La disparada de los precios y el descalabro que ha sufrido la moneda frente al dólar durante las últimas seis semanas han evaporado el salario de los trabajadores venezolanos, agravando la dependencia de la población de menos recursos en las transferencias que recibe de manos del Gobierno: de acuerdo al tipo de cambio oficial, al cierre del 26 de agosto, el sueldo mínimo equivale a tan solo 2,4 dólares y no alcanza para comprar un envase de treinta huevos.
«Trabajo seis horas diarias de lunes a viernes y gano sueldo mínimo, mi esposa limpia apartamentos de vez en cuando, pero principalmente cuida a nuestra hija que tiene cinco años, el sueldo no alcanza para nada, pero estoy acostumbrado a trabajar y aquí la gente me ayuda y me dan propinas», dice Augusto Tovar, quien viste unos jeans en últimas condiciones, zapatos muy gastados y atiende el estacionamiento de un supermercado en El Cafetal, una urbanización clase media de Caracas.
Pero a pesar del deterioro del salario millones de familias, como la de Augusto Tovar, sobreviven gracias a los mecanismos que tiene la administración de Nicolás Maduro para apaciguar la pobreza: la distribución de cajas de comida a precios subsidiados por medio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el reparto de bonos como el «bono pueblo unido» cuyo monto superó en 25% al sueldo mínimo.
Luis Vicente León, director de Datanálisis, una de las principales consultoras del país, explica que de acuerdo al estudio elaborado en julio siete de cada diez familias manifiestan recibir regularmente las cajas de comida, que tienen un costo simbólico, pero equivalen a una transferencia de entre cuatro y cinco salarios mínimos.
«Además 60% de la población afirma haber recibido alguno de los bonos que reparte el gobierno de Nicolás Maduro. El salario mínimo es un referente, pero ya no funciona como base del ingreso familiar y el resultado final es un incremento severo en la capacidad de control social de la población por parte del Gobierno», advierte Luis Vicente León.
Agrega que «hemos hecho mucha investigación cualitativa sobre este tema. Mientras más dependan las familias del reparto que hace el Gobierno, más miedo tienen a perderlo. El porcentaje de la población que declara estar dispuesta a protestar ha caído a 20%, por diversos factores como pérdida de confianza en que la oposición puede sacar del poder a Nicolás Maduro y el miedo que crea la dependencia».
La última caja CLAP que recibió Augusto Tovar tenía tres kilos de arroz, un kilo de harina de maíz precocida para elaborar arepas, el pan de los venezolanos; cuatro kilos de pasta, un kilo de lentejas, una salsa de tomate, sardinas en lata y una mayonesa: «Con eso, los bonos y lo poco que gano sobrevivimos», dice con resignación.
Si bien la emigración ha derivado en que de acuerdo con Datanálisis el 28% de la población afirme que su familia recibe remesas de un familiar o amigos desde el exterior, en la mayoría de los casos este dinero solo alcanza para algunos gastos cotidianos.
El ajuste de Maduro
La bancarrota y la hiperinflación venezolana tienen su origen en que el petróleo provee 90 de cada cien dólares que ingresan al país y tras no ahorrar durante los años en que el barril se cotizó a niveles récord, no invertir para mantener la producción petrolera y endeudarse masivamente, la revolución Bolivariana se quedó sin suficientes dólares y optó por recortar drásticamente la venta de divisas, dejando a las empresas con pocos insumos y materia prima para producir.
La caída de la producción hundió la recaudación de impuestos, por lo tanto, el Gobierno comenzó a crear dinero en el Banco Central para cubrir gastos, generando una combinación que disparó la inflación: más dinero detrás de muy pocos productos.
A fin de contener la inflación, que en 2018 escaló a tasas mensuales superiores a 100%, en febrero de este año la administración de Nicolás Maduro comenzó a aplicar un ajuste silencioso: recorte del gasto público en términos reales, disminución de la creación de dinero en el Banco Central y reducción del crédito, aumentando la porción de los depósitos que las entidades financieras no pueden prestar.
