En todo caso, los próximos meses auguran múltiples e importantes desafíos políticos, económicos y diplomáticos para Nicolás Maduro y sus pretensiones de mantenerse en el poder después del 10 de enero de 2025. Hasta ahora, su respuesta al incremento de la presión ejercida por Estados Unidos y la comunidad internacional para promover una transición democrática en el país ha sido intentar desviar la atención de la discusión sobre los resultados electorales de julio, intensificar la persecución y el control interno, reforzar los contactos internacionales con la red de autocracias que le han brindado apoyo y reconocimiento, como Cuba, Rusia, Irán, China y Nicaragua, y vender internacionalmente una supuesta «normalización del país», que busca legitimar su permanencia en el poder.
Ante el pronunciamiento del G7, el régimen de Maduro, mediante un comunicado fechado el 26 de noviembre, rechazó y acusó a las potencias firmantes de «injerencismo” y de actuar de forma «colonialista e imperialista”. Además, anunció que se revisarán de forma integral las relaciones de Venezuela con cada uno de los gobiernos que integran el grupo.
Igualmente, en respuesta a la inminente aprobación de la Ley BOLÍVAR por parte del Congreso de Estados Unidos, la Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves 28 la «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana”. Esta norma establece penas de entre 25 y 30 años de prisión, así como multas de hasta un millón de euros, para quienes promuevan o estén implicados, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y a las «autoridades» del Estado. Además, incluye la inhabilitación política por un período de 60 años para quienes incurran en estos «delitos”.
Otra medida tomada por el régimen ante la alta probabilidad de un aumento de las sanciones internacionales sectoriales por parte de Estados Unidos ha sido intensificar sus esfuerzos por estrechar aún más sus vínculos con potencias como China, Rusia e Irán, países que históricamente le han facilitado al régimen de Maduro apoyo subrepticio para evadir las sanciones financieras internacionales.
Aunque la nueva presidencia de Trump representa, en principio, un desafío significativo para el mantenimiento del régimen de Maduro, el desenlace favorable para la transición democrática del país depende en gran medida de que la oposición democrática venezolana mantenga la claridad de objetivos y el impulso combativo que ha demostrado en el último año, de modo que pueda capitalizar a su favor el respaldo proveniente de la comunidad internacional democrática.
Ramón Cardozo Álvarez/ DW
