Cuando Nicolás Maduro consiguió el mando, después de la muerte de Hugo Chávez y de ganar por apenas 220 mil votos los comicios presidenciales de 2013, tuvo que ceder en un reparto de poder que le garantizara su supervivencia política.
A diferencia de los años en los que gobernó Hugo Chávez, en los cuales las familias políticas que existían conformaban grupos de incidencia económica y política, pero las decisiones finales los tomaba el Primer Mandatario; en los primeros años de la era Maduro, este tuvo que ceder el control y las decisiones sobre áreas claves del gobierno a los grupos que le garantizaran su permanencia en el poder.
Entre los años de 2013 y 2017 el poder político y económico se dividió en siete grupos: las familias encabezadas por Nicolás Maduro y Cilia Flores; Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Aristóbulo Isturiz, la Almirante Carmen Meléndez, Elías Jaua y Jorge Arreaza, quien era el rostro más visible del Clan Chávez.
A estos grupos debe incluirse la influencia y control específico que mantienen los militares sobre el gobierno y sobre los distintos grupos o familias políticas que hacen vida dentro de la Revolución Bolivariana. En especial destaca la influencia del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
La diferencia principal entre la distribución de poder durante los gobiernos de Chávez y Maduro, es que el primero logró aglutinar bajo su mando distintas tendencias y pensamientos; Maduro propició que los intereses individuales, grupales y hasta corporativos de los grupos que hacen vida dentro de la Revolución Bolivariana se fortalecieron para garantizar la estabilidad de su mandato.
Según el más reciente informe de coyuntura política de la firma Carpe Diem, hasta 2017 el poder económico se distribuyó entre cuatro grupos o familias políticas, mientras el control político siguió bajo decisiones concertadas entre los intereses de la mayoría de los decisores.
No obstante, a partir de 2017 (año en que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente liderada por Diosdado Cabello), comenzó una depuración lenta, pero sostenida de los grupos que se reparten el poder en Venezuela.
Hasta 2017 el control económico en la distribución de las divisas preferenciales se centraba en las decisiones e intereses de la Almirante Carmen Meléndez (en alianza con el general Rodolfo Marcos Torres), del grupo de Diosdado Cabello y del ministro de la Defensa Padrino López. Adicionalmente, las decisiones sobre finanzas públicas recaían en los grupos del propio Nicolás Maduro-Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.
Por otra parte, las decisiones políticas se tomaban según los intereses de los grupos liderados por Cilia Flores, Diosdado Cabello, Elías Jaua, Aristóbulo Istúriz, Francisco Ameliach y Tareck El Aissami.
Sin embargo, de 2017 en adelante, esta distribución del poder comenzó a reconfigurarse, bien sea por la muerte de actores relevantes como Aristóbulo Isturiz o la exclusión paulatina de actores ideológicamente distantes de Maduro como el exministro Elías Jaua.
En esencia, de las siete familias o clanes políticos que integraban el gobierno venezolano hasta 2017 se pasó paulatinamente a solo tres grupos civiles que concentraban el poder, con un ascenso vertiginoso de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez.
En esta reconfiguración de la distribución del poder se han visto marginados y perdiendo cada vez más incidencia figuras históricas del chavismo –que alcanzaron cuotas significativas de influencia durante el gobierno del difunto–, como Rafael Ramírez, Jorge Giordani, Héctor Navarro, Mario Isea o Andrés Izarra.
Maduro se estabiliza
Las detenciones de más de 42 funcionarios del gobierno venezolano durante las últimas dos semanas (la mayoría del entorno de Tareck El Aissami) pudiesen generar la impresión que la coalición gobernante en torno a Nicolás Maduro se fracturó. No obstante, según la conclusión de los analistas de la firma Carpe Diem, las medidas demuestran que la estructura de poder en torno a Nicolás Maduro gana estabilidad, al igual que el grupo liderado por Diosdado Cabello y el entorno de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez.
Incluso la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) estará liderada por familiares de Cabello. Y aunque desde el gobierno de Maduro se intenta justificar las detenciones como una cruzada en contra de la corrupción, el reacomodo de piezas políticas cada día luce como la explicación más sencilla y probable.
Javier Mayorca, periodista especializado en temas militares y de seguridad, ha insistido que el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, instancia que ha estado encargada de las detenciones de los últimos días, es desde su nacimiento “uno de los mecanismos de los que goza el régimen para protegerse”.
Para el analista, “no se trata de un órgano independiente” sino que “su director y demás integrantes son seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa), que es el punto de convergencia entre las inteligencias venezolana, cubana y de otros aliados foráneos”.
De hecho, Mayorca recuerda que “el mecanismo para la designación (de los funcionarios integran el Cuerpo Nacional contra la Corrupción) consiste en entregar una lista de candidatos al propio Maduro, quien al final formaliza el nombramiento. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción depende orgánicamente del Palacio Presidencial de Miraflores”.
Incluso, Mayorca recuerda que “el Cuerpo Nacional contra la Corrupción no rinde cuentas a la Fiscalía, sino al palacio de gobierno”. Para Mayorca es evidente que no estamos ante una «cruzada contra la corrupción», porque “solo se atacará cierta corrupción, la que en este particular momento interesa sacar del juego”.
Los militares aumentan su poder
En el reacomodo de grupos de poder el sector militar venezolano es uno de los más beneficiados. Aunque en diciembre de 2015, Maduro ordenó el regreso a los cuarteles de los militares, después de estos haberse desempeñado en cargos gubernamentales y civiles, la realidad es que en los últimos siete años la presencia de militares activos en cargos gubernamentales estratégicos aumentó significativamente.
La organización Control Ciudadano (especializada en el seguimiento de temas militares) recuerda que con la designación del coronel del ejército, Pedro Rafael Tellechea Ruiz, como nuevo ministro del Poder Popular de Petróleo, en sustitución de Tareck El Aissami, se eleva a 14 el número de ministros de Maduro que provienen de la Fuerza Armada.
La designación de militares al frente de ministerios en Venezuela, vuelve a llegar a su punto máximo en el gobierno de Maduro, similar al alcanzado en noviembre de 2017, cuando también se documentó la cifra de 14 ministros militares en el gabinete.
Según el análisis de Control Ciudadano, “se está consolidando una élite militar con enorme poder político, que nunca se ha puesto las botas en cargos operacionales dentro de la FANB”.
@puzkas/ Diario Las Américas
