La Corte Suprema federal podría impedir que miles de personas que viven en Estados Unidos por razones humanitarias o por TPS soliciten convertirse en residentes permanentes.
En una sesión vía telefónica, los magistrados parecían inclinarse a favor del argumento presentado por el gobierno de Biden acerca de que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que entraron ilegalmente en el país y que ahora tienen el Estatus de Protección Temporal (o TPS) solicitar “tarjetas verdes” para permanecer en el país de forma permanente.
La designación de TPS se aplica a las personas que proceden de países asolados por guerras o catástrofes, les protege de la deportación y les permite trabajar legalmente.
Es un caso en el que el gobierno se opone a los grupos de inmigrantes que sostienen que la ley federal es más indulgente con las 400.000 personas amparadas por el TPS. Muchos han vivido en Estados Unidos durante muchos años, han tenido hijos que son ciudadanos estadounidenses y han echado raíces en este país, dicen sus defensores.
El Departamento de Justicia dice que es una posición que ha sido sostenida durante 30 años por gobiernos de ambos partidos.
El presidente Joe Biden es partidario de cambiar la ley para que los beneficiarios del TPS y otros inmigrantes puedan naturalizarse. La iniciativa de ley que permitiría ajustar el estatus migratorio de las personas que están aquí por razones humanitarias ha sido aprobada por la Cámara, pero sus posibilidades de aprobación en el Senado no son buenas.
El juez Brett Kavanaugh dijo que el tribunal debería ser “cuidadoso en cuanto a jugar con los estatutos de inmigración tal como están escritos”, especialmente cuando el Congreso podría actuar. “Pero a manera de panorama general, ¿por qué deberíamos intervenir aquí cuando el Congreso está muy centrado en la inmigración?”, preguntó Kavanaugh.
El caso gira en torno a si las personas que entraron en el país ilegalmente y recibieron TPS fueron alguna vez “admitidas” en Estados Unidos como lo estipula la ley de inmigración.
Los 10 países que cuentan con una protección similar son Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.
