Cayó el dictador Maduro. El país estuvo en el limbo de la desinformación hasta que Trump realizó su rueda de prensa anunciada para las 11 am del día de ayer.
El presidente norteamericano reivindicó la operación militar y afirmó que todo el poder militar venezolano fue destruido. Pero el dato más importante gira obviamente en torno al futuro de Venezuela y la sucesión de Maduro en el poder.
Esta Venezuela post-Maduro no nace de una transición democrática clásica, sino de una operación de fuerza que deja al país en un limbo político inédito: un régimen decapitado, pero no desmantelado.
La captura de Nicolás Maduro no significó la caída automática del chavismo como estructura de poder, sino su reconfiguración interna bajo supervisión externa. En ese contexto, la designación de Delcy Rodríguez como presidenta temporal —avalada por el mismo TSJ que legitimó el fraude del 28 de julio— confirma que el objetivo inmediato no es la democracia, sino la administración del riesgo: evitar la guerra, el colapso estructural, contener la violencia y preservar los centros reales de control.
Este diseño de contención choca frontalmente con el anhelo democrático representado por María Corina Machado, quien encarna la legitimidad moral y electoral a través de su llave Edmundo González, pero carece del respaldo del aparato armado.
En paralelo, el silencio —cuando no la parálisis por cobardía— de las Fuerzas Armadas venezolanas revela una conducta marcada por el miedo, el cálculo económico y la preservación de negocios antes que por el deber histórico.
Este vacío abre un escenario peligroso: grupos paramilitares, colectivos armados y facciones irregulares podrían disputar espacios de poder, arrastrando al país a una espiral de violencia donde los principales perdedores serían, como siempre, los civiles inocentes.
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