Más de siete millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015; de estos, seis millones se han establecido en otros países de América Latina. El episodio migratorio más importante de la historia de la región tiene su origen en el colapso de la economía del país, que ha dejado a los venezolanos luchando por cubrir sus necesidades básicas.
Se estima que, entre 2013 y 2021, el producto interno bruto de Venezuela ha disminuido más del 75%, el porcentaje más elevado de los últimos 50 años para un país que no está en guerra. La pandemia de COVID-19 agravó la crisis económica y humanitaria; en 2020, más del 95% de los venezolanos vivían por debajo del umbral de pobreza.
La llegada de venezolanos en busca de una vida mejor ha generado tensiones en las economías —y sociedades— de los países latinoamericanos de acogida, que ya enfrentaban presupuestos ajustados, sobre todo desde la pandemia.
Colombia, el país que ha recibido el mayor número de migrantes venezolanos, calcula que gastó unos USD 600 por migrante en 2019. Este monto se destinó a ayuda humanitaria, salud, cuidado de niños, educación, vivienda y apoyo a la búsqueda de empleo. Con más de dos millones de recién llegados, esto significa USD 1.300 millones en asistencia. En 2019, el costo alcanzó el nivel máximo: el 0,5% del PIB de Colombia.
No obstante, en el largo plazo, esta inversión podría reportar un incremento del PIB de hasta 4,5 puntos porcentuales para 2030 en los países de acogida, según se desprende de nuestro estudio más reciente sobre las repercusiones de la migración venezolana.
Para obtener beneficios de la migración, es necesario que los países de acogida integren a los recién llegados en la fuerza laboral formal —y también en la sociedad— mediante la concesión rápida de permisos de trabajo y el acceso a los servicios de educación y salud.
Flujos migratorios
Tras una breve interrupción por la pandemia, durante la cual muchos países cerraron sus fronteras, la migración venezolana se ha reactivado y se espera que se mantendrá en los próximos años, a un ritmo sin embargo menor.
Según nuestros cálculos, el número de migrantes venezolanos alcanzará los 8,4 millones en 2025, lo cual representa más del 25% de la población del país en 2015.
Las características de los migrantes han evolucionado con la intensificación de la crisis económica. La primera ola de migrantes estuvo constituida principalmente por profesionales con un nivel educativo superior. La segunda, por jóvenes de clase media con titulación universitaria. Desde el colapso de la economía en 2017-2018, los migrantes han provenido de hogares de bajo ingreso con un nivel educativo inferior.
En términos generales, el perfil demográfico de los migrantes venezolanos es similar al de la población local de los países de acogida. Casi dos tercios están en edad de trabajar, y casi la mitad son mujeres.
La mayoría se han establecido en otros países de América Latina, pero algunos han emigrado a América del Norte y Europa, sobre todo a Estados Unidos y España.
Colombia sigue siendo su destino principal, pero Chile, Ecuador y Perú también han recibido flujos importantes; la suma de los migrantes recibidos por estos tres países supera los dos millones, lo cual representa más del 3% de la población local, en promedio.
Efecto sobre los mercados de trabajo
Nuestro estudio concluye que los migrantes venezolanos —muchos de ellos con una formación superior a la de la población local— enfrentan un mayor desempleo, tienen más probabilidades de trabajar en el sector informal inicialmente, y ganan menos que los trabajadores locales.
No observamos indicios de que los migrantes estén desplazando a los trabajadores nacionales, aunque sí detectamos presiones a la baja sobre los salarios en el sector informal.
La brecha salarial entre trabajadores nacionales y migrantes aumenta con el nivel de formación, lo cual indicaría deficiencias en la asignación de capital humano —competencias, conocimientos y experiencia—, ya que los migrantes con un alto nivel de estudios por lo general solo encuentran empleo no calificado. En promedio, los trabajadores nacionales ganan un 30% más que los migrantes.
Costo y beneficios
Según el análisis, prestar asistencia humanitaria a los migrantes y darles acceso a los servicios públicos acarrea costos fiscales considerables y ejerce presión sobre los presupuestos de los países de acogida, como revela el ejemplo de Colombia.
No obstante, el análisis también identifica beneficios importantes a mediano plazo en materia de productividad y crecimiento, consecuencia de un incremento de la fuerza laboral y un mejor alineamiento entre el capital humano de los migrantes y los puestos de trabajo. Estos beneficios son mayores en los países que reciben flujos migratorios más importantes y cualificados en relación con la población local.
Las estimaciones indican que, con las ayudas y las políticas de integración adecuadas, la migración venezolana puede incrementar el PIB real de Perú, Colombia, Ecuador y Chile entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales para 2030 con respecto al escenario de referencia sin migración.
Asimismo, las proyecciones señalan que el costo de integrar a los migrantes se iría reduciendo con el tiempo, a medida que estos se incorporasen a la fuerza laboral, al aumentar la actividad económica y ampliar la base tributaria.
Apoyo continuado
En las primeras etapas de la crisis migratoria, los países de América Latina recibieron con los brazos abiertos a los migrantes venezolanos, prestándoles apoyo en forma de exención de visado, tarjetas de movilidad y acceso a asistencia humanitaria, salud, educación y cuidado de niños. Asimismo, se les concedieron permisos de trabajo y convalidaciones para ayudarles a integrarse en el mercado laboral.
No obstante, con la intensificación de los flujos migratorios en 2018 y 2019, se observa un cambio de las políticas. Mientras que algunos países introdujeron programas nuevos para facilitar la integración de los migrantes, otros pusieron trabas a la entrada de venezolanos, al requerirles documentación adicional.
Los países deben seguir brindando apoyo a los migrantes y ayudarles a integrarse en el sector formal, para que puedan encontrar trabajos acordes con su capital humano y contribuyan al aumento de la productividad de la economía.
Para ello, habrá que mejorar las medidas transitorias y los regímenes de asilo, incorporar los migrantes a los sistemas de salud y educación, y regularizar a los trabajadores migrantes concediéndoles permisos de trabajo y acelerando la convalidación de capacidades y estudios.
Con el fin de cubrir los costos de aplicación de dichas políticas, los países deben solicitar ayuda a donantes e instituciones internacionales. El FMI está analizando los efectos de la migración y trabaja con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos pertinentes para ayudar a los países a acceder a recursos de financiamiento.
Asimismo, los países de la región deberían acordar una respuesta coordinada a la crisis migratoria, en la cual cada uno contribuya en su justa medida al apoyo y la integración de los migrantes.
Morfemapress
Marco Arena es Economista Principal en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Emilio Fernandez Corugedo es Subjefe de División en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Jaime Guajardo es Subjefe de División en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Juan Francisco Yepez es Economista Principal en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
