La Fiscalía federal de Estados Unidos presentó cargos penales contra Wilber Garcés, el migrante venezolano que resultó herido de bala durante un operativo de agentes de inmigración en Austin, Texas, el 20 de septiembre.
De acuerdo con documentos judiciales, Garcés, de 28 años de edad, está acusado de agredir y resistirse a un funcionario federal en los momentos previos al disparo. El cargo podría acarrearle una condena de hasta 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable.
La denuncia está acompañada por la declaración jurada de un agente federal que investigó el caso y que entrevistó posteriormente al venezolano en el centro de detención donde permanece recluido. El expediente revela que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó contra Garcés no llevaba una cámara corporal durante el procedimiento.
El documento judicial expone además dos relatos diferentes sobre lo ocurrido antes de que el funcionario abriera fuego.
El agente identificado con las iniciales L.G. declaró a otro funcionario que Garcés intentó golpearlo con su vehículo, razón por la que utilizó su arma. El venezolano, en cambio, relató al investigador que el disparo se produjo cuando su automóvil ya se había detenido después de ser impactado por la camioneta del agente.
Según Garcés, el choque hizo que su Toyota Corolla girara sobre sí mismo. Una vez detenido, afirmó que L.G. disparó hacia el interior del vehículo a través de la ventanilla trasera derecha y que el proyectil lo alcanzó en la parte superior de la espalda.
Autoridades y el detenido ofrecen versiones contradictorias de lo ocurrido
Las discrepancias también aparecen en la reconstrucción de los minutos anteriores al enfrentamiento. La declaración jurada, elaborada por un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señala que los funcionarios localizaron el automóvil de Garcés estacionado frente a un restaurante ubicado en un centro comercial.
Los agentes verificaron la matrícula y determinaron que el vehículo estaba registrado a nombre del venezolano y que existía una orden de deportación emitida por un juez de inmigración. Cuando Garcés abandonó el establecimiento y subió al automóvil, los funcionarios comenzaron a seguirlo en dos camionetas sin distintivos policiales.
De acuerdo con uno de los agentes, las autoridades encendieron las luces de emergencia y una de las camionetas se colocó en diagonal delante del Corolla para detenerlo, sin que inicialmente se produjera una colisión.
Garcés ofreció una versión distinta. Según su testimonio, una de las camionetas lo adelantó por la izquierda y se atravesó repentinamente frente a él, provocando el choque.
Ambos relatos coinciden en que los funcionarios se identificaron como agentes de inmigración y solicitaron al venezolano su licencia de conducir. Garcés reconoció durante la entrevista que no obedeció la orden de permanecer fuera del vehículo y volvió a ponerlo en marcha.
El venezolano explicó que había pedido que le permitieran estacionar el automóvil para que su esposa pudiera recogerlo, pues sabía que sería detenido. Los agentes sostienen que, cuando arrancó, el espejo retrovisor del lado del conductor golpeó a L.G. en el torso. Después comenzó la persecución que terminó con el disparo.
Defensa busca liberación
El caso está vinculado además con la situación migratoria de Garcés. El venezolano llegó a Estados Unidos en diciembre de 2023 mediante CBP One, aplicación utilizada durante la administración de Joe Biden para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en los puertos de entrada de la frontera sur.
Posteriormente solicitó asilo, pero un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia después de que no acudiera a una audiencia, según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.
Tras recibir el disparo el 20 de septiembre, Garcés fue trasladado de emergencia a un hospital por las autoridades locales. Fue dado de alta varias horas después, aunque el proyectil no fue extraído y permanece alojado en su cuerpo.
El venezolano se encuentra detenido en un centro para migrantes ubicado en Pearsall, al sur de Texas. Su defensa presentó una demanda para solicitar su liberación inmediata y detener el proceso de deportación.
El caso será abordado este miércoles durante una audiencia ante un juez federal en San Antonio, donde se analizará la situación de Garcés mientras continúa el proceso judicial.
Agencias