El Gobierno ha recortado su gasto mediante exiguos incrementos del salario mínimo, retrasando el pago a proveedores y paralizando la inversión pública.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, explica que «de acuerdo a nuestros cálculos en términos reales el gasto del Gobierno cayó 60% al comparar el primer semestre de este año con el mismo lapso de 2018, este factor, unido a la menor creación de dinero y el recorte del crédito ha ayudado a que la inflación caiga desde tasas mensuales sobre 100% en 2018 a tasas en torno a 30% y 50% este año, claro, a costa de un declive brutal del consumo y la profundización de la recesión en una economía que no crece desde 2013».
El Gobierno ha postergado todo tipo de mejora en el salario en los últimos cuatro meses, propiciando un deterioro sin precedentes en la capacidad de compra de las remuneraciones, pero todo apunta a que será inevitable un incremento en el corto plazo: «La caída es muy agresiva y pensaría que en septiembre Nicolás Maduro va a anunciar un aumento del salario mínimo, pero no veremos una recuperación significativa, será un aumento que estará por debajo de la inflación acumulada de mayo-septiembre», dice Asdrúbal Oliveros.
Aparte del mayor control social que otorga el hundimiento del salario, el Gobierno ha postergado cualquier tipo de ajuste salarial por temor a que la inyección de gasto público, que supone el alza de las remuneraciones, aumente la presión inflacionaria que en julio cobró intensidad y se ubicó en 33,8%, nueve puntos por encima de la tasa de junio.
La firma Macro Consultores advierte en su último informe que el rebote de la inflación en julio, «es un síntoma nada alentador dado que este repunte ocurre en medio de una severa contracción del consumo, tanto privado como público, así como del crédito».
El gabinete económico también teme que un incremento en la inyección de dinero a la economía eleve la presión sobre el dólar que ha iniciado una rápida escalada en un entorno donde la demanda de divisas supera ampliamente a la oferta, que se ha reducido a niveles ínfimos tras el declive de 70% en la producción petrolera.
Entre el 22 de julio y el 27 de agosto, la cotización de la moneda estadounidense en el mercado oficial acumula un salto de 120% que ya comenzó a incidir en el precio de una amplia gama de productos y servicios como alimentos básicos, electrodomésticos, repuestos para automóviles y exámenes médicos.
El control en peligro
Estados Unidos, que junto a una larga lista de países considera fraudulentas las elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso legal para un nuevo mandato, ha impuesto sanciones al gobierno venezolano que amenazan con debilitar el mecanismo de distribución de alimentos a través de los CLAP.
El 5 de agosto Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite bloquear los activos que tengan en Estados Unidos las empresas que mantengan relaciones económicas con la administración de Nicolás Maduro, algo que podría entorpecer la compra de alimentos a Turquía y México, principales proveedores de los CLAP.
Si bien la orden ejecutiva contempla una licencia para la importación de alimentos y medicinas, el impacto en las exportaciones de petróleo, la principal fuente de ingresos del Gobierno, disminuirá la capacidad para comprar en el exterior, a lo que se añade la falta de bancos corresponsales para realizar los pagos y el peligro de que ante el temor a ser sancionadas las empresas extranjeras decidan cortar cualquier tipo de vínculo con la administración de Nicolás Maduro.
«Las licencias en el caso de alimentos puede ser algo teórico. ¿Si el Gobierno quiere importar alimentos cómo paga si se ha quedado sin bancos corresponsales? ¿Y con qué paga si el flujo de caja se le ve afectado por el impacto de las sanciones en las exportaciones petroleras?», indica Luis Vicente León
Agrega que «si como es probable las importaciones para los CLAP se ven afectadas, entonces la gran variable será cómo el Gobierno va a lograr que el sector privado del país aumente la producción de alimentos para garantizar el abastecimiento».
El camino no luce fácil en momentos en que la producción de alimentos cae en el sector agrícola por la falta de semillas, fertilizantes y la contracción del crédito, mientras que la agroindustria sufre por la escasez de materia prima y las constantes fallas de energía eléctrica.
Un informe de Polar, la empresa privada líder en la producción de alimentos, registra que en los últimos doce meses, debido a la falta de maíz blanco, arroz con cáscara y trigo, la compañía ha dejado de producir 244 millones de kilos de harina de maíz precocida, 47,5 millones de kilos de pasta y 24 millones de kilos de arroz que han debido surtir a supermercados, abastos y bodegas.
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