La advertencia del presidente Donald Trump —“muy pronto comenzaremos a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra”— no es solo un mensaje militar: es un giro de la conversación hemisférica.
Tras más de 3 meses de operaciones letales en el Caribe y el Pacífico, Washington eleva el nivel de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, ahora bajo la figura jurídica de organización terrorista a través del llamado “Cartel de los Soles”.
El mensaje marca un antes y un después, porque implica la posibilidad real de acciones terrestres, selectivas o amplias, en un país donde nueve de cada diez ciudadanos, según una encuesta de Meganálisis analizada por Antonio de la Cruz, ya consideran al régimen como un narcoterrorismo enquistado en el Estado. El paralelismo inmediato con Panamá 1989 no ha tardado en aparecer.
En ambos casos, EE. UU. acusa al gobierno en el poder de utilizar la estructura estatal para traficar drogas, un narcoestado, para desmantelar la democracia y amenazar la seguridad estadounidense. Pero las divergencias son igual de evidentes: Venezuela es un territorio diez veces mayor que Panamá, con fuerzas armadas fracturadas, múltiples centros de poder, grupos irregulares, apoyo externo de Rusia e Irán y un aparato represivo que solo confía en sí mismo.
A diferencia de Noriega, cuyo objetivo estaba claramente definido, el “enemigo” venezolano es una red difusa de mandos y estructuras que complican cualquier operación tipo Causa Justa llevado a cabo en diciembre de 1989 Lo que sí está claro es el clima dentro del país.
La encuesta citada por De la Cruz en su artículo Game Over, Maduro, publicada en VenezuelaUSA.org, certifica un derrumbe moral del chavismo-madurismo: más del 90 % repudia al régimen, 89 % respalda la presión estadounidense y casi 94 % descarta una guerra civil si el poder cae.
El país, como dice De la Cruz, ya no debate si el régimen caerá sino cómo será la transición. Y en ese vacío emocional y político se abre un espacio peligroso pero decisiva.
VUSA
