La Corte Penal Internacional tomará nota del informe de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que confirmó la responsabilidad de autoridades del gobierno en crímenes de lesa humanidad, entre ellos Nicolás Maduro, opinan los expertos.
El reporte, sin embargo, no será “una verdad absoluta” para el Fiscal Karim Khan, advierten.
Maduro y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, son los máximos responsables de un “plan orquestado” para “reprimir a la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”, de acuerdo con el último informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre el país suramericano, revelado este martes.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, declaró la presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas.
Es la primera vez que Maduro y otras autoridades civiles y militares son expresamente señalados por un organismo multilateral como artífices de crímenes de lesa humanidad.
Mariano De Alba, asesor de la organización independiente para resolución de conflictos Crisis Group y experto en asuntos diplomáticos, opina que “es altamente probable” que las conclusiones de la ONU sean tomadas en cuenta por la Fiscalía de la CPI para su investigación sobre presuntos crímenes en Venezuela.
El abogado recuerda que el fiscal jefe Karim Khan investiga la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país suramericano desde finales de 2021 y que, de confirmarlos, debe cumplir su mandato de juzgar a los más altos responsables. Esa es una indagación que acaba de ser contestada por la ONU, señalando a Maduro, Cabello y otros.
De Alba aclara que el fiscal Khan no asumirá el informe de la ONU como “una verdad absoluta” por una razón elemental: el gobierno de Maduro impidió la entrada al país de la Misión y su reporte contiene fundamentalmente la perspectiva de las víctimas.
“La Fiscalía de la Corte es la mejor equipada para tratar de investigar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, especialmente si se concreta su presencia en territorio venezolano”, dijo De Alba.
Khan anunció en abril pasado la apertura de una oficina en Caracas para favorecer la cooperación con las autoridades y su asistencia técnica.
En manos de un tribunal
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional debe determinar en los próximos meses si estas indagaciones locales en el país suramericano se están concretando.
El experto considera que esa instancia decidirá antes de que finalice este año reanudar la investigación de Khan tras considerar que las autoridades venezolanas no están investigando ni adelantando procesos judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad.
De Alba remarca que la misión de la ONU opera con el estándar de prueba de “motivos razonables para creer” la comisión de delitos de lesa humanidad, mientras que la CPI hace lo propio con el lema de confirmarlos “más allá de toda duda razonable”.
Valora como insólito, eso sí, que se señale directamente a responsables del gobierno de Maduro, entre ellos al mismo presidente y a Cabello. Señala, sin embargo, que el informe “no determina responsabilidades individuales; eso solo puede hacerlo un tribunal”.
“Lo que hace, con base a una metodología internacionalmente reconocida, es resaltar que hay elementos fundados que llevan a creer que se cometerían crímenes y quiénes estuvieron involucrados”, destaca el especialista en conversación con la Voz de América.
Voz de América
