«Las ideas no se imponen, se proponen». Juan Pablo II
Pagarse y darse el vuelto en el lenguaje coloquial es una práctica muy usada por el gobierno cuando a sus fines conviene hacer algo grave sin preocuparse mucho por el que dirán, tener que pensarlo demasiado para hacerlo o tratar de disimular en guardar composturas de decencia social si el interés es la supervivencia del poder a cualquier costo, aunque ello signifique pasarle por encima a la propia Constitución Bolivariana de Venezuela. Ese es el escenario que está servido para la designación de la nueva directiva del CNE y veamos por qué.
La decisión más reciente de «renuncia», sin causa de fuerza mayor o por vencimiento de su período, la protagonizaron meses atrás tres rectores oficialistas del Consejo Nacional Electoral, CNE, entre principales y sus suplentes de un total de cinco, que no llevaban en sus cargos ni la mitad de su ejercicio desde que fueron electos para un mandato de siete años. Esa movida de mata, desplazamiento o salida abrupta, digamos, hasta el Sol de hoy no ha tenido una explicación seria y responsable a los venezolanos sobre lo que motivo eliminar antes de tiempo a unos y, nombrar a otros en las próximas semanas, cuando esa mayoría, junto con dos opositores principales, comenzaban, literalmente, a calentar y a acomodarse en sus sillas del directorio defenestrado «misteriosamente».
Los nuevos rectores tendrán la responsabilidad de organizar la elección del Presidente de la República que está prevista, según la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el 2024 cuando vence el actual período de seis años. En esa dirección existe un comité de postulaciones de la Asamblea Nacional, designado en 2020 de sobrado ventajismo oficial, encargado de depurar y entregar este jueves una lista de “elegibles” aspirantes a «entrar» a dirigir el Consejo Nacional Electoral. La cifra que inició en 153 al final del camino quedará reducida a cinco principales y sus diez suplentes de los 104 candidatos que quedan hasta hoy.
Ahora bien, no hay que ser adivino, mago o pitoniso ni tampoco elucubrar demasiado para instuir qué saldrá de esa «selección» donde el artículo 296 de la Constitución Bolivariana de Venezuela expresa que el «Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil. Uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno o una por el Poder Ciudadano». En honor al sano juicio y a una realidad venida de experiencias anteriores es lo menos que puede esperar el país que eso sea respetado.
No es de extrañar que en el directorio por nacer en las próximas semanas, el oficialismo aplique aquello de caída y mesa limpia y controle cuatro de los cinco principales con sus suplentes, dejándole a la sociedad civil lo que el texto constitucional dice, expresado en migajas y burusas. Con razón el precepto que ilustra que el papel lo aguanta todo no deja de ser muy cierto. Lo cierto es que dos terceras partes de la Asamblea Nacional responden a los intereses ideológicos y políticos de Miraflores, garantizando con ello el blindaje institucional del CNE en favorecer el continuismo del chavismo en el poder del Estado venezolano. Sin embargo, saben, conocen y son conscientes que en una elección, sin ventajismo y abuso de poder, una confrontación de tú a tú con la oposición, el gobierno lleva las de perder.
La asociación civil Súmate ha alertado que 92 de los postulados a rectores del Consejo Nacional Electoral tienen conexiones con el Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv. La coordinadora nacional de contraloría electoral de Sumate, Nélida Sánchez, ha dicho que esta vinculación «plantea preocupaciones en relación con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, Lopre, pues según el artículo nueve, los candidatos a rectores del CNE no deben tener militancia política ni lazos familiares con el Ejecutivo nacional u otros postulantes».
No es casual que entre las figuras oficialistas estén optando dirigentes de incuestionable militancia chavista, entre ellos, el presidente del Poder Moral y actual Contralor General de la República, Elvis Amoroso Hidrobo, a cargo de quien ha estado la responsabilidad de inhabilitar de sus derechos políticos a María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. ¿Su imparcialidad de ser electo es garantía de confianza para el elector?.
También Francisco Ameliach, exgobernador de Carabobo; el exministro de Educación Universitaria, César Trompiz; el ex alcalde de Los Teques, Francisco Garcés; los diputados del Psuv, Julio García Zerpa e Imad Assad y legisladores de la talla de Edgar Raúl Leoni y Conrado Pérez, dirigentes de partidos opositores intervenidos judicialmente, aparecen en el listado de elegibles del CNE por estrenar.
Otro personaje, Gustavo Vizcaíno, quien ha dirigido el SAIME y también ha sido rector suplente del CNE está entre los aspirantes a integrar el nuevo Poder Electoral, donde además oficiales en calidad de retiro de las FANB, diríamos en buen criollo, «Patria o Muerte», integran a los postulados, destacando el mayor general, Fabio Zavarse Pabón, que comandó la Guardia Nacional Bolivariana entre 2019 y 2021. Asimismo, el general de brigada del Ejército, Guillermo César Hary, aspira a ser rector del nuevo poder electoral por los próximos siete años.
En fin, no porque el panorama que pinta la elección de un nuevo CNE no signifique equilibrio, imparcialidad y confianza, la oposición y la mayoría de hombres y mujeres que no militan en organizaciones políticas deben optar por desmovilizarse o tirar la toalla. Eso busca la intención oficial de provocar desaliento, desasosiego y la idea que no hay posibilidades de cambio del poder político. Hay una verdad que no puede ser ocultada, borrada o desaparecerse. La mayoría de la gente, léase millones, quiere un cambio y tiene la mejor herramienta en sus manos: el voto.
¡Amanecerá y veremos!.
José Aranguibel Carrasco
