La Fiscalía argentina acusó formalmente este jueves al expresidente Alberto Fernández de irregularidades en la contratación de seguros para el sector público durante su mandato.
Sin embargo, el juez federal Sebastián Casanello permitió que Fernández permaneciera en libertad mientras se tramitaba el caso contra el exlíder izquierdista.
Se trata del segundo caso presentado contra Fernández desde que dejó el cargo, pero el primero se relaciona con presunta corrupción. A principios de este año, fue acusado de violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yáñez.
En el caso de los seguros, la Fiscalía acusa a Fernández de realizar negociaciones incompatibles con el ejercicio de un cargo público, lo que podría conllevar una pena de uno a seis años de prisión.
Casanello también ordenó el embargo preventivo de unos 11 millones de dólares de los activos de Fernández.
El juez señaló en su auto que, en diciembre de 2021, durante su presidencia, Fernández emitió un decreto que obligaba a todo el sector público a contratar exclusivamente con Nación Seguros S.A., una aseguradora dirigida entonces por Alberto Pagliano, amigo de Fernández.
Esto resultó en un gran auge y un enorme crecimiento para la empresa.
Fernández no hizo comentarios inmediatos sobre el caso.
Otras 33 personas también están implicadas en el caso.
