Bloomberg: Demócratas se preparan para investigar acuerdo petrolero entre Trump y Alejandro Betancourt

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Los demócratas del Congreso de Estados Unidos preparan varias investigaciones para revisar los términos del acuerdo petrolero de $100.000 millones firmado por la administración de Donald Trump con North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa del empresario venezolano Alejandro Betancourt, para asumir el control de 17 campos petroleros en Venezuela.

Legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, del Comité de Servicios Armados del Senado y de otras instancias legislativas comenzaron a organizar las pesquisas sobre el convenio, anunciado en agosto, que contempla una concesión por 100 años para NABEP y una participación accionaria del 35% para el Gobierno estadounidense.

El representante demócrata por California Robert García, quien aspira a presidir el Comité de Supervisión de la Cámara el próximo año, afirmó que los legisladores quieren conocer los detalles de la negociación y determinar si hubo irregularidades, beneficios especiales para las compañías involucradas o garantías concedidas por la Casa Blanca.

«Queremos entrar y averiguar exactamente qué ocurrió», expresó García en una entrevista. Añadió que el objetivo también será impulsar leyes que permitan evitar posibles abusos en futuros acuerdos.

La administración Trump ha defendido el convenio al señalar que permitiría a Estados Unidos tener acceso a reservas probadas venezolanas estimadas en 65.000 millones de barriles y contribuiría a garantizar el suministro de crudo durante décadas. Según lo anunciado, NABEP prevé invertir hasta US$100.000 millones en infraestructura y elevar la producción en sus operaciones en el lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco.

El acuerdo también contempla que Estados Unidos tenga derecho a comprar, al costo, el 20% del petróleo extraído de esos campos. La Casa Blanca sostiene que esta disposición ayudaría a reducir los precios de la gasolina y a reponer las reservas estratégicas de crudo.

La portavoz presidencial Taylor Rogers calificó el convenio como «una gran victoria tanto para EE.UU. como para Venezuela» y acusó a los demócratas de obstaculizar iniciativas que, según la administración, benefician a los ciudadanos estadounidenses.

Por su parte, un portavoz de NABEP aseguró que el respaldo de Washington a los campos, anteriormente operados por empresas chinas y rusas, refuerza la seguridad energética del hemisferio occidental. También afirmó que la participación del Gobierno estadounidense no representó costos para los contribuyentes ni implicó financiamiento público para la compañía.

El representante de la empresa sostuvo que el convenio concede al Gobierno estadounidense supervisión en la junta directiva de NABEP, donde la mayoría de sus integrantes deberán ser ciudadanos de ese país, y somete a la compañía a mecanismos de rendición de cuentas mediante abogados, auditores y tribunales estadounidenses.

Sin embargo, los demócratas cuestionan que el contenido del acuerdo no haya sido divulgado públicamente y han manifestado preocupación por la participación de Betancourt, quien ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción en Estados Unidos, España y Suiza. El empresario no ha sido acusado y niega haber cometido irregularidades.

Tras los resultados de las recientes elecciones legislativas, los demócratas esperan utilizar sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado para exigir documentos y testimonios a funcionarios de la administración Trump. También podrán emitir citaciones para obtener información si lo consideran necesario.

Entre los aspectos que buscan esclarecer están las condiciones de la negociación, los compromisos asumidos por Estados Unidos a cambio de su participación accionaria y los mecanismos de supervisión de los ingresos generados por la producción petrolera.

En ese contexto, el Departamento de Estado publicó el 12 de noviembre un informe sobre la cuenta bajo control estadounidense en la que se depositan los ingresos petroleros. El documento señala que entre enero y septiembre fueron desembolsados US$12.100 millones a Venezuela.

El Comité de Servicios Armados del Senado también prevé investigar el acuerdo, según confirmó su principal representante demócrata, el senador por Rhode Island Jack Reed, quien previamente ha cuestionado el uso de la fuerza militar estadounidense para sacar del poder a Nicolás Maduro.

«Si entramos allí usando a Maduro como excusa, pero el verdadero objetivo es apoderarse del petróleo, para mí eso está mal», afirmó Reed. El senador agregó que le preocupa el uso de estructuras complejas para explotar los recursos venezolanos y consideró necesario conocer cómo se concretó la operación.

A las críticas se sumó el senador Richard Blumenthal, de Connecticut, quien presidirá el Subcomité Permanente de Investigaciones y adelantó que también examinará el convenio. «Me preocupa el potencial de corrupción», declaró.

Asimismo, el senador Martin Heinrich, de Nuevo México, quien se perfila para encabezar el panel de Energía del Senado el próximo año, anunció que mantendrá una supervisión del acuerdo. Una portavoz señaló que el convenio genera interrogantes sobre el uso del dinero de los contribuyentes, la autoridad legal para concretarlo y los posibles beneficios para los consumidores estadounidenses.

En la Cámara de Representantes, integrantes demócratas del Comité de Recursos Naturales continuarán trabajando con otros legisladores en una investigación iniciada a comienzos de año.

También se espera que participe el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que ya envió una carta en la que cuestionó la autoridad legal de la administración Trump para utilizar la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa en la adquisición de una participación accionaria en una empresa petrolera

Bloomberg