El juez Alvin Hellerstein tuvo un retraso de 40 minutos antes de dar inicio a la segunda audiencia de la corte en la sala 15A del Distrito Sur de Nueva York.
Todas las miradas de los presentes estaban enfocadas en la pareja vestida de beis sentada a ambos extremos de la mesa de acusados. El dibujante asignado trazaba la agonía uniformada de ansiedad.
Maduro había entrado primero con una sonrisa que parecía ensayada en el espejo de la celda, un ademán postizo que no lograba ocultar la sorprendente delgadez de su rostro. Saludó a su equipo legal con un acartonado “buenos días”, con un tono menos confiado de aquel “good night, happy news year”, con el que hizo su entrada a la nueva residencia en la que se encuentra recluido desde hace 83 días en el Metropolitan Detention Center (MDC Brooklyn) 80 29th Street Brooklyn, NY 11232, United States, bajo el número de registro 00734-506
Cilia Flores, en cambio, se instaló en su silla con la serenidad de quien aprende a respirar dentro de un tanque de agua, tal cual como 9 millones de compatriotas aprendieron a hacerlo desde su incertidumbre migrante.
Cuando el juez Hellerstein finalmente apareció, la sala se tensó como si alguien hubiera cerrado una puerta hermética. El magistrado escuchó los argumentos de la fiscalía con un dejo casi incrédulo de nonagenario curioso pero tajante. Kyle Wirshba hablaba de seguridad nacional, de sanciones, de política exterior, pero el juez lo interrumpió con una frase que cayó como un cubo de agua fría sobre el discurso: “El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”.
La defensa aprovechó ese resquicio. Barry Pollack, insistió en que el tribunal debía permitir el acceso a los fondos o, en su defecto, considerar la desestimación del caso. Mark Donnelly, desde el otro extremo, pidió que ambos procesados fueran tratados como un solo cuerpo jurídico, casi como una unidad política y matrimonial, enternecido por la caída de una pareja presidencial, ignorante de sus excesos, mentiras y perversiones.
Mientras los abogados hablaban, Maduro no lograba quedarse quieto. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, sus hombros subían y bajaban en una hecatombe de dudas y arritmias descontroladas. A ratos miraba a Flores, que permanecía inmóvil, casi rígida, como si cada músculo estuviera obedeciendo una orden precisa. Los audífonos de traducción les daban un aire de turistas perdidos en un museo donde nadie habla su idioma, ni conoce de lo que son capaces de hacer la muy extraviada parejita.
El abogado de ella pidió un electrocardiograma urgente, sin detalles, pero con la urgencia de quien teme que el cuerpo no aguante el peso del proceso.
El momento más extraño ocurrió cuando el juez preguntó si la OFAC podría otorgar una licencia especial para financiar la defensa. La fiscalía respondió que no, que tal opción no existía. La sala quedó suspendida en un silencio que no era jurídico, sino existencial, provocado por el juez: ¿cómo se defiende alguien que ya no tiene país, ni fondos, ni inmunidad? Un país entero se vió retratado. Maduro bajó la mirada en su sobreactuado papel de víctima. Flores no parpadeó.
La audiencia terminó sin aplausos ni conclusiones, solo con la sensación de que algo quedó flotando en el aire, como un olor seco e intestinal que no se va. Afuera, el convoy esperaba con motores encendidos y dos helicópteros vigilando desde arriba, recordando que incluso la justicia puede tener sonido de guerra. Los dos acusados salieron rodeados de agentes hacia su nueva residencia, la prisión de Brooklyn, en una primavera a punto de comenzar.
El juez Hellerstein, mientras tanto, se retiró con la tarea más pesada: decidir la próxima semana si los asesinos de más de 10 mil almas en casi 13 años de terrorismo de Estado, capaces de encerrar sin un juicio justo a más de mil ciudadanos, que fueron torturados por el delito de rebelarse ante un poder forajido y delincuencial, mismos que llenaron a EEUU de drogas y criminales y fomentaron un éxodo de cifras inimaginables para un país que no está en guerra, podrán o no usar los fondos del Estado venezolano para defenderse.
Una decisión que, más que jurídica, parece destinada a definir la narrativa del resto del proceso.
@damasojimenez
