A pocos días de cumplirse dos meses desde las elecciones presidenciales en Venezuela, el futuro político del país sigue siendo incierto. Las esperanzas de que los comicios sirvieran como una salida a la prolongada crisis política han chocado con las intenciones del régimen chavista de mantenerse en el poder «por las buenas o por las malas», como el propio Nicolás Maduro ha declarado públicamente.
Aunque es innegable que la resolución de la crisis política en Venezuela depende principalmente de los propios venezolanos, también es cierto que existe una marcada asimetría entre los actores involucrados. Por un lado, está una minoría no democrática que ostenta el poder, respaldada por las armas y la violencia; por otro, una mayoría desarmada que anhela un cambio político en el país. Esta disparidad dificulta significativamente el restablecimiento de la democracia en Venezuela sin el respaldo decidido de la comunidad internacional, cuyo apoyo es crucial para defender la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada de manera inequívoca en las urnas el pasado 28 de julio.
El mundo rechaza las pretensiones continuistas de Maduro
Para la experta en relaciones internacionales Elsa Cardozo, un hito significativo en el plano internacional respecto a la crisis venezolana, ha sido la consolidación de una postura mayoritaria en la comunidad internacional que rechaza de forma categórica la pretensión de Nicolás Maduro de renovar su mandato sin presentar pruebas fidedignas de respaldo electoral. La situación de aislamiento internacional en la que viene quedando el régimen venezolano marca un punto de inflexión que puede ser muy importante para las perspectivas de restauración democrática en Venezuela.
El rechazo global a las aspiraciones continuistas de Maduro ha sido casi unánime, salvo notables excepciones. Entre los países que han validado incondicionalmente los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la proclamación de Maduro, Cardozo identifica a potencias como China y Rusia, naciones del Medio Oriente como Irán, Siria y Catar y, un bloque de países latinoamericanos que incluye a Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras.
Cardozo subraya que, para cualquier gobierno democrático, independientemente de su orientación ideológica, resulta extremadamente difícil avalar la proclamación presidencial de Maduro, la cual se realizó sin ningún tipo de sustento, tal como lo evidenciaron en sus respectivos informes como observadores electorales, tanto el Centro Carter como el Panel de Expertos de la ONU.
En este sentido, Cardozo, cita los casos en América Latina de Brasil, Colombia, México y Chile, cuyos Gobiernos, a pesar de sus afinidades ideológicas con el régimen venezolano, se han visto imposibilitados de aceptar como válidos los resultados sin ningún tipo de respaldos emitidos por el CNE. A estos Gobiernos de izquierda o de centroizquierda, se les ha hecho imposible solidarizarse públicamente con un régimen como el de Maduro, que no respeta la soberanía popular, que viola los derechos humanos, el derecho de asilo y que no cumple los acuerdos que suscribe.
De allí que, a pesar del burdo intento del régimen de legitimar la proclamación de Maduro a través del sistema judicial venezolano, los Gobiernos de casi sesenta países de todos los continentes mantienen a la fecha su exigencia al CNE respecto a la publicación de las actas originales y la verificación imparcial e independiente de los resultados electorales. Estas demandas son respaldadas por la Unión Europea y el Consejo Permanente de la OEA.
Condena global por la intensificación de la represión en Venezuela
Otra área donde la comunidad internacional democrática ha alcanzado un consenso amplio, según Cardozo, es en la condena al régimen de Maduro por sus continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que continúan ocurriendo en Venezuela, y que se han agravado durante el periodo postelectoral.
Junto con la exigencia de la publicación de las actas electorales, la comunidad internacional ha demandado de forma reiterada el cese de la brutal represión gubernamental en contra la disidencia política venezolana. Estos reclamos son respaldados por 29 organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos en Venezuela, las cuales suscribieron un comunicado dirigido a la ONU, en el que denunciaron la intensificación de la represión estatal en el país, que ha dejado un saldo de más de 20 muertos, entre manifestantes y transeúntes, así como la detención arbitraria de más de 2.400 personas, incluidos 120 menores de edad, muchos de los cuales han sido acusados de «terrorismo» y otros cargos discrecionales.
