El otorgamiento de casa por cárcel al diputado por Primero Justicia Juan Requesens el
pasado viernes y la liberación vía indulto de 110 opositores hace 2 días forman parte de
un plan que busca mantener la presidencia de facto de Nicolás Maduro. Inició con el
comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana del 11 de agosto, que cambió el
centro de gravedad de la lucha política de la ilegitimidad del heredero de Chávez y su
elección parlamentaria del 6 de diciembre, por la ausencia de una hoja de ruta después
de los comicios legislativos por parte del gobierno interino.
Hasta este momento la estrategia de la presidencia interina de impugnar la legitimidad
de la votación legislativa convocada por el régimen de Maduro ha sido acompañada por
parte de la comunidad internacional. De la misma manera que ocurrió con la elección
presidencial de 2018, en la cual solo participaron los partidos minoritarios conocidos
como “la mesita” y que resultó en el reconocimiento de 60 países al presidente de la
Asamblea Nacional como el primer mandatario interino de Venezuela desde enero de
2019.
La Unión Europea, en un comunicado oficial que publicó el mismo 11 de agosto, señaló
que el proceso electoral parlamentario convocado por Maduro no cumple con las
condiciones electorales –transparente, inclusivo, libre y justo– planteadas en la
Constitución de Venezuela.
Por otro lado, el gobierno de Donald Trump ha estado incrementando la política de
máxima presión hacia el régimen bolivariano. En consecuencia, la caída a niveles
mínimos de los ingresos por concepto de exportaciones petroleras ha generado una
crisis en el mantenimiento de la estructura de poder. Esto ha llevado a Maduro a
depender de las entradas resultantes de las actividades ilícitas, develando el verdadero
rostro de la dictadura: una red criminal con asociados internacionales.
Además, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, ha denunciado desde 2019 una estrategia oficial “orientada a
neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al régimen”. En julio de este año, señaló que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro sobre el nuevo Poder Electoral y los principales partidos de oposición “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos” en Venezuela.
Ante estas realidades y la inminente extradición del presunto testaferro de Maduro, Alex
Saab, de Cabo Verde a Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, los asociados
internacionales de la corporación criminal están buscando a toda costa legitimar a
Maduro con las parlamentarias. Su salida del poder dejaría a Cuba en una situación más
difícil que cuando sucedió la caída del muro de Berlín, conocida como el período
especial. Asimismo, colocaría en un riesgo de implosión la organización con las
implicaciones judiciales para sus cabecillas.
Por ello, el 12 de agosto –un día después del comunicado de la CEV– el papa Francisco
se reunió con Bachelet para conocer su punto de vista en cuanto a los requerimientos
necesarios para avalar una supuesta transición en Venezuela con Maduro en el poder, a
través de la elección parlamentaria. El resultado se conoció el lunes con los 110
opositores (presos, asilados en embajadas y exiliados) “indultados”. Pareciese que la
condición mínima de la alta comisionada para contribuir a “una negociación política
inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos” fue
la liberación de personas detenidas por disentir con las políticas chavistas que han
destruido socioeconómicamente la nación.
Desde junio (nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y
convocatoria a las elecciones parlamentarias) hasta el 11 de agosto (comunicado de la
CEV), el relato dominante fue el rechazo al CNE chavista y a la convocatoria legislativa
por la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, el Grupo de Lima, la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comunidad
Europea, quienes reconocen al gobierno interino de Guaidó.
A partir del comunicado de la CEV, la narrativa es la participación en las elecciones
parlamentarias y la unidad de los partidos que apoyan el gobierno interino. Cambió de
la ilegitimidad de Maduro a la falta de unidad y ruta de las fuerzas democráticas.
Los principales facilitadores de la propuesta cubana son a nivel internacional el
Vaticano, Michelle Bachelet, Josep Borrell, el gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo de
Puebla; y a nivel nacional: la CEV y Henrique Capriles.
El Vaticano pone en jaque al gobierno interino.
@antdelacruz /Director Ejecutivo de Inter American Trends
