La organización Amnistía Internacional (AI) denunció que en Venezuela se continúan usando las detenciones arbitrarias en contra de quienes disiente del régimen de Nicolás Maduro y conminó a la comunidad internacional a «aumentar el escrutinio y la rendición de cuentas» al respecto.
Amnistía Internacional señaló en un informe reciente sobre Venezuela que personas involucradas en protestas sociales, asi como los pueblos indígenas han sido víctimas de violaciones de derechos humanos «en los últimos días que incluyen el uso de detenciones arbitrarias para silenciar y reprimir a aquellos que son percibidos como contrarios al gobierno de Nicolás Maduro».
La organización no gubernamental indicó que se estima que unas 300 personas están detenidas por motivos políticos en el país sudamericano. Asimismo, resaltó que las organizaciones de la sociedad civil «contabilizan miles de casos de personas que han sido transitoriamente detenidas, pero que ahora cuentan en su contra con medidas de restricción de su libertad, sin estar propiamente bajo la custodia de las autoridades venezolanas. Es decir, tienen prohibición de salida del país, o medidas de presentación periódicas ante los tribunales. Según cifras del Foro Penal, en Venezuela se han producido más de 15.700 detenciones arbitrarias psor motivos políticos desde 2014».
Paralelamente, AI consideró que las detenciones arbitrarias por motivos políticos también tienen el objetivo de «silenciar a quienes denuncian irregularidades, injusticias y corrupción por parte del régimen de Nicolás Maduro».
«Esta táctica pretende acallar a quienes alcen su voz para señalar los abusos y las arbitrariedades del gobierno. Este tipo de detenciones se han documentado en torno a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y personas defensoras de derechos humanos -como el director de FundaRedes Javier Tarazona- o contra cualquier persona que denuncie actuaciones gubernamentales”, apuntó la ONG.
La organización agregó que ONGs de la sociedad civil, nacionales e internacionales, así como mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, “han documentado y denunciado las detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de una política represiva. Tales detenciones, y otros crímenes de derecho internacional, han sido parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que se ha indicado deben investigarse como posibles crímenes de lesa humanidad».
Amnistía también denunció que “las autoridades venezolanas suelen utilizar las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social. Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan”.
“En los últimos años, el aumento de detenciones arbitrarias contra personas pertenecientes a asociaciones gremiales o sindicatos de trabajadores ha sido patente. Ejemplo de ello fue la detención de Rubén González, sindicalista de la Ferrominera del Orinoco, y también del exdirigente sindical de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Guillermo Zárraga, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde 2020, enfrentando cargos de ‘terrorismo’ y con una situación alarmante de salud”, subrayó Amnistía Internacional.
La ONG dijo que las detenciones arbitrarias, igualmente, han sido utilizadas como forma de amedrentamiento de comunidades indígenas para silenciar sus reclamos y mantener un orden social en el que las autoridades puedan actuar con impunidad.
«Este patrón represivo se ha podido observar, en especial, en casos de pueblos indígenas, que, por su forma de vida, forma de organización o de ejercicio de la autodeterminación, son percibidos como obstáculos para las actuaciones legítimas o ilegítimas de las autoridades estatales. Ejemplo de ello fue la masacre de Kumarakapay en el estado Bolívar en 2019 que culminó con la muerte de siete personas por parte de presuntos funcionarios del Ejército y la detención de más de 50 personas, así como el desplazamiento forzado de decenas de personas hacia Boa Vista, en Brasil”, indicó.
Infobae
