La diplomacia del gobierno de Joe Biden hacia Venezuela se basa en los intereses de Estados Unidos. Esto condujo a que la política de máxima presión que aplicó la administración Trump al régimen de Nicolás Maduro durante los años 2019-2020 haya quedado sin efecto el pasado jueves 5 de enero, una vez que el G3 decidió que era momento de darle punto final a la presidencia encargada de Venezuela (2019-2023).
Los argumentos legales expuestos por organizaciones académicas y expertos sobre el disparate jurídico que cometió la Asamblea Nacional de 2015 ―único órgano con legitimidad de origen en Venezuela― al acabar con el interinato para crear una especie de gobierno parlamentario que no existe en la Constitución Nacional fueron letra muerta para el presidente Biden y su equipo de gobierno. Decidieron ignorar que la AN de 2015 “no tiene facultades para derogar lo que no ha sido creado por ella. La figura del presidente interino la antecede”, como explicó el reconocido jurista venezolano Allan Brewer-Carías.
Los hechos posteriores prueban que el G3 no actuó por iniciativa propia. La Licencia General N° 31B otorgada este mismo lunes por el Departamento del Tesoro al parlamento de 2015 y sus correspondientes comisiones para regular activos estratégicos como el refinador Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, demuestra la intención de la administración Biden de apoyar el fin del interinato. Una autorización que, recordemos, también viola la Constitución de Venezuela porque la actividad petrolera está reservada al Estado.
Por lo tanto, la decisión final de acabar con el interinato fue del gobierno estadounidense para alinearse con la nueva realidad política en Suramérica: Petro, Lula, Fernández, Boric.
Por otro lado, Juan González, asistente especial del presidente Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, siempre ha considerado que «la falta de estrategia coherente de Trump ―política de Guerra Fría― hizo a Maduro más fuerte».
En consecuencia, la Casa Blanca ha optado por la flexibilización de las sanciones económicas al régimen venezolano (licencia a Chevron, también, violadora de la Constitución por autorizar a la gigante petrolera estadounidense a producir y exportar petróleo venezolano) y el otorgamiento de beneficios a los sobrinos de Maduro para motivar al régimen a tomar medidas que demuestran su compromiso con una salida electoral libre, justa, competitiva y verificable. Algo que aún no ha sucedido… y en este momento dudamos por la falta de garantías que suceda.
En las negociaciones de México, Maduro no ha cedido en nada que favorezca la restitución de la democracia en Venezuela. Siguen los presos políticos, el secuestro de los partidos, suprimida la libertad de expresión y la violación de los derechos humanos.
Seguirle dando incentivos a un régimen que busca perpetuarse en el poder a toda costa continuará fortaleciéndolo sin comprometer su razón de ser, el secuestro de un país.
En esta nueva fase entre la Casa Blanca y Miraflores ―sin interinato―, la Plataforma Unitaria sirve de portavoz del régimen de facto para alcanzar sus objetivos.
Así sucedió con el canje de los sobrinos por los estadounidenses secuestrados. El mensaje del coordinador de la Plataforma era que no se le había cumplido [Estados Unidos] a Maduro con la promesa de liberar a sus sobrinos.
Ahora pide la suspensión de las sanciones contra la línea aérea Conviasa y Pdvsa. Claves para el régimen en la ejecución de actividades vinculadas con los ayatolás, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Miguel Díaz-Canel, Tamim bin Hamad Al Thani, entre otros, la primera, y para el suministro de crudo y tráfico de estupefacientes a los países de Petrocaribe, la segunda.
También solicita a la administración Biden el cumplimiento de la entrega de los 3.000 millones de dólares de los activos venezolanos bloqueados en el exterior al fondo que sería administrado por las Naciones Unidas. Recursos supuestamente necesarios para aliviar la responsabilidad del Estado en cuanto al suministro de servicios públicos, que contribuirán a mantener al madurismo en el poder.
La administración Biden, no obstante, ha asegurado que está en la disposición de normalizar la relación con Maduro en cuanto se establezca un compromiso para la realización de una elección presidencial “libre, justa, competitiva y transparente” en el momento que disponga el régimen, este año o el próximo. Lo determina quien controla el poder y no los principios jurídicos. Por ello, las licencias otorgadas a Chevron y a la Asamblea Nacional de 2015 no están enmarcadas dentro de la Constitución de Venezuela.
Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dijo a VOA que “no descarta reanudar relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro”.
Aunque lo considere una victoria, Maduro debe entender que el respaldo de Biden al fin del interinato no es su reconocimiento de facto. No. Es la alineación de la diplomacia estadounidense con la región que giró hacia gobiernos vinculados con el Grupo de Puebla.
Nichols lo dejó claro cuando el régimen de facto arremetió contra la nueva directiva de la AN 2015. “Estados Unidos apoya a quienes defienden valientemente la democracia venezolana. Nuevos ataques contra la oposición, incluso contra miembros de la AN 2015, impiden soluciones democráticas para Venezuela. Los esfuerzos deben centrarse en un camino a elecciones libres y justas en 2024”.
El fin del interinato forma parte de la alineación de la Casa Blanca con la región.
@antdelacruz_
Director ejecutivo de Inter American Trends
