Prometió algo diferente, una “agenda progresista” soportada en supuestos inaplicables en un país con problemas sociales como la violencia crónica, pobreza, la exclusión social histórica y desigualdades ancestrales. Contrario a sus promesas y “la sabia decisión de los colombiano de darle la oportunidad de gobernar a la izquierda”, Gustavo Petro (2022-2026) aplicó una gestión que el tiempo demostró cuan letal es para Colombia.
Los cuatro años de presidencia de Petro muestran signos preocupantes de la destrucción sistemática de la moral pública. Su gestión puso a toda prueba a sus instituciones, advirtió el catedrático de la Universidad del Zulia (Venezuela) y de la del Atlántico (Colombia), Rafel Portillo, cuando asumió el poder. También evidenció su total articulación con la agenda del Foro de Sao Paulo basada en la corrupción generalizada de las instancias de poder (caso Odebrech-Lava Jato liderada por su fundador, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva), el uso de la democracia para llegar al poder, el apoyo al narcotráfico para minar a la sociedad norteamericana y la explotación de la pobreza con fines políticos.
Pero aprovechando las lecciones de este contradictorio período, el próximo presidente Abelardo De la Espriella tendrá la compleja labor de interpretar los aportes interesantes que evidenciaron esa inepta y corrupta gestión, para entender el deterioro de las instituciones, el ineficiente poder judicial, su débil poder sancionatorio y la necesidad de construir una estructura acorde con las necesidades de la Colombia del siglo XXI.
Las aberraciones morales de un presidente con arraigo comunista no son novedosas. Ese es el objetivo del comunismo, vulnerar los valores y los principios que rigen a la sociedad cristiana, democrática y liberal. Con su antecedente como “guerrillero de segunda del M-19” encubrió su profundo resentimiento e incapacidad para construir una narrativa diferente que impulsara el cierre de las heridas de la violencia histórica que arrastra la sociedad colombiana. Llegó a destruir, eso lo demostró -por ejemplo- con el sistema de salud sin importar la muerte de muchos colombianos.
También estimuló esa violencia apoyando a sus colegas guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y de grupos paramilitares como el Clan del Golfo. Todos vinculados al negocio de la extorsión, el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal y el sicariato. Su gestión permitió que estas organizaciones crecieran en número de hombres en pié de guerra, armas, ocupación territorial y protagonismo político; Petro garantizó protección y movilidad, mientras Cepeda operó como brazo político.
La llegada de Petro al poder era una prueba de fuego para la estructura formal de la nación. Se cumplieron los objetivos militares de filtrar y desmantelar las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales, de inteligencia y del gobierno; además, buscó apoderarse de las fuentes económicas públicas para seducir con la corrupción a los“eternos buitres de los contratos”, los caciques de las distintas regiones, y ganar por la vía de las dádivas a los más pobres, ilusionados con recibir “algo gratis”.
Los sectores empobrecidos no entienden que “nada es gratis” y las contratistas saben que detrás de las aprobaciones a dedo se esconde el compromiso de financiar la campaña en sus respectivas regiones, utilizando la modalidad de la compra de votos, como ocurre con frecuencia en la Costa Atlántica y otras zonas remotas -principalmente-, lugares en donde se pagaron entre 50 y 250 mil pesos por voto, una muestra de la escasa conciencia ciudadana que existe en Colombia. A esto se unió la influencia de los grupos irregulares en las zonas de influencia en donde amenazaron a la población, hecho que se reflejó en mesas de votación en las que votaron el 100% por Iván Cepeda.
Los escándalos convierten a la gestión de Gustavo Petro, como la más corrupta en la historia Colombia. Informaciones de prensa señalan que en los últimos días de su mandato se aprobaron más de 13 mil contratos públicos; mientras que en 2026 ya se entregaron billones de pesos a organizaciones sociales sin ningún tipo de control. Las denuncias son el “pan de cada día”, incluso hay representantes de su partido el Pacto Histórico y de movimientos aliados que fueron electos estando en prisión ¡El colmo!
Lo grave esta gestión corrupta es que a pesar de las denuncias constantes que involucran a Petro, a él y sus cercanos no les sucede nada. Entre esos escándalos destacan las versiones de la secretaria de la Presidencia y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angi Rodríguez (entre otras), las irregularidades y abusos de poder de su colaboradora, Laura Sarabia, pieza clave de su ministro del Interior, Armando Benedetti; la de su hijo Nicolás (financiación ilegal de su campaña); las de su esposa Verónica Alcocer (involucrada en tráfico de influencias y las negociaciones en la compra de los aviones Gripen de fabricación sueca); el uso ilegal de más de 48 mil millones de pesos, canalizados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, para pagar a congresistas de distintos partidos que apoyaron varias de sus propuestas, y Ecopetrol.
La tarea del nuevo gobierno que asume el 7 de agosto de 2026, es investigar la corrupción y condenar a los culpables. Si el nuevo gobierno quiere avanzar en medio de la turbulencia tendrá que crear un sistema que trabaje paralelo para que ataque el Talón de Aquiles de la izquierda, consolide a las instituciones y lleve un mensaje positivo a la población, harta de los clanes políticos y económicos que han controlado la vida nacional, mientras las grandes mayorías siguen excluidas, sufriendo las inclemencias de la violencia histórica y la desigualdad social, eso lo sabe Abelardo.
En 2025 cuando Petro anunció que suspendía la regla fiscal entre 2025 y 2027 para aumentar el gasto fiscal, la decisión respondía al plan electoral de tener suficientes recursos que garantizaran los votos de su candidato Cepeda en las elecciones de 2026. El tiempo se encargo de demostrar que ese era el objetivo, por eso el triunfo de De la Espriella fue difícil
El tema de la seguridad será uno de los más difíciles de manejar en la gestión de Abelardo. Petro y Cepeda se niegan a reconocer su victoria y anunciaron su desobediencia civil, está última ya demostró su eficiencia durante los disturbios de 2019 que le permitieron a Petro demostrar su fuerza y llegar a la presidencia; a pesar de la comprobada injerencia guerrillera, la justicia nunca llegó porque los culpables no pagaron por sus crímenes.
La desobediencia civil anunciada por Cepeda puede llevar a Colombia a disturbios sistemáticos en todo el país o una confrontación civil, en especial las poblaciones controladas por los irregulares, eso implica instrumentar un plan de choque militar y judicial que contenga la amenaza y condene a los gestores de la violencia.
Para contrarrestar a la izquierda y recuperar la “seguridad democrática”, Abelardo tiene que acercarse a consejeros con experiencia en este tipo de conflictos como Álvaro Uribe, el único que logró hacerlo con éxito y casi destruye la amenaza del paramilitarismo y las guerrillas, que sobrevivieron gracias al apoyo de las presidencias del premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos (2010-2018); por eso Cepeda, Petro y Eduardo Montealegre trataron de encerrarlo y no pudieron. Es el verdadero enemigo.
@hdelgado10
