Las catástrofes naturales no determinan el destino de los regímenes políticos, pero exponen brutalmente la diferencia entre instituciones democráticas capaces de absorber una crisis y Estados cuya debilidad obliga a sustituir capacidad por control
Los terremotos son acontecimientos naturales. Los desastres, con frecuencia, no lo son.
Cuando dos sociedades enfrentan choques físicos comparables, sus consecuencias dependen no solamente de la magnitud del sismo, la densidad urbana o la calidad de las construcciones. Dependen también de aquello que las ciencias sociales suelen llamar capacidad estatal: la posibilidad de movilizar recursos, coordinar burocracias, producir información confiable y mantener la cooperación de ciudadanos que reconocen a las instituciones como legítimas.
Los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio y Colombia el 10 de agosto de 2026 ofrecen un experimento comparativo excepcional. Venezuela sufrió una secuencia sísmica devastadora en medio de una transición política incompleta y bajo el interinato de Delcy Rodríguez. Colombia fue golpeada apenas tres días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia.
Los dos gobiernos eran nuevos. Las instituciones que heredaron, sin embargo, eran radicalmente diferentes.
Esa diferencia puede resultar más importante que cualquier diferencia entre sus presidentes.
La democracia necesita capacidad
Existe una tendencia a reducir la democracia a elecciones competitivas, pero las democracias no sobreviven únicamente porque sus ciudadanos puedan votar. Necesitan instituciones capaces de transformar decisiones legítimas en resultados efectivos.
Colombia conserva, pese a sus graves problemas de corrupción, desigualdad y violencia, una arquitectura institucional donde burocracias especializadas pueden continuar funcionando después de una alternancia presidencial. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Servicio Geológico Colombiano no desaparecieron con el gobierno de Gustavo Petro.
De la Espriella heredó incluso funcionarios vinculados a su antecesor. En lugar de desmontar inmediatamente esas estructuras, su gobierno permitió inicialmente que continuaran operando mientras se centralizaba la respuesta mediante un Puesto de Mando Unificado.
Este detalle administrativo encierra una cuestión democrática fundamental.
En una democracia institucionalizada, el Estado no pertenece al presidente.
Venezuela ofrece el contraste.
Durante décadas, el poder político venezolano desarrolló importantes mecanismos de control, mientras simultáneamente se deterioraban burocracias, infraestructura, capacidades fiscales y autonomía institucional. El resultado paradójico es un Estado que puede conservar instrumentos coercitivos considerables y, sin embargo, mostrar dificultades extraordinarias para proporcionar bienes públicos.
La catástrofe hizo visible esa contradicción.
Capacidad sin coerción
Las primeras semanas posteriores a los terremotos venezolanos mostraron que el problema trascendía la logística. Organizaciones citadas en el diagnóstico han denunciado restricciones a voluntarios, obstáculos a determinadas iniciativas humanitarias independientes, controles sobre centros de acopio y una creciente militarización de espacios relacionados con la distribución de ayuda.
La cuestión importante no es solamente determinar si cada denuncia individual resulta finalmente comprobada. Lo relevante institucionalmente es el patrón que describen: cuando organizaciones autónomas comienzan a ser percibidas como competidoras políticas, la emergencia deja de gestionarse exclusivamente mediante criterios administrativos.
Aquí aparece una distinción fundamental entre poder y coerción.
Un Estado fuerte no es necesariamente aquel que puede impedir que alguien distribuya alimentos. Es aquel que no necesita impedirlo porque posee suficiente legitimidad y capacidad para coordinarlo.
Esta distinción ayuda a comprender la aparente paradoja venezolana: cuanto menor es la capacidad para resolver problemas, mayor puede ser la tentación de demostrar autoridad mediante controles.
Pero semejante estrategia contiene su propia contradicción.
El control puede preservar autoridad inmediata mientras destruye legitimidad futura.
La catástrofe como crisis de hegemonía
Los regímenes políticos no sobreviven exclusivamente mediante coerción. Necesitan producir expectativas de normalidad y convencer a suficientes ciudadanos de que las instituciones existentes continúan siendo el mecanismo menos costoso para organizar la sociedad.
El terremoto venezolano golpeó precisamente esa expectativa.
Según las cifras recogidas en el diagnóstico, la respuesta gubernamental sufrió una fuerte desaprobación. Más reveladora todavía es la disposición de numerosos venezolanos a confiar en actores externos —Estados Unidos, organizaciones internacionales o gobiernos extranjeros— para participar en la reconstrucción.
Cuando una sociedad comienza a confiar más en instituciones externas que en su propio Estado para proporcionar bienes públicos fundamentales, la crisis deja de ser solamente administrativa.
Se convierte en una crisis de soberanía.
