Javier Ignacio Mayorca: Espías en el barrio

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En un replanteamiento de los llamados “cuadrantes de paz”, el Gobierno nuevamente intenta construir un sistema de delatores que llegue a cada vecindario.

El primer decreto firmado por el recién juramentado gobernador de Vargas (también llamado La Guaira) José Alejandro Terán, el 2 de diciembre de 2021, planteó la instauración de los llamados “gobiernos comunitarios”.


El edicto fue formalizado en la Gaceta Oficial de la región, al día siguiente. A pesar de que tales entidades no están previstas en la Constitución, y ni siquiera tienen una ley que las regule, Terán las cobijó con el manto de la “defensa de la patria y su integridad territorial y estabilidad política, la paz, soberanía nacional, interés colectivo” y demás cuestiones invocadas en la narrativa oficialista.


Los gobiernos comunitarios han comenzado a ejercer algunas de sus atribuciones. Por ejemplo, mediante jornadas de ventas de alimentos, con intenso perifoneo y propaganda. Otras más delicadas aún no tienen una expresión pública, como aquella de “contribuir con los sistemas de inteligencia, protección civil y demás organismos de seguridad y defensa del Estado para transmitir datos, informaciones y estadísticas relacionadas con la seguridad de la Nación”.


Los miembros de gobiernos comunitarios de Vargas, entonces, también son agentes de inteligencia. En esta capacidad, deben cumplir con otro cometido fijado en el decreto: construir el “mapa” de organizaciones sociales, económicas y políticas que hacen vida en cada localidad.


“Intentan establecer mecanismos de control social y político, a través del miedo”, sentenció José Manuel Olivares, quien fue el principal contendor de Terán en las elecciones de noviembre.


Olivares, un médico prestado a la política, sostuvo que las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela carecen de la cohesión de antaño, no solo por el rechazo generalizado de la población hacia la gestión presidencial, sino por un distanciamiento hacia todo lo que huela a militancia.


“Esto de Vargas podría ser una prueba piloto”, advirtió.

El decreto de Terán está redactado en términos amplios y con cierta ambigüedad. En el plano de la seguridad, podría entenderse que los miembros de tales instancias podrían cooperar con los órganos preventivos de la criminalidad, para poner en cintura a los delincuentes. Pero también con la policía política. Según el ex diputado, la segunda opción prevalecerá.


No es la primera vez que desde el Gobierno se pretende imponer un sistema de inteligencia que involucre a ciudadanos comunes. En mayo de 2008, el entonces presidente Hugo Chávez dictó un decreto-ley que instauraba un “sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia” apoyado en “las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, así como los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y comunidades organizadas”.

La llamada Ley Sapo ocasionó tal revuelo que Chávez se vio obligado a derogarla un mes después.


Pero esto no puso punto final a la pretensión de estructurar una red de delatores. Surgió de inmediato la figura de los “patriotas cooperantes”. Pero quedó como mera denominación para los informantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y ciertas unidades de la Guardia Nacional.


Mientras que los patriotas cooperantes son como lobos solitarios, los gobiernos comunitarios sugieren la noción de una gestión colectiva. Tal y como lo indicó el propio Olivares, a través de ellos intentarán identificar quiénes son los que organizan las protestas y dónde se encuentran los activistas políticos que adversan a Maduro.


Estos gobiernos son definidos como instancias de “articulación”, esto es, coordinación. La pregunta entonces es con qué entidades o estructuras podrán conectar.


Una respuesta podría encontrarse en el llamado “Plan de reimpulso de los cuadrantes de paz”, presentado en noviembre por el ministerio de Relaciones Interiores.


Los cuadrantes de paz, o Cupaz, son el resultado de la transformación política de los antiguos cuadrantes de patrullaje. El activista comunitario y representante del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, advirtió que los han usado como tapadera para los colectivos.


Según el documento del MRI, el país está seccionado en 2440 cuadrantes de paz. Las jurisdicciones fueron asignadas a cuerpos de seguridad municipales, estatales, la Policía Nacional e incluso tres órganos de la Fuerza Armada: la Guardia Nacional, la Armada y la Policía Militar, una dependencia del Ejército.


El punto de convergencia entre las organizaciones comunitarias y las de seguridad sería el “comité de seguridad y defensa integral”, cuyo representante compartiría un chat de WhatsApp con los responsables de cada Cupaz en las policías o componentes castrenses, según sea el caso.

¿Qué datos entregará el miembro del gobierno comunitario? Todo lo relativo a la identificación de los “factores de riesgo”, a saber: “conflictos vecinales, delincuencia, tráfico y consumo de drogas, accidentes o desastres naturales (…) accidentes de tránsito, fallas en los servicios básicos, sabotaje, desestabilización golpista, terrorismo y agresión extranjera”.


La noción de un gobierno protegido por una inteligencia de corte popular también está plasmada en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, emitida por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Esa norma establece que los efectivos de la Milicia Nacional, también conocida como “pueblo en armas”, son agentes de inteligencia en cada una de sus comunidades.

Pero la función de inteligencia de los gobiernos comunitarios abarca un poco de todo. Esto dice de un gobierno que se está quedando sin ojos ni oídos en las calles. En esta materia, lo que suceda en Vargas dictará la pauta a seguir en el resto del país.

@javiermayorca/ Crimenessincastigo.com