La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al Parlamento una reforma parcial de la ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ y reconoció que las autoridades la “mal aplicaron” y la utilizaron de forma abusiva.
El Parlamento publicó la ley en 2017 y la mayor coalición opositora la criticó como parte de un “marco legal represivo”. Organizaciones no gubernamentales denunciaron que las autoridades la utilizaron para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.
«Lamentablemente estuvo mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley, pero yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor en relacionamiento, que no se imponga el odio sino que podamos convivir«, dijo Rodríguez en un acto con caficultores en el estado Portuguesa (centro).
En una carta publicada este martes en su Telegram, pero fechada el lunes, Rodríguez afirmó que solicita la reforma para “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en esta ley y como parte de las acciones del Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en Venezuela.
«Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia», subrayó la mandataria encargada en la carta dirigida a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Uso inadecuado de la ley contra el odio
En febrero de este año, Jorge Rodríguez admitió el uso inadecuado de la ley contra el odio y consideró posible una reforma.
La chavista Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley en noviembre de 2017. La instancia se instaló ese año en paralelo al Parlamento, de mayoría opositora, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, la han criticado. En 2023, la organización denunció que las autoridades la han usado como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.
EFE