Y allí comienza el problema del Estado tutelado.
La paradoja de la tutela
Venezuela atraviesa una situación extraordinaria. El interinato necesita simultáneamente reconstruir capacidades estatales, preservar estabilidad política y gestionar una relación asimétrica con Estados Unidos y otros actores capaces de proporcionar recursos que Caracas no puede movilizar por sí sola.
El terremoto intensifica esa dependencia.
Reconstruir requiere capital. Requiere combustible, maquinaria, logística, tecnología, empresas, crédito y acceso internacional.
Quien proporciona esos recursos adquiere inevitablemente influencia.
La tutela, por tanto, no necesita adoptar la forma clásica de una ocupación territorial. Puede surgir mediante dependencia funcional.
Un actor externo no necesita controlar todo el tablero. Basta con controlar suficientes intersecciones estratégicas: financiamiento, petróleo, puertos, infraestructura o mecanismos de reconstrucción.
Aquí aparece una paradoja decisiva.
Cuanto peor funciona el Estado venezolano, mayor resulta la necesidad de asistencia externa. Pero cuanto mayor es esa dependencia, menor puede ser su autonomía efectiva.
La debilidad estatal produce tutela. Y la tutela, si se prolonga, puede dificultar la reconstrucción de una soberanía institucional plena.
Colombia todavía no ha ganado
Sería un error transformar esta comparación en una celebración prematura de Colombia.
Cuando se elaboró el diagnóstico, la emergencia colombiana llevaba menos de 24 horas. Venezuela, en cambio, había atravesado semanas de crisis. La comparación es inevitablemente asimétrica.
La verdadera prueba colombiana comenzará después de los rescates.
Vendrán los desplazamientos, indemnizaciones, contratos públicos, reconstrucción de infraestructura y miles de millones en recursos extraordinarios. Las emergencias producen solidaridad, pero también enormes oportunidades para corrupción, clientelismo y concentración de Poder Ejecutivo.
La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la velocidad con que declara una emergencia.
Se mide también por la capacidad para terminarla.
Si las medidas extraordinarias se vuelven permanentes, si la reconstrucción escapa de los controles institucionales o si los recursos comienzan a distribuirse según lealtades políticas, la ventaja democrática inicial puede erosionarse rápidamente.
Colombia posee instituciones más fuertes. No posee inmunidad.
El peligro del vacío
La experiencia venezolana contiene una advertencia más amplia.
Los vacíos de poder no aparecen únicamente cuando desaparece un gobierno.
También surgen cuando permanece formalmente en funciones pero deja de proporcionar aquello que la sociedad necesita.
Cuando el Estado no rescata, alguien rescata.
Cuando no distribuye alimentos, alguien los distribuye.
Cuando no financia reconstrucción, alguien la financia.
Cada función abandonada crea un espacio político.
ONG, fuerzas armadas, empresas, gobiernos extranjeros, comunidades organizadas u organismos multilaterales pueden ocuparlo.
Esto explica por qué las catástrofes pueden reorganizar relaciones de poder mucho después de que desaparezcan las réplicas sísmicas.
La pregunta decisiva pasa a ser quién resulta indispensable.
Porque la indispensabilidad genera legitimidad y la legitimidad genera poder.
Después de los escombros
Los terremotos de Colombia y Venezuela permiten observar dos dimensiones inseparables de cualquier orden democrático: legitimidad y capacidad.
Una democracia sin capacidad termina decepcionando a sus ciudadanos. Un Estado con capacidad coercitiva, pero sin legitimidad termina intentando sustituir consentimiento por control. Y un Estado incapaz de proporcionar funciones esenciales puede terminar cediendo soberanía efectiva a quienes poseen los recursos necesarios para realizarlas.
Colombia enfrenta ahora la prueba de demostrar que la continuidad institucional puede sobrevivir a la alternancia política y a una catástrofe extraordinaria.
Venezuela enfrenta una tarea mucho más compleja: reconstruir simultáneamente edificios, instituciones y soberanía.
El terremoto no creó esa diferencia.
La reveló.
Esa quizá sea la principal lección política de ambas tragedias. Las catástrofes naturales pueden durar segundos. Sus consecuencias materiales pueden prolongarse años, pero cuando el suelo deja de moverse, queda una pregunta que ningún gobierno puede evitar: ¿quién puede realmente hacer funcionar al Estado?
La respuesta determina mucho más que la reconstrucción.
Puede determinar el régimen político que emerja de ella.
El artículo está deliberadamente planteado como ensayo institucional comparado, más cercano al registro analítico de Foreign Affairs que a un editorial de denuncia y convierte el concepto de Estado tutelado en la tesis diferenciadora del caso venezolano.
@antdelacruz_