Estas graves denuncias han sido igualmente confirmadas por la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela. En su informe más reciente, publicado el 9 de septiembre, la Misión de la ONU calificó esta ola represiva gubernamental como «una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente del país». Los expertos consideran que algunas de las violaciones documentadas, incluidas las detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, constituyen en su conjunto un «crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”.
Pérdida de confianza internacional en la eficacia de la mediación
Para la internacionalista Cardozo, el recrudecimiento de la política represiva del régimen de Maduro, aunado a su persistente negativa a publicar las actas electorales, ha llevado a una creciente y preocupante pérdida de confianza en la comunidad internacional respecto a la eficacia de las labores de mediación para resolver la crisis venezolana.
Aunque no se ha abandonado por completo la búsqueda de condiciones propicias para el diálogo, los infructuosos intentos de mediación por parte de líderes regionales como Lula da Silva y Gustavo Petro evidencian la escasa disposición de Maduro para alcanzar acuerdos que permitan avanzar hacia una solución de la crisis.
La experta internacionalista destaca que los recientes cambios en el gabinete gubernamental venezolano, en particular la designación de Diosdado Cabello al frente de la política de seguridad del Estado, constituyen una clara señal del atrincheramiento del régimen de Maduro en sus posiciones.
Estas acciones parecen tener como objetivo transmitir un aparente desinterés del régimen frente al creciente aislamiento internacional. En este contexto, Cardozo concluye que el régimen venezolano pretende comunicar a la comunidad internacional que solo está dispuesto a dialogar bajo la condición del reconocimiento incondicional de la proclamación de Maduro.
Pasar de las declaraciones a las acciones
A pesar del aparente atrincheramiento del régimen en sus posiciones y su supuesto desinterés ante el creciente aislamiento internacional, Cardozo considera que aún existe margen para presionar internacionalmente al régimen de Maduro y obligarlo a buscar acuerdos que permitan una solución pacífica a la crisis venezolana.
Cardozo argumenta que, aunque Maduro intenta proyectar una imagen de indiferencia frente al aislamiento, este lo afecta de manera significativa. Como ejemplo, señala el impasse con España: mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aboga por la ruptura de relaciones, la vicepresidenta Delcy Rodríguez mantiene reuniones con la empresa española Repsol para asegurar la continuidad de las relaciones comerciales.
A casi dos meses de las elecciones, la experta considera que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. «Es imperativo que los Gobiernos democráticos del mundo demuestren una clara disposición a concertar medidas concretas que afecten de manera directa y sensible los intereses del régimen de Maduro», afirma Cardozo.
En este sentido, Estados Unidos y Europa están avanzando, aunque de manera tímida. De una lista de más de 50 personas sancionables, solo se han impuesto sanciones a 16 funcionarios venezolanos, además de suspensiones de visas que han sido anunciadas de manera más generalizada. En América Latina, si bien algunos Gobiernos, como Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá han reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia, se hace necesario ir más allá, coordinando medidas concretas que ejerzan mayor presión sobre el régimen de Maduro. Como ejemplo, menciona que el Mercosur contempla medidas comerciales contra los atropellos a la democracia por parte de sus miembros.
Para Cardozo, un motivo de esperanza es que, en el plano internacional, más allá de la actuación de los gobiernos, importantes fuerzas políticas internas, como los parlamentos nacionales y supranacionales, están alzando la voz en la condena al régimen de Maduro y en la defensa del restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Los contundentes pronunciamientos de las Cortes Generales de España, del Congreso de Colombia, y del Parlamento Europeo, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, aunque no son vinculantes, representan una importante señal política que no puede ser ignorada por los gobiernos democráticos del mundo.
Ramón Cardozo Álvarez para DW
