El documento tiene 18 páginas y ningún venezolano lo ha leído. Lo firmaron el 30 de agosto en Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y permaneció clasificado como material gubernamental sensible hasta que ProPublica lo publicó el martes 20 de octubre. En esas 18 páginas se decide una parte sustancial del futuro petrolero de Venezuela. Conviene, entonces, leerlo con calma, porque de él dependen cosas que ningún titular agota.
El acuerdo organiza la participación estadounidense en North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa vinculada a Alejandro Betancourt. Estados Unidos obtiene el 35 % de la compañía a través de una sociedad matriz registrada en Barbados. Obtiene también el derecho a adquirir el 20 % del crudo a 30 dólares por barril, un precio fijado de antemano, sin contar los diluyentes que el crudo extrapesado venezolano necesita para poder viajar. Y obtiene warrants, opciones de compra de acciones, a un centavo de dólar cada uno, con vencimiento dentro de 75 años.
La arquitectura de gobierno es tan importante como las cifras. La junta directiva tendrá mayoría estadounidense durante 15 años. Betancourt queda asegurado como presidente ejecutivo. Si surge una disputa entre las partes, no se ventilará ante tribunales venezolanos: se resolverá bajo las leyes de Texas. Y una cláusula impide a la empresa divulgar la existencia del acuerdo y sus condiciones. Se anunció al mundo un entendimiento histórico; sus términos se mantuvieron fuera del alcance de los dueños del recurso.
Por la estructura firmó Orlando Alvarado, ejecutivo que ha pasado por empresas vinculadas a Betancourt. Fiscales estadounidenses lo identificaron en su momento como presunto coconspirador no acusado en una causa relacionada con fondos petroleros venezolanos. NABEP ha rechazado esos señalamientos y Alvarado no ha sido condenado por delito alguno.
Precisamente por eso la transparencia importaba: cuando se negocia el patrimonio de un país, la identidad de quienes participan no es un detalle administrativo, es parte del contrato social del acuerdo. Nada de esto significa que Washington se haya apropiado de las reservas venezolanas, que siguen siendo, jurídicamente, de la República. Significa algo más preciso y más duradero: un socio extranjero ha asegurado, por escrito y con protecciones jurídicas diseñadas para resistir cambios de gobierno, una posición privilegiada sobre la explotación y comercialización de una parte del petróleo venezolano.
Los contratos de esta naturaleza no solo distribuyen ingresos. Distribuyen poder de decisión, y lo distribuyen hacia el futuro. La pregunta que el documento obliga a formular no es si Venezuela debe abrir su industria petrolera al capital y la tecnología de Estados Unidos. Debe hacerlo: el país produce hoy una fracción de los 3,4 millones de barriles diarios que producía en 1998, y recuperarla exige inversiones que el Estado venezolano no tiene. Las refinerías del Golfo de México, además, están diseñadas para crudos pesados como el venezolano. La complementariedad económica es real, y negarla sería ideología, no análisis.
La pregunta es otra: quién firma, con qué mandato y con qué posibilidad de revisión. En las democracias que administran recursos naturales con reglas claras, los contratos de esta magnitud se publican, se debaten en el parlamento y quedan sujetos a mecanismos de rendición de cuentas. Noruega publica sus licencias petroleras. Incluso gobiernos autoritarios que negocian con discreción lo hacen desde un Estado que responde por sus actos. Aquí, en cambio, firma un gobierno venezolano interino, no electo, cuya legitimidad deriva de un reconocimiento internacional, y firma a espaldas de la sociedad a la que el recurso pertenece.
Hay además una asimetría de velocidades que el documento hace visible. La institucionalidad democrática venezolana avanza con dificultad manifiesta: la Asamblea Nacional no se reunió el martes 20 de octubre para designar a los doce representantes de la sociedad civil ante el Comité de Postulaciones Judiciales, cuyo plazo vencía; el nuevo Consejo Nacional Electoral no tiene fecha; la renovación del Tribunal Supremo de Justicia sigue pendiente. El expediente petrolero, en contraste, se firmó en agosto y se ejecutó sin contratiempos. Para el comité no hubo sesión. Para el crudo sí hubo firma.
Los defensores del acuerdo dirán que la urgencia lo justifica: que la estabilidad económica es condición de cualquier transición y que los inversionistas exigen certeza jurídica antes de arriesgar capital en un país con el historial venezolano. El argumento tiene peso y merece ser escuchado. Pero la certeza jurídica no necesita secreto para funcionar. Los warrants a un centavo quedan fuera de esa explicación. Y el blindaje de Betancourt en la presidencia ejecutiva, escrito en el propio documento, protege a una persona antes que a una inversión. Cuando la arquitectura entera está construida para que ningún gobierno futuro pueda modificarla, ya no se está protegiendo una inversión: se está tomando una decisión constituyente sin constituyente. María Corina Machado calificó la semana pasada de “corrupción obscena” la posición de Betancourt en este esquema.
Se puede discutir el adjetivo. Lo que no se puede discutir es el procedimiento: el principal activo de Venezuela se está reordenando mediante documentos clasificados, sociedades en Barbados y jurisdicción extranjera, mientras los venezolanos esperan una fecha para votar. La transición venezolana se definirá, en buena medida, por si ese orden de factores se corrige o se consolida. Un acuerdo petrolero puede ser bueno para Venezuela. Incluso este, en sus componentes económicos, podría llegar a serlo.
Pero un acuerdo que los venezolanos no pueden leer no puede ser evaluado, y un acuerdo que no puede ser revisado por quienes resulten electos hipoteca la democracia que se dice estar preparando. El petróleo es de los venezolanos; su administración debería poder ser juzgada por ellos, empezando por el derecho elemental de conocer sus términos. El documento ya es público. Falta que el debate también lo sea. Sent from my iPhone
Antonio de la Cruz / Director ejecutivo de Inter American Trends
