La comisionada del Distrito 1 de Osceola, Peggy Choudhry, busca la reelección, pero su campaña se encuentra en el ojo del huracán. Denuncias por incumplimiento ético y legal en la propaganda electoral, junto con demandas por contratos impagados, han encendido la polémica en Kissimmee. ¿Qué hay detrás de estas críticas? Te contamos todos los detalles.
En sus dos períodos de gestión la Comisionada Choudhry ha sido criticada por su falta de transparencia en la gestión de fondos públicos, por no ofrecer hasta ahora claridad sobre la forma como se vienen distribuyendo los recursos del condado, especialmente en proyectos de infraestructura y servicios sociales.
La falta de una rendición de cuentas clara en la administración de recursos públicos ha generado una preocupación entre los contribuyentes y ha debilitado la confianza pública en su capacidad para manejar los fondos del condado de manera ética y efectiva, luego de constatarse el uso de unidades móviles pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro como “The Salvation Army”, rotuladas con propaganda alusiva a la campaña electoral de la candidata a la reelección.
El Ejército de Salvación o The Salvation Army en inglés, es una organización cristiana internacional (Fundada en Londres en 1865) dedicada a la asistencia social como atención médica, y ofrecimiento de refugio y alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, así como programa de rehabilitación a personas con adicción a las drogas o con problemas de conducta dentro de un entorno social, además de la difusión de su fe cristiana.
La organización cuenta en Florida con centros de ayuda, comedores, refugios y programas de rehabilitación en ciudades como Miami, Orlando y Tampa. Junto a la comisionada Choudry llevaron a cabo en 2018 el primer centro de recursos de emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana del condado de Osceola, mantenido y operado por el Ejército de Salvación.
Sin embargo, El Ejército de Salvación como fundación sin fines de lucro, debe seguir ciertas regulaciones y restricciones en cuanto a actividades políticas, especialmente si está recibiendo fondos públicos. Las reglas varían según el país y las leyes locales, pero en general, las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos deben cumplir con ciertas normativas en cuanto a involucrarse en actividades políticas o de campaña.
En Estados Unidos, específicamente en la Florida, las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, como las que están registradas bajo el código 501(c)(3) del IRS, no pueden involucrarse directamente en campañas políticas a favor o en contra de un candidato. Esto incluye la recaudación de fondos, la promoción o la organización de eventos para un candidato específico. Si lo hacen, podrían perder su estatus fiscal exento de impuestos.
Una organización sin fines de lucro que opera bajo el código 501(c)(3), tiene prohibido involucrarse directamente en cualquier campaña de un candidato local o de cualquier otra circunstancia política. Si la candidata pidió al Ejército de Salvación involucrarse en la propaganda a través de sus vehículos podría enfrentarse consecuencias como la pérdida de su estatus de exención fiscal.
Por supuesto que existen organizaciones sin fines de lucro bajo el código 501(c)(4) que pueden involucrarse en actividades políticas, pero no pueden hacer campañas de apoyo directo a un candidato con fines de lucro. Cualquier organización que estuviera operando bajo una estructura similar, las reglas serían diferentes, pero eso sería poco común para una organización que generalmente se dedica a labores sociales, religiosas y humanitarias.
Si el Ejército de Salvación recibe fondos de una comisionada local o de su administración, no puede hacer campaña a favor de la reelección de una candidatura local sin infringir las reglas de exención fiscal y otras normativas relacionadas con las organizaciones sin fines de lucro, además existe el riesgo de que se perciba que está promoviendo intereses políticos o que se le esté utilizando para fines electorales, lo que podría afectar su credibilidad y la confianza pública en la organización.
Además cuando una organización sin fines de lucro apoya electoralmente a algún funcionario como solidaridad automática a cambio de fondos o recursos, existe la percepción entre los votantes de que se está produciendo la compra de un favoritismo político.
Lo grave sería, y esto tocaría investigarlo a los órganos competentes, que si los fondos públicos proporcionados por un funcionario son utilizados para su propia campaña electoral, esto podría ser interpretado como un intento de compra de apoyo electoral, lo que violaría las normas de transparencia y ética pública, con grave daño para la imagen de ambas partes.
