No es la primera vez que el gobierno de Trump ejerce una sanción contra la dictadura de Maduro, pero si es la más impactante hasta el momento.
Se ha hecho la salvedad en numerosos casos que las sanciones no son impuestas contra el golpeado pueblo venezolano sino contra los funcionarios corruptos y personalidades del entorno familiar y amigos de los corruptos y violadores agentes de la dictadura castromadurista, incluso se han impuesto sanciones contra las propias empresas criminales del régimen desde las protestas del 2014. 2017, la crisis institucional, las elecciones de la ANC. Las ilegítimas elecciones presidenciales del 2018, restricciones contra el crudo, el Petro y el oro.
La orden ejecutiva no detalla los activos que tiene el gobierno usurpador de Maduro en territorio estadounidense. El principal activo es la petrolera Citgo pero ya se encontraba bloqueada desde enero del 2018. EEUU reconoció la una nueva junta directiva de la empresa nombrada por el Parlamento venezolano y controlado por el interinato presidencial de Juan Guaidó.
Previo al embargo los EEUU han sancionado a Maduro, su esposa Cilia, su hijo Nicolasito, y parte de su entorno familiar corrupto, incluido sobrinos e hijastros, el canciller Jorge Arreaza, los altos mandos militares, empresas del sector petrolero, financiero y minero en poder de enchufados y se espera que próximamente sean ejecutadas medidas contra testaferros y familiares con propiedads, activos e inversiones no solo en los EEUU, sino en los países aliados, incluida toda Europa.
La medida tomada por Trump este lunes sanciona a las empresas extranjeras que proporcionen apoyo o bienes a la dictadura, empresas de terceros que prestan servicio y que ya se encuentran en la lista negra. Se estima que las empresas turcas, chinas y rusas podrían ser afectadas.
Hay más de 100 funcionarios chavistas afectados por el revocatorio de visas. La orden autoriza al gobierno de los Estados Unidos a identificar, atacar e imponer sanciones a las personas que continúen proporcionando apoyo al régimen de Nicolás Maduro, muchos de los cuales hacen vida en los EEUU.
Es la primera vez en 30 años que un gobierno de los EEUU recurre a un «congelamiento» tan amplio. Pero el gobierno de Trump insiste en que el bloqueo es contra el régimen y no contra los venezolanos.
De hecho, la idea es eximir actividades vitales para la sociedad civil como la provisión de productos humanitarios, el reparto de correo, telecomunicaciones, acceso a Internet, y las actividades emprendidas por organizaciones internacionales y no gubernamentales.
La serie de sanciones que Estados Unidos aplica contra la dictadura de Maduro comenzó en 2014 durante el gobierno de Barack Obama con una ley que impuso penalidades contra personas responsables de violaciones a los derechos humanos.
En julio de 2017, ya bajo el gobierno de Donald Trump, el Tesoro sancionó a Maduro, un día después de la celebración de elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente con miras a imponer «un régimen autoritario», según dijo.
Tras desconocer por fraudulento el inicio del segundo mandato de Maduro el 10 de enero, Estados Unidos impuso sanciones contra PDVSA, que exportaba diariamente 500.000 barriles de petróleo ultra pesado a Estados Unidos, donde operaba Citgo, una filial de la petrolera estatal venezolana cuyas cuentas quedaron bloqueadas para entregarle el mando de sus finanzas a Guaidó.
Actualmente las sanciones afectan a Maduro y sus allegados, al canciller, los altos mandos militares, sectores claves de las finanzas chavistas y los testaferros y socios del oro, también a navieras que hayan transportado crudo venezolano.
Las medidas de castigo continuarán vigentes hasta que el país sea gobernado por «un gobierno de transición o un gobierno elegido democráticamente”.
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