Hay algo profundamente revelador en la manera en que el chavismo ha resignificado la amnistía política, tan necesaria como legítima, anunciada por la dictadora encargada Delcy Rodríguez. No es tanto un problema de estilo o un exceso retórico que desemboca en ambigüedad semántica (que también hay algo de eso y no es menor) sino algo que opera a otra escala menos visible: es una inversión conceptual. Lo que históricamente ha funcionado como un límite al poder punitivo del Estado aparece hoy, en el discurso público y sobre todo en las redes sociales, como un gesto magnánimo del poder mismo. Faltaba más.
En su sentido clásico, la amnistía no engrandece al Estado; por el contrario, busca corregirlo frente a sus desvaríos autoritarios. Supone el reconocimiento de que hubo persecución injusta, uso abusivo del derecho penal o criminalización de la disidencia. Es una herramienta excepcional, pensada para reparar, pacificar o restablecer un orden social e institucional dañado. En suma, no es un favor, sino un límite, una contención frente a sus excesos adiposos.
Sin embargo, en el relato chavista el razonamiento se invierte; y es aquí, en el plano discursivo, pletórico de ambigüedades, en donde ha sido exitoso por años. El Estado, ese amasijo que en su discurso se apelmaza con el gobierno y con el “pueblo” (un nombre sin denotación clara, valga decir) se presenta como una instancia que “perdona” y “redime”. El perseguido deja de ser víctima de un abuso y pasa a ser beneficiario de una concesión vigilada y administrada. La moderna “presunción de inocencia” desaparece y la injusticia se disuelve con ella; el castigo se naturaliza; el perdón se exhibe como parte de un entendimiento espectacularizado de la política. El (ambiguo) “ponerse a derecho” del artículo 7 de esta ley es el “shiiitoo” de Gómez.
Pero, este giro no es inocente. En un sistema sin contrapesos efectivos, donde no hay independencia judicial ni equilibrio relativo de poderes, la amnistía deja de ser una corrección institucional y se convierte en una herramienta de dominación efectiva. El mismo poder que persigue es el que absuelve. Y al hacerlo, no se desdice a sí mismo. Pretendidamente se legitima.
Así, el perdón no repara el abuso y fomenta el entendimiento, lo confirma. Razonemos: si el Estado puede “perdonar”, entonces, de forma tácita o implícita, tenía derecho a castigar. La amnistía ya no opera como garantía, sino como espectáculo. Y cuando el poder se exhibe a sí mismo como magnánimo o benevolente, la justicia deja de ser el derrotero. Lo que se consolida es algo más grave: la naturalización de un poder sin límites que busca ser ambas caras de una misma moneda, a veces con desparpajo y sin rubor público. La coherencia, ¡al diablo!
El caso de la Venezuela chavista muestra con diáfana claridad que el control del lenguaje no es accesorio, es constitutivo del autoritarismo. 1984 redimido. Antes que perdonar, el poder necesita desesperadamente ser creído. Y para eso, primero, tiene que manosear los conceptos.
Gendrik Moreno
