Las propuesta nacionales e internacionales que hace Maduro y su sequito de focas nunca dejan de sorprender a propios y extraños. En esta oportunidad ha dejado atónitos a todos por la irreflexiva y absurda decisión, de DARLE ENERGIA A ELECTRICA A Brasil. ¿La razón? Congraciarse con su homólogo presidente del país Amazónico Lula da Silva.
Cuando decimos absurda decisión es porque según el Banco Mundial, en sus estudios registrados para el año 2022, Venezuela ocupaba el puesto 154 de 188 países en cuanto a acceso a energía eléctrica. La cobertura eléctrica en Venezuela es del 70%, lo que significa que 30% de la población no tiene acceso a electricidad.
Pero no termina aquí el drama para el venezolano. En marzo de 2023 se inspeccionaron 6.043 interrupciones en el servicio eléctrico en Venezuela, 1.994 más que las enteradas en el mes de febrero, según el Comité de Afectados por Apagones.
Lo cierto es que, de acuerdo con el investigador científico y miembro del PSUV Pedro Grima Gallardo, asegura que la generación de energía en Venezuela se halla al final, con una capacidad de generación de tan sólo 11.438 MW, mientras que la demanda eléctrica solicitada es de 11.659 MW, lo que rastra un déficit de 221 MW.
Pero para la Asamblea Nacional legitima de Venezuela, el déficit de generación de energía eléctrica es de aproximadamente 12.000 megavatios.
Las mentiras electrificantes
Con todo y esta problemática vivida y sentida por toda la población Maduro aseguró que Venezuela «está preparada para recuperar esa cooperación eléctrica» y que puede iniciar de inmediato el envío de unos «190 megavatios», aunque aclaró que sería necesaria una «inversión básica de cuatro o cinco millones de dólares para recuperar las líneas de transmisión».
En base a estas afirmaciones nos asaltan las dudas de conocer:
• La cantidad de energía eléctrica que se suministrará de Venezuela a Brasil.
• El precio de la energía eléctrica.
• Los mecanismos de pago.
• Las condiciones técnicas de la conexión eléctrica.
• Los mecanismos de cooperación para el mantenimiento de la red eléctrica.
Y lo más importante: como afectara el suministro para la población venezolana teniendo en cuenta los datos de Banco Mundial, los estudios realizados hasta el presente y las calamidades que sufre el pueblo venezolano por los bajones y racionamientos diarios de hasta de 7 horas en muchos sectores del país.
El pasado luminoso de Venezuela
En 1998 el sistema eléctrico venezolano, con empresas públicas y privadas, era considerado el mejor de América Latina, en cobertura. La red eléctrica venezolana estaba compuesta por una combinación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, que proporcionaban una fuente de energía confiable y asequible. (97 por ciento de la población), calidad de asistencia, tecnología, estabilidad y seguridad. Hoy, en 2023, el sector es inhábil de proporcionar la demanda de electricidad.
Breve historia del colapso eléctrico por el socialismo MESMO
En 1999, el gobierno de Hugo Chávez inició una serie de políticas que llevaron al deterioro del sistema eléctrico venezolano. Estas políticas incluyeron la paralización de los planes de expansión, el congelamiento de las tarifas eléctricas y la prohibición de la participación privada en el sector. Las empresas eléctricas existentes fueron suplidas en una sola: Corpoelec. Esta disposición se volvió en un caos operativo, que empeoró la crisis.
En 2002 congelaron las tarifas eléctricas. En 2008 hubo cuatro apagones nacionales. A finales de 2009, Corpoelec impuso limitaciones al consumo de electricidad, por la sequía producto del Niño y la indisponibilidad del parque eléctrico.
En 2010, el gobierno de Chávez decretó la emergencia eléctrica y aprobó una Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, socialista, que consolidó la participación del Estado en el sector. Esta decisión agravó la crisis.
Jesse Chacón el hombre de los 100 días
Para resolver estos entuertos, con la llegada de Maduro tras la muerte de Chávez, este nombra a Jesse Chacón Escamillo como ministro de Energía y Petróleo de Venezuela. Durante su gestión, el gobierno venezolano anunció un plan de inversión de 20.000 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico. Sin embargo, la crisis se empeoró aún más.
En 2012, se registró el primer apagón nacional y Chacón Escamillo prometió solucionarlo en 100 días la crisis. “Si todo ocurre como debería y culminamos estas obras pendientes tendríamos en 100 días más de 2.000 megavatios”, dijo Chacón.
