La noche del jueves 19 de febrero, la ilegítima Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad una ley con la que el chavismo se reserva el derecho para seguir haciendo daño. La oposición pret-à-porter, a la que le donaron sus curules, no se opuso ni salvó el voto, solo acompañó la imposición de una narrativa que califica a los miles de presos políticos como culpables y no como las víctimas que son. Según el texto aprobado, las víctimas deben solicitar la amnistía y los mismos jueces que el chavismo controla, los que inventaron causas judiciales, ralentizaron los juicios e impidieron una defensa justa, decidirán, con base en las instrucciones que les giren los jefes de sus tribus, si la amnistía se concede o no. De las muchas sugerencias que publicaron las organizaciones no gubernamentales, los defensores, abogados y familiares, el chavismo incorporó pocas, tan pocas, que resultaron insuficientes para contrarrestar las deficiencias del proyecto de ley. El chavismo vuelve a producir propaganda con impacto internacional y sin efectos para la justicia ni la convivencia.
Discriminatoria
Pero además, para solicitar la amnistía hay una enorme discriminación. Separa a los potenciales beneficiarios por la fase del juicio en la que se encuentre su caso: previa a la sentencia (la enorme mayoría de los presos políticos) o con sentencia firme. Si el caso no tiene sentencia, la amnistía solo puede ser solicitada por el acusado, el Ministerio Público o el defensor público que le impuso el Estado, quien jamás defiende los intereses de la persona. Pero si la persona ya tiene sentencia firme, la amnistía puede pedirla su pareja, su familia, su abogado o una ONG. Es un sinsentido que la circunstancia en la que está la mayoría de los presos políticos no habilite a más personas para pedir la amnistía, lo que traduce la poca coherencia de la ley y la falta de técnica legislativa.
Excluyente
La norma se concibió como un perdón que el chavismo decide a quien de los “culpables” otorga. El grupo más afectado son los presos políticos militares (al menos 181 personas), y con ellos, a las decenas de civiles vinculados a sus casos, la mayoría por Sippenhaft, técnica de castigo nazi para trasladar a la familia la responsabilidad, y así obligar al sujeto perseguido a entregarse por culpa. El chavismo la ha utilizado sin piedad, incluyendo casos tan graves como el de la presa política a la que ayer le concedieron casa por cárcel: Maykelis Borges, detenida con dos meses de embarazo por ser pareja de un teniente al que acusan de participar en una supuesta conspiración. Esta ley excluye explícitamente a un 30 % de sus potenciales beneficiarios (militares y civiles vinculados a sus casos), por lo que no se trata de una falla de diseño.
Muy excluyente
La ley establece una lista de acontecimientos para ser utilizados de forma taxativa, por lo que el chavismo se reserva qué es un hecho de confrontación, obviando decenas de hechos graves y de delitos cometidos por funcionarios. Mantiene vigentes las inhabilitaciones políticas; no establece garantías para el retorno de quienes tuvieron que huir por persecución; no restituye la validez de pasaportes anulados como castigo político ni prohíbe las alertas silentes que operan en transacciones migratorias. La ley no plantea restituir bienes incautados a los presos políticos, no plantea reparar a las víctimas. Este texto tampoco plantea la derogación de leyes punitivas, el desmantelamiento del aparato represivo ni la investigación de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Este exceso de exclusiones es la negación de la justicia.
Primera enmienda
El chavismo hizo un show llevándole a la inelecta Delcy Rodríguez el texto aprobado por unanimidad. Ella promulgó la ley y de inmediato informó que otra comisión revisará los casos que no están cubiertos, es decir, validó las debilidades de la norma, como si fuese normal que una ley no cumpla con los fines para los que fue promulgada. La discrecionalidad es inherente a la forma de ejercicio del poder del chavismo: te invento el delito, te someto a un juicio injusto, te impido el acceso a la defensa, te perdono (no el delito que te inventé, sino a ti como persona), y además me reservo el poder de volver a inventarte otro delito si considero que volviste a incurrir una conducta insurreccional.
Ninguna consideración
La ley no incluye consideraciones para los grupos más vulnerables de los cientos de presos políticos que siguen detenidos (una adolescente, enfermos con cuadros terminales ni adultos mayores, entre otros), aunque el Estado debería estar obligado a garantizar un trato diferenciado, a honrar el debido proceso y a obrar con celeridad. Si esto es con los que siguen en prisión, para los excarcelados que quedaron sometidos con medidas cautelares tampoco prevén nada diferente que “ponerse a derecho”, borrando la excepcionalidad de la amnistía, porque sigue siendo discriminatoria, porque quedas a merced de quien te procesó, lo que revictimiza a miles de víctimas del chavismo. También se reservan la posibilidad de seguir juzgando a quienes ellos consideren que favorecen acciones extranjeras, mientras la dictadura interina se toma fotos con el jefe del Comando Sur, Francis Donovan.
Vamos a cambiar
Esta ley es revictimizante, excluyente y discriminatoria. Una vez más, el chavismo juega con la esperanza, oferta lo que no otorga y prolonga el sufrimiento de miles de personas. Las excarcelaciones recientes prueban que solo se necesita voluntad política para liberar a tantos inocentes, pero los cachorros del imperio se sienten poderosos haciendo daño. Todo proceso de reconciliación demanda justicia y reparación, sin eso, asistimos a una agenda más de propaganda para un régimen ilegítimo, interino y bastante cruel. Trabajar por la libertad y la transición a la democracia probablemente seguirá siendo considerada una conducta insurreccional, pero necesitamos la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos, necesitamos justicia y verdad para que comiencen los cambios que ellos no quieren, pero nosotros sí. Y nosotros somos más. Vamos a cambiar.
@Naky
