Los imperios rara vez anuncian que están construyendo un protectorado. Prefieren hablar de estabilidad, reconstrucción institucional y prosperidad compartida. Los romanos llevaban carreteras. Los británicos, ferrocarriles. Estados Unidos lleva inversiones petroleras, asesores y una promesa: algún día, cuando las instituciones estén preparadas, los venezolanos podrán elegir a sus gobernantes.

La pregunta es quién decidirá cuándo habrá llegado ese día.

Han transcurrido nueve meses desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026 —el escenario que hoy domina el debate venezolano. El hombre que durante años simbolizó la permanencia del chavismo ya no gobierna desde Miraflores. Sin embargo, buena parte de las estructuras que sostuvieron su poder permanece bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Esta es la primera paradoja de la Venezuela posterior a Maduro: Estados Unidos consiguió alterar la cúspide del poder, pero todavía no ha demostrado que pueda transformar sus fundamentos.

Y podría descubrir que ambas tareas son radicalmente diferentes.

El príncipe que Washington decidió conservar

Maquiavelo habría reconocido inmediatamente el problema.

Cuando un poder extranjero interviene decisivamente en la sucesión de un gobernante, necesita administrar las consecuencias. Destruir toda la estructura anterior puede producir el caos. Conservarla puede perpetuar aquello que pretendía sustituir. La historia de las intervenciones está llena de sucesores conservados que terminaron devorando a sus protectores.

Washington parece haber escogido la segunda alternativa.

Delcy Rodríguez conserva el Ejecutivo y una administración heredada del chavismo. Para Donald Trump, esa continuidad puede representar un interlocutor capaz de garantizar estabilidad, seguridad y acuerdos energéticos. Para Marco Rubio, puede ofrecer una plataforma desde la cual negociar reformas institucionales.

Para Rodríguez, mientras tanto, el tiempo es un recurso político de valor extraordinario.

Cada mes sin elecciones prolonga su capacidad de gobernar. Cada contrato económico puede fortalecer la viabilidad de su administración. Cada negociación que termina sin un compromiso electoral vinculante preserva opciones que una elección competitiva podría eliminar.

No hace falta imaginar una conspiración para comprenderlo. Basta examinar los incentivos.

Quien controla el Estado tiene algo concreto que perder. Quien espera votar todavía tiene algo fundamental que conquistar.

Tres mujeres y una sola legitimidad pendiente

El encuentro entre Marco Rubio y Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional elegida en 2015, simboliza la nueva arquitectura política que Washington intenta construir.

Figuera representa un canal institucional reconocido por Estados Unidos. Rodríguez administra el poder efectivo. María Corina Machado encarna una fuente distinta de legitimidad: el respaldo político obtenido en las primarias opositoras y su papel en la movilización electoral de 2024.

Son tres posiciones que no pueden confundirse.

El reconocimiento diplomático no equivale a legitimidad electoral. El control administrativo tampoco. Y el respaldo popular, por considerable que sea, necesita instituciones capaces de convertirlo en gobierno.

La fotografía de Rubio con Figuera plantea así una cuestión incómoda: ¿está Washington facilitando una transición democrática o seleccionando a los interlocutores que considera más adecuados para administrarla?

Ambas posibilidades no son necesariamente excluyentes. Pero sus consecuencias pueden ser profundamente diferentes.

La primera conduce hacia elecciones competitivas. La segunda corre el riesgo de producir una democracia negociada entre élites, en la que el ciudadano aparece únicamente al final, cuando debe ratificar decisiones tomadas previamente.

La democracia que siempre necesita más tiempo

Rubio ha defendido una democracia duradera, no simplemente la celebración de elecciones.

El argumento merece consideración. Venezuela necesita un Tribunal Supremo independiente, un Consejo Nacional Electoral confiable, garantías para los candidatos, medios libres y mecanismos que aseguren el respeto a los resultados.

Celebrar elecciones sin esas condiciones podría reproducir los conflictos anteriores.

Pero existe una dificultad histórica.

Los gobiernos que prometen entregar el poder después de completar una reforma institucional suelen descubrir que siempre queda una reforma pendiente.

Primero debe reorganizarse la justicia. Después, renovar las autoridades electorales. Luego, actualizar el registro de votantes. Más tarde, garantizar la seguridad. Finalmente, esperar que las condiciones económicas sean favorables.

Cada requisito puede ser razonable. Su acumulación puede convertirse en una fórmula para posponer indefinidamente la soberanía popular.

Así se desplaza el debate político. Lo que ayer era una exigencia urgente —elecciones— pasa a presentarse como una aspiración que debe esperar hasta que el sistema esté preparado.

El peligro no es reconstruir instituciones antes de votar. El peligro es permitir que quienes ejercen el poder determinen unilateralmente cuándo esa reconstrucción está completa.

El petróleo y la paciencia de los imperios

La apertura energética venezolana añade otra contradicción.

Estados Unidos tiene intereses estratégicos evidentes en las reservas petroleras venezolanas. Las inversiones, las licencias y la reorganización comercial pueden contribuir a recuperar una industria devastada por décadas de deterioro institucional.

Eso sería beneficioso para Venezuela si produce empleo, ingresos públicos, servicios y seguridad jurídica.

Pero los incentivos económicos no siempre coinciden con los democráticos.

Una administración capaz de garantizar contratos, exportaciones y estabilidad puede resultar atractiva para inversionistas incluso si su legitimidad electoral continúa sin resolverse.