Irregularidades del caso Milla quedaron en el olvido
La gestión de la Comisionada Peggy Choudhry ha estado marcada por incumplimiento de contratos,mala gestión de recursos, falta de transparencia,maltrato al personal y contratistas, y una visión limitada para el desarrollo del Distrito 1. Estas acciones, combinadas con denuncias de favoritismo y falta de comunicación con la comunidad, hacen que su reelección sea cuestionable.
Uno de los casos que hizo mella entre los trabajadores y contratistas de la construcción del Condado de Osceola fue la demanda contra Santiago Milla, a través de su empresa Milla Construcción, LLC, contratada por la Comisionado Peggy Choudry, para realizar trabajos de reparación y mantenimiento que luego se convirtieron en una disputa civil.
Al principio del proyecto ambas partes llegaron a un acuerdo para que Milla Construction, LLC realizara solo mano de obra en el proyecto de Choudhry, generando confusión sobre la inclusión de materiales.
Entre enero y junio del 2018, Milla Construction LLC, proporcionó mano de obra para el trabajo de cimentación, losa y albañilería así como el gastó de fondos adicionales para la compra de materiales para el proyecto para el que fue contratado, por los cual el constructor esperaba reembolso. La Comisionada creía que su acuerdo incluía todos los materiales para completar el trabajo y Milla Construction, LLC creía que el acuerdo era solo para mano de obra.
Debido a esta disputa, un proveedor de materiales, Cemex, presentó una reclamación de gravamen, por un monto de $29.981.22, sobre la propiedad de la Comisionada por falta de pago por materiales proporcionados al proyecto.
El 13 de julio de 2018, Choudhry contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola y realizó una declaración jurada afirmando falsamente que Milla no había completado el trabajo en su proyecto y le debía a la contratante $98.731.22.
El 26 de julio de ese mismo año, el abogado de la comisionada envió a Milla y a la empresa Milla Construction, LLC, una carta en la que la Comisionada alegaba que Milla en primer término, era un contratista no licenciado, lo cual “constituye un delito menor” y segundo, “cometió un delito grave al malversar fondos de construcción”, resumiendo que «Milla Construction es un contratista no licenciado que ha estado participando en actividades criminales…»
La carta luego exigía que Milla Construction reembolsara al propietario $20.700.00 y pagara la reclamación de gravamen de Cemex por un monto de $29.981.22 “dentro de 10 días” o “el Propietario tendría la intención de perseguir todos los remedios disponibles bajo la ley vigente.»
Basado en la declaración jurada de Choudhry ante la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, el 12 de julio de 2019, se presentó un caso penal contra Milla, y el 16 de julio de 2019, Milla fue arrestado y acusado de dos delitos graves y un delito menor.
La autoridad en ejercicio de sus funciones presentó una declaración jurada falsa que llevó al arresto de Santiago Milla, acusándolo de delitos graves y un delito menor, lo que causó daños significativos a su reputación y bienestar personal.
La declaración jurada presentada por la comisionada Peggy Choudry ante la Oficina del Sheriff fue utilizada como base para las acusaciones penales contra Milla, alegando que este había malversado fondos de construcción.
El demandante Milla sufrió vergüenza, humillación, pérdida de trabajo e ingresos, así como gastos en defensa legal debido a las acciones legales en su contra.
Durante la declaración de la comisionada, ella reiteró acusaciones de fraude contra Santiago Milla, a pesar de su papel como contratista y su conocimiento de las circunstancias contractuales.
Sin embargo el 11 de marzo de 2021, el Estado de Florida a través de un “Nolle Prosequi” desestimó todos los cargos contra Milla, lo que significa que fue exonerado de todas las acusaciones y cargos en su contra.
La Comisionado Peggy Choudry firmó un «Affidavit de Propietario Constructor» que la responsabilizaba de los permisos y la legalidad de la contratación, lo cual se contradice con sus acciones posteriores.
Estos puntos destacan el abuso de poder por parte de la actual comisionada y cómo sus acciones llevaron a graves repercusiones a Santiago Milla sabiendo que era inocente. Milla en cambio no presentó ninguna acción legal contra la Comisionado relacionado por la «Declaración/Affidavit de Propietario Constructor» que firmó en octubre de 2017.
VUSA
