El régimen de Nicolás Maduro conmenzó una llamativa purga de alcaldes y jueces en las úlgtim,as horas, según informó el medio local Monitoreamos. Según el comunicado oficial de la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela, el régimen solicitó al Ministerio Público (MP,Fiscalía) procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que “ejercían funciones” en el poder público y que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
En el documento difundido por el régimen, el cuerpo policial explicó que “ha iniciado -ante la Fiscalía- una solicitud de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
La solicitud, prosigue el texto, responde al “resultado de una investigación profunda, realizada por meses, que apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país”, si bien el escrito no detalla la cantidad de personas señaladas ni sus identidades.
Uno de los primeros detenidos fue Joselit Ramírez, quien además de dirgir la Superintendencia Nacional de Criptoactivos era el director del despacho de Tareck El Aissami, el ministro de Petróleos de la dictadura y por el que el Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreció el lunes 17 de marzo una recompensa de cinco millones de dólares para dar con su paradero.
Ligado a Tareck El Aissami, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho es un funcionario venezolano, acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El pliego acusatorio alega que Ramírez Camacho trabajó con otros para violar y evadir sanciones de OFAC relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas. En conexión con este esquema ilegal, Ramírez presuntamente coordinó viajes para individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela sancionados por OFAC,
notablemente durante la campaña de «reelección» del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Además, se alega que Ramírez Camacho conspiró con otros para blanquear pagos para los actos ilícitos mencionados mediante contrabando de dinero en efectivo a granel desde Caracas, Venezuela hacia Nueva York, NY. En esta oportunidad estaría incurso en la desaparición de 3 mil millones de dólares por ingresos petroleros.
Igualmente dos importantes jueces fueron arrestados en este operativo anticorrupción con el que el régimen de Maduro intenta lavarse la cara, son ellos el presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret y el juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Mascimino Márquez García.
Cornieles Perret, fue juramentado el 29 de octubre de 2022 como juez de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la magistrada Gladys Gutiérrez, mientras que Márquez García, ha sido uno de los principales responsable de la persecución política durante los últimos años en el país.
Asimismo, dos militares vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron arrestados: el coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos.
Otro de los detenidos por el régimen de Maduro, fue el alcalde chavista de Las Tejerías en el estado Aragua, Pedro Hernández, por estar ligado a bandas criminales y permitir que líderes como “El Koki”, se refugiaran en la zona montañosa al amparo de bandas locales como la de “El Conejo”.
Agencias