Aquí aparece una tentación clásica de las grandes potencias: preferir un socio previsible a una democracia cuyo resultado no controlan.

Durante la Guerra Fría, Washington defendió una y otra vez gobiernos aliados cuya legitimidad democrática era, como mínimo, problemática. La justificación acostumbraba ser la estabilidad frente a amenazas mayores.

La historia no se repite mecánicamente. Sin embargo, la pregunta estratégica permanece.

¿Está Estados Unidos dispuesto a aceptar una elección venezolana cuyo vencedor cuestione sus acuerdos energéticos?

Si la respuesta es afirmativa, debe construir instituciones que hagan posible ese resultado.

Si la respuesta es negativa, la transición tendrá límites impuestos desde el exterior.

El barril puede financiar la recuperación nacional. No debería comprar el aplazamiento de la democracia.

El problema de la justicia

Existe además una contradicción moral que ninguna estrategia petrolera puede resolver por sí sola.

Mientras la justicia estadounidense procesa acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, el gobierno interino conserva instituciones y funcionarios provenientes del mismo aparato estatal.

Las acusaciones penales deben probarse ante tribunales independientes. La responsabilidad de cada funcionario exige investigación individual, no culpabilidad por asociación.

Pero la cooperación política tampoco puede convertirse en una garantía informal de impunidad.

Una transición democrática necesita algo más que nuevos magistrados y ceremonias de nombramiento. Necesita instituciones capaces de investigar abusos, proteger a las víctimas y decidir contra los gobernantes cuando las pruebas lo justifiquen.

De lo contrario, Venezuela podría cambiar su relación con Washington sin cambiar la relación del Estado con sus propios ciudadanos.

Sería una normalización internacional sin transformación interna.

La teoría del tiempo político

Las transiciones suelen presentarse como procesos colectivos. En realidad, sus protagonistas enfrentan riesgos muy diferentes.

Rodríguez podría perder el poder en una elección. Trump podría perder un interlocutor confiable. Rubio podría enfrentar una crisis institucional si el proceso electoral fracasa. Machado podría quedar excluida de decisiones que afectan su futuro político.

La ciudadanía, entretanto, pierde tiempo.

Y esa pérdida no es abstracta.

Significa salarios que no alcanzan, servicios públicos deficientes, familias separadas y derechos cuya recuperación sigue dependiendo de negociaciones que no controlan.

La economía puede mejorar antes de que llegue la democracia. Pero una mejoría económica no sustituye el derecho a elegir.

Los regímenes autoritarios han utilizado históricamente el crecimiento, la seguridad o la modernización como argumentos para aplazar la participación política. Algunas veces produjeron prosperidad. Ninguna prosperidad convirtió automáticamente la subordinación política en soberanía popular.

El problema venezolano es precisamente evitar ese intercambio.

La fecha que nadie quiere escribir

En las inquietudes planteadas por la audiencia del podcast de  REALPOLITIK aparece una pregunta insistente: ¿cuándo habrá elecciones?

Se mencionan distintas fechas de 2027 y temores de postergación hasta 2028 o 2029. Ninguna de esas posibilidades debe confundirse con un calendario electoral oficialmente confirmado.

Pero la incertidumbre revela algo más importante.

Una negociación sin plazos puede ser conveniente para quienes participan en ella. Resulta mucho menos conveniente para quienes esperan sus resultados.

La salida no exige improvisar elecciones mañana. Exige establecer hoy una secuencia pública de obligaciones: selección judicial transparente, renovación electoral, restitución de derechos políticos, regreso seguro de los exiliados, liberación de presos políticos y fecha para que los ciudadanos decidan.

Cada compromiso debe tener responsables, indicadores y consecuencias por incumplimiento.

Sin esos elementos, la transición corre el riesgo de convertirse en una administración permanente de expectativas.

El último acto pertenece a los venezolanos

Washington puede ofrecer seguridad, inversión, influencia diplomática y capacidad de negociación. Puede ayudar a reconstruir instituciones. Incluso puede contribuir decisivamente a desmontar estructuras autoritarias.

Lo que no puede proporcionar es legitimidad democrática por sustitución.

Esa legitimidad pertenece a los ciudadanos.

La cuestión decisiva no es si Trump controla más petróleo, si Rubio obtiene mejores acuerdos o si Delcy Rodríguez administra eficazmente el gobierno interino.

Es si Venezuela contará con instituciones capaces de organizar una elección competitiva, respetar un resultado adverso a quienes gobiernan y transferir efectivamente el poder.

La historia ofrece numerosos ejemplos de transiciones que comenzaron con promesas de libertad y terminaron creando nuevas formas de dependencia.

También ofrece ejemplos de países que transformaron pactos imperfectos en democracias estables.

La diferencia estuvo menos en la retórica de sus dirigentes que en los límites impuestos al poder.

Venezuela necesita estabilidad. Necesita inversión. Necesita justicia. Necesita reconstruir sus instituciones.

Pero necesita, sobre todo, una fecha en la que sus ciudadanos dejen de ser espectadores de su propio destino.

Porque el problema de Washington no es haber adquirido demasiada influencia sobre Venezuela.

Es que todavía no ha demostrado estar dispuesto a devolver la última palabra a los venezolanos.

@antdelacruz_

Director ejecutivo de Inter American Trends