La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desarrolló este lunes una agenda de contactos con las máximas autoridades del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de su participación en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.
Los encuentros bilaterales se llevaron a cabo en la sede de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU con el objetivo de evaluar mecanismos de cooperación económica, reestructuración financiera y asistencia técnica, consolidando el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas y crediticias emprendido tras los acontecimientos políticos del pasado mes de enero.
La jornada inició con una reunión de trabajo con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el vicepresidente de la institución, Everett Eissenstat.
Posteriormente, la mandataria encargada conversó con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para cerrar la ronda de contactos con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga.
«Estos encuentros reflejan la progresiva normalización de las relaciones entre Caracas y los organismos multilaterales de financiamiento, permitiendo revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera en favor del desarrollo nacional», reseñó la representación gubernamental a través de los medios del Estado.
La delegación venezolana estuvo integrada por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela ante el BID, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; y el canciller Félix Plasencia, entre otros altos funcionarios del área económica y diplomática.
El acercamiento con los organismos financieros multilaterales se reactivó formalmente el pasado 16 de abril, cuando el FMI y el Banco Mundial anunciaron el restablecimiento de los contactos institucionales con Caracas.
Por su parte, el BID hizo lo propio el 24 de junio tras la acreditación oficial de Ortega como representante venezolano ante la entidad.
Las relaciones bilaterales con la banca multilateral se encontraban suspendidas desde 2019 en el marco de la crisis de representatividad política en el país.
Tras el reingreso institucional, las conversaciones avanzan hacia la evaluación de esquemas de reestructuración de la deuda pendiente que mantiene Venezuela con los organismos internacionales —estimada en unos 2.500 millones de dólares— como paso previo para el eventual acceso a nuevos programas de financiamiento.
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