Ninguna de las dos ocurrió, ni la crisis se superó, ni él se apartó del cargo. Sin embargo, defendió su gestión de los primeros 100 días y aseguró que ejecutó lo prometido: “ahí están los archivos con las metas establecidas (…) Claro que se cumplió y yo agradezco a los trabajadores de Corpoelec”.
Recién empezaba su gestión, cuando en abril de 2013 una falla eléctrica afectó a 14 entidades del país. Como respuesta y muestra de su “efectividad”, el medio Crónica Uno registró que durante su administración se suscribieron dos préstamos para solucionar la crisis, pero “ninguno benefició las centrales termoeléctricas”.
Una vez fuera del cargo, se hicieron públicas denuncias sobre los contratos efectuados entre el Ministerio y proveedores que tenían el objetivo de mejorar la infraestructura y el servicio de energía eléctrica. En dichos contratos, según las denuncias, se incrementaron los precios de las obras o las compras de materiales.
Según una investigación del diario El Nacional, Chacón Escamillo se robó al menos 1.000 millones de dólares durante su gestión.
De acuerdo al Nacional utilizó el dinero robado para comprar propiedades en Venezuela y en el extranjero, para financiar empresas privadas y para pagar sobornos a funcionarios.
La periodista Maibor Pettit también señala en su investigación sobre crimen organizado internacional que Chacón Escamillo habría manejado el dinero robado para financiar la construcción de un complejo habitacional en Miami.
El exministro Héctor Navarro, lo acusó de no destinar “ni un solo dólar” a la actualización del sistema eléctrico del país.
En 2015, Chacón Escamillo fue destituido de su cargo. Sin embargo, la crisis eléctrica en Venezuela continúa hasta el día de hoy.
Según los estudios efecturados por Transparencia Venezuela Entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones para aumentar la generación termoeléctrica, solo en esos casos se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones y no hay detenidos.
El gobierno venezolano ha negado las acusaciones de corrupción contra Chacón Escamillo. Sin embargo, no ha presentado pruebas para respaldar sus afirmaciones.
Repitiendo la dosis …
Con el objeto de desenredar los cables quemados por las iguanas y sabotaje desde la estratosfera Nicolás Maduro, designó al mayor general Luis Motta Domínguez como ministro de Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para comandar El Plan de Recuperación Eléctrica, lanzado en 2014.
Este tenía como objetivo invertir otros 20.000 millones de dólares en el sector eléctrico aprobados por Maduro durante cinco años. Sin embargo, nunca se implementó por completo, y la inversión real fue mucho menor de lo previsto.
Según las investigaciones y datos obtenidos por Transparencia Venezuela. Los empresarios Jesús Ramón Veroes y Alberto Chacín Ha para el momentoddad consiguieron 11 contratos, entre los años 2016 y 2018, bajo la buena pro del general Luis Motta Domínguez- ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec- y del también general Eustiquio Lugo Gómez, jefe adquisiciones.
Para frenar la crisis eléctrica, se enviaron a Venezuela, 500 transformadores que casualmente solo eran compatibles con los sistemas eléctricos de Cuba y Nicaragua. Se adquirieron 40 montacargas en Emiratos Árabes Unidos que vendieron a Corpoelec con un incremento de 300%.
Los empresarios Veroes y Chacín Haddad se declararon culpables por incurrir en conspiración y violar varias previsiones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA). En sus declaraciones, Veroes y Chacín, detallaron que su plan era pagar sobornos a empleados de Corpoelec y así beneficiarse con contratos para sus compañías en Florida están en una prisión federal en EEUU por blanqueo de capitales.
Algunas fuentes indican que el plan contaba con un presupuesto de 20.000 millones de dólares, mientras que otras señalan que se asignaron más de 50.000 millones de dólares al sector eléctrico entre 2001 y 2018. Lo que sí se sabe es que varios funcionarios y empresarios vinculados al plan han sido acusados de corrupción, malversación, lavado de dinero y otros delitos tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
Entre ellos se encuentra el propio Motta Domínguez, quien fue sancionado por Estados Unidos en 2019 y está acusado de recibir sobornos y desviar fondos públicos. Tal como lo manifestaron en las declaraciones juradas por los dos empresarios.
El plan de los 40 días o los que sean ¡¡
En el 2016 tratando de palear la escalad incontenible de apagones y deficiencia eléctrica inventan un nuevo plan llamado Plan de Administración de Cargas, de 40 días donde se prevé cortes de energía de cuatro horas diarias. El racionamiento eléctrico tenia para ese entonces cinco horarios diferentes y se aplica por zonas geográficas.
