En la actualidad, las grandes potencias no ocupan países para quedarse con su petróleo. Eso sucedió el siglo pasado. En el XXI existen métodos más inteligentes: licencias, contratos, garantías financieras, participaciones accionarias, derechos de gobernanza y acuerdos suficientemente largos como para sobrevivir a varias generaciones de presidentes.
Venezuela podría estar entrando en ese mundo.
El llamado “mayor acuerdo petrolero de la historia”, anunciado por Donald Trump como una formidable victoria para Estados Unidos, contiene una paradoja que debería inquietar a cualquier venezolano, sea partidario u adversario del interinato en Caracas: el petróleo puede estar hallando una solución antes que la democracia.
Trump ha dicho que Estados Unidos tendrá control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas, obtendrá condiciones privilegiadas de suministro y fortalecerá su seguridad energética sin costo, según sus palabras, para el contribuyente estadounidense.
Desde Washington, la operación tiene sentido.
Las grandes potencias no practican la caridad internacional. Defienden intereses.
Estados Unidos necesita petróleo. Necesita seguridad energética. Necesita disminuir su vulnerabilidad frente a crisis como las de Oriente Medio y limitar la influencia que China y Rusia obtuvieron durante años en un país situado frente al Caribe y a pocos días de navegación de las refinerías estadounidenses.
La pregunta, por tanto, no es qué gana Estados Unidos. Eso está bastante claro.
La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿qué está construyendo Venezuela a cambio?
Porque existe una diferencia esencial entre poseer un recurso y controlar su explotación.
Venezuela puede mantener constitucionalmente la propiedad del petróleo bajo su territorio. Puede repetir solemnemente que los hidrocarburos pertenecen a la República. Puede incluso colocar la bandera nacional sobre cada torre de perforación. Pero si durante décadas otros controlan el capital, la tecnología, las garantías financieras, determinados derechos corporativos, el acceso preferencial a la producción y buena parte de las decisiones estratégicas, la propiedad jurídica termina siendo una soberanía bastante más modesta de lo que parece.
El país conserva la escritura. Otros pueden terminar administrando las llaves. Y las llaves importan.
El Pentágono entra al negocio
Hay además un elemento que convierte esta operación en algo mucho más interesante que otro acuerdo petrolero.
En su arquitectura aparece la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono y, como vehículo empresarial, North American Blue Energy Partners, NABEP, perteneciente a Alejandro Betancourt.
La sola presencia de una estructura financiera relacionada con el Departamento de Guerra modifica la naturaleza política de la operación. Porque cuando el Pentágono observa un barril de petróleo no necesariamente ve una mercancía.
Ve seguridad nacional.
Ve capacidad industrial.
Ve vulnerabilidades estratégicas.
Ve China.
Ve Rusia.
Ve guerras futuras.
Y, sobre todo, ve tiempo.
El petróleo venezolano dejaría entonces de ser exclusivamente un negocio energético para convertirse en una pieza del tablero geopolítico estadounidense.
No sería necesario administrar PDVSA desde Washington ni colocar soldados estadounidenses alrededor de cada pozo.
El poder puede ejercerse de manera mucho más discreta.
Una licencia de la OFAC puede conseguir lo que antes necesitaba una división militar. Una participación accionaria puede otorgar influencia donde antes hacía falta una ocupación. Un contrato de cien años puede resultar geopolíticamente más poderoso que una base militar.
Eso no convierte necesariamente el acuerdo en algo perverso. Pero sí obliga a llamarlo por su nombre. Esto no es solamente petróleo.
Es poder.
La tentación venezolana
Para Venezuela, sin embargo, existe una tentación todavía más peligrosa.
Durante años, quienes defendieron una transformación política del país sostuvieron una secuencia lógica: primero democracia, instituciones y Estado de derecho; después inversiones, crecimiento y reconstrucción petrolera.
Ahora puede estar imponiéndose la secuencia contraria.