En el transcurso del primer trimestre del 2016, el Comité de Afectados por los Apagones contabilizó 8.250 cortes en todo el país y 40 en Caracas.
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, aseguró que el racionamiento no afectaría a Caracas, «por ser la sede de los poderes públicos». La decisión de dejar la capital venezolana fuera del Plan de Administración de Cargas no imposibilitó que se dieran numerosos cortes de luz en diferentes sectores de la ciudad.
El Plan de Emergencia Eléctrica, lanzado en 2016 tenía como objetivo restaurar la generación de electricidad al 70% de su capacidad máxima para 2018. Sin embargo, el plan fracasó en alcanzar este objetivo, y la generación de electricidad se mantuvo por debajo del 50% de su capacidad máxima.
El apagón más largo de Venezuela
El 7 de marzo de 2019 a las 4:55 de la tarde, Venezuela experimentó el apagón más largo de su historia. Durante 5 días, todo el país quedó sumido en la oscuridad total. Desde entonces, a los venezolanos se les han acentuado la deficiencia eléctrica en todo el país.
Este mega apagón marcó un punto de inflexión en su historia. Muchos comercios se fueron a la ruina, se interrumpió el suministro de agua y las telecomunicaciones se detuvieron. Y un número indeterminado de personas murieron en centros hospitalarios debido a esta situación.
El apagón también desencadenó una ola de saqueos en todo el país, pero se afianzo de manera especial en Maracaibo, la capital del estado Zulia. Se extendió por el norte, oeste y sur de la ciudad. Ferreterías, supermercados, zapaterías, tiendas de ropa, farmacias y galpones de almacenamiento quedaron en ruinas debido a los saqueos masivos. Los agresores invadieron zonas comerciales a pie, en motos, en carros o camionetas para robar mercancías y cualquier cosa de valor que encontraran dentro de las tiendas.
Según los gremios empresariales de la ciudad, se reportaron robos en 550 locales comerciales. Se estima que alrededor del 20 por ciento de las empresas afectadas (aproximadamente 55 empresas) cerraron definitivamente sus puertas.
Mas planes, más corrupción, más deficiencia
Con el objeto de superar el déficit eléctrico para ese mismo año (2019), el gobierno venezolano anunció otra nueva inversión de 5.000 millones de dólares que llamo El Plan de Recuperación de la Electricidad. Esta inversión se destinaría a la reparación de equipos, la instalación de nuevas líneas de transmisión y la mejora de la eficiencia del sistema.
Este plan tenía como objetivo restaurar la generación de electricidad al 90% de su capacidad máxima para 2023.
El gobierno también anunció medidas para reducir la demanda de energía. Las cuales incluían la implementación de racionamientos, la promoción del uso de energías renovables y la reducción de la carga eléctrica de los hogares y las empresas.
Según la diputada Karim Vera (Primero Justicia), hace 14 años, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decretó, en 2009, la emergencia en el sector, aprobando cerca de $140.000 millones para el restablecimiento de la estructura eléctrica nacional.
“El dinero parece que se esfumó en el viento. Jesse Chacón, para entonces presidente de Corpoelec y Ministro de Energía Eléctrica, también se esfumó y parece que lo hizo con esos miles de millones de dólares que fueron aprobados para atender la emergencia”, indicó. Desde entonces, precisó, el estado Táchira en particular ha vivido los avatares de esa crisis. “Hemos pasado por diferentes tragedias en diferentes momentos con racionamientos que van de 3 a 6 horas en dos y tres cortes diarios. Pero hoy estamos viviendo hasta tres y cuatro cortes diarios, sin ninguna programación”.
Un ofrecimiento con 28 millones de penalidades
Si tomamos en consideración que el sistema eléctrico existe una desprofesionalización que trae como consecuencia:
- Abandono de la planificación a corto, mediano y largo plazo, en materia de operación, mantenimiento y expansión del sector.
- Abandono de los criterios técnicos y económicos para tomar decisiones.
- Partidización de todas las estructuras organizativas de Corpoelec.
- Abandono de la «calidad de servicio» como criterio fundamental.
- Abandono de la gestión comercial que redujo los ingresos y favoreció el aumento de pérdidas no técnicas.
- Corrupción que devoró miles de millones de dólares.
Un perfil que podríamos considerar catastrófico para el país en cuanto suministro de energía. nos resulta difícil comprender como un presidente de una nación puede estar ofreciendo lo que escasamente tiene a expensa del sufrimiento y penalidades de más de 28 millones de habitantes.
Siglic Gutiérrez