Primero petróleo. Después democracia.
Primero estabilizar. Después institucionalizar.
Primero producir. Después elegir.
La fórmula tiene una enorme seducción porque Venezuela necesita urgentemente inversiones, empleos, electricidad, infraestructura y crecimiento.
Pero la historia latinoamericana debería ensenarnos que la prosperidad no produce automáticamente democracia.
Los autoritarismos también aprenden. Pueden modernizarse. Pueden abrir mercados. Pueden firmar contratos con multinacionales. Pueden permitir empresarios privados. Pueden incluso convertirse en socios útiles de democracias occidentales.
Lo único que no necesariamente hacen es entregar el poder.
Ese es el verdadero riesgo del acuerdo. No que fracase. Sino que funcione. Que aumente la producción. Que regresen inversiones. Que mejoren las exportaciones. Que entren dólares. Que Washington consiga seguridad energética. Que las empresas obtengan rentabilidad. Y que, precisamente porque todo eso funciona, la urgencia de la transición democrática comience lentamente a desaparecer.
Una dictadura más cómoda
La Venezuela futura podría entonces no parecerse demasiado a la Venezuela arruinada que hemos conocido.
Podría ser más estable. Más abierta. Más petrolera.
Más occidental. Más amigable con Washington. Y todavía no ser plenamente democrática.
Ese escenario debería preocupar mucho más que las discusiones semánticas sobre quién conserva jurídicamente la propiedad del subsuelo y NABEP. Porque un régimen violador de derechos humanos genera rechazo internacional. Una autocracia estable que produce petróleo resulta bastante más tolerable.
Aquí aparece el concepto incómodo que pocos quieren pronunciar: Estado tutelado.
Una tutela internacional puede ser necesaria durante una situación político inestable. Después de décadas de destrucción institucional sería ingenuo imaginar que Venezuela puede reconstruirse sin capital extranjero, tecnología, garantías internacionales y apoyo estadounidense.
El problema no es necesariamente entrar en la tutela. El problema es no saber cómo salir.
Toda excepcionalidad democrática necesita fecha de caducidad. Todo poder extraordinario necesita límites. Toda transición necesita desembocar en instituciones capaces de sobrevivir a quienes la diseñaron. Y todo acuerdo petrolero que comprometa generaciones debería terminar fortaleciéndolas, no sustituyéndolas.
El recurso más escaso
Venezuela posee petróleo de sobra. Lo que no posee de sobra es confianza.
Puede haber 65.000 millones de barriles comprometidos en un acuerdo o cientos de miles de millones bajo tierra. Ninguno construirá por sí mismo tribunales independientes, seguridad jurídica, separación de poderes, elecciones competitivas o respeto por la propiedad.
La riqueza más escasa de Venezuela no está enterrada en la Faja del Orinoco. Es institucional.
Estados Unidos puede garantizar contratos. Puede proporcionar financiamiento. Puede facilitar tecnología. Puede convertir nuevamente a Venezuela en un proveedor energético estratégico del hemisferio.
Lo que no puede fabricar desde Washington es legitimidad democrática. Y allí se decidirá finalmente si este acuerdo representa el comienzo de la reconstrucción venezolana o simplemente una versión más sofisticada de nuestra vieja tragedia petrolera.
Porque existe un desenlace perfectamente posible y profundamente inquietante.
Estados Unidos obtiene su petróleo.
Las empresas obtienen sus campos.
Los inversionistas obtienen garantías.
Quienes gobiernan obtienen ingresos.
China y Rusia pierden influencia.
Washington declara victoria.
Y los venezolanos continúan esperando elecciones, instituciones y soberanía. Entonces descubriremos que el problema nunca fue que Estados Unidos se quedara con el petróleo de Venezuela.
El verdadero peligro era mucho más sutil:
que todos consiguieran lo que querían antes de que los venezolanos recuperaran su país.
@antdelacruz_
