Los argumentos políticos utilizados por la Contraloría General de la República, para justificar la inhabilitación política de María Corina Machado, preparan el terreno para una eventual inhabilitación de la mayoría de los dirigentes políticos que forman parte de la Plataforma Unitaria.
Según el informe de la firma Carpe Diem la mezcla de argumentos administrativos y políticos para justificar la inhabilitación de Machado por 15 años “pueden ser utilizados en contra de cualquier integrante de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 (tres de estos diputados son candidatos a la primaria) o contra cualquier dirigente que apoyara o trabajara para el interinato de Juan Guaidó.
En su informe, la firma explicó que la inhabilitación no afecta a Machado en su estrategia de hacerse con el liderazgo opositor, aunque de ganar la primaria sí pudiese conducir a la oposición venezolana nuevamente a la estrategia de la abstención.
Destacó la firma que la reacción inicial de Machado es descartar la posibilidad de un acuerdo con otros líderes políticos, en caso de que ella no pueda postularse formalmente a la elección presidencial del año 2024.
En las más recientes declaraciones sobre este tema, Machado indicó: “Aquí nadie va a aceptar ningún consenso alrededor de nadie. Que no se les ocurra planteármelo, porque aquí quien tiene que decidir es el pueblo de Venezuela (…) Vamos a tener la legitimidad y la fuerza de un país que volvió a salir a la calle. ¿Ustedes creen que el país va a aceptar que los venezolanos elijamos al que nos de confianza y entonces ese vaya y a dedo nombre a uno que es el que quiere Maduro? Eso es inconcebible. Eso es la derrota. Esta lucha que viene ahora es en los términos y las reglas de la democracia y la ciudadanía, no en las de la tiranía. Ahí es donde cambia todo».
¿Para qué es la primaria?
Aunque la primaria se concibió como un mecanismo que busca generar coordinación entre los distintos liderazgos opositores pensando en la elección presidencial de 2024, Machado la interpreta como su mejor oportunidad de tomar el control de la oposición, derrotando al liderazgo de la Plataforma Unitaria.
La firma Carpe Diem alerta que la inhabilitación de Machado puede aumentar las diferencias estratégicas entre los factores opositores, especialmente si se concretan las amenazas de suspensión de la primaria por un supuesto fraude al elector al permitirse que participen en la designación de un candidato a ciudadanos imposibilitados de inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los próximos en la mira
Según la Contraloría General de la República, María Corina Machado «ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el ‘usurpador’ Juan Guaidó, que”, según planteó el organismo oficialista, “propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.
Aunque Machado no formó parte de la Asamblea Nacional de 2015 y tampoco ocupó cargos dentro del interinato de Guaidó, la Contraloría General de la República concluye que “el bloqueo solicitado por María Corina Machado en connivencia con el usurpador Juan Guaidó entre otros, ha generado el secuestro de 4.000 millones de dólares retenidos en el sistema bancario internacional. Causando un daño al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela por la cantidad de 14.000 millones de dólares”.
Con la acusación en contra de Machado, son tres los candidatos presidenciales opositores sobre los que se tiene información pública de estar inhabilitados. Machado se une de esta manera al grupo que integran Henrique Capriles Radonski y Freddy Superlano.
El efecto práctico de las inhabilitaciones -según alertan los analistas de la firma Carpe Diem- es que salvo que se produzca una negociación que habilite a estos candidatos, o reciban un indulto presidencial de Nicolás Maduro, no podrán inscribirse como candidatos presidenciales ante el CNE, independientemente que ganen la elección primaria de la oposición prevista para el 22 de octubre.
De las 14 inscritos para la primaria opositora, tres candidatos están inhabilitados (Machado, Capriles Radonski, Superlano).
Otros tres candidatos pudiesen ser inhabilitados por haber formado parte de la Asamblea Nacional que sirvió de respaldo al gobierno interino de Juan Guaidó (Delsa Solórzano, Carlos Prosperi y Tamara Adrián).
Asimismo, otros más pueden ser inhabilitados por -al igual que Machado- por avalar las sanciones internacionales en contra de Venezuela, como es el caso de Andrés Velásquez y Roberto Enríquez, mientras otros aspirantes aún esperan que la Contraloría General notifique a la autoridad electoral que su inhabilitación ha prescrito, este es el caso de Cesar Pérez Vivas.
De la lista de 14 candidatos opositores solo están libres de sufrir una inhabilitación -con argumentos similares a los que se usaron en contra de Machado- tres independientes, que no gozan en este momento de respaldo político significativo.
La firma Carpe Diem alerta que los argumentos de la Contraloría son tan generales que pueden ser aplicables a cualquier ciudadano que expresamente no condenara en el pasado las sanciones internacionales.
Condena unánime
La reacción internacional a la inhabilitación en contra de María Corina Machado recuerda a los argumentos esgrimidos internacionalmente hace más de una década cuando se inhabilitó a Leopoldo López. En ese momento, las críticas internacionales no generaron ningún tipo de cambio en la posición del gobierno venezolano.
Por ejemplo, la Unión Europea rechazó la medida en contra de Machado y otros candidatos porque estas decisiones “socavan la democracia y el Estado de Derecho y solo profundizarán la crisis política y social de larga data en Venezuela»
En un comunicado, la Unión Europea recordó las 23 recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2021, donde una recomendación prioritaria es “suprimir la prerrogativa del Contralor General de despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que negativamente impactos en el derecho a la defensa”.
El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart aseguró que está «profundamente alarmado por la decisión del régimen. Este flagrante asalto a la democracia viola los derechos humanos y socava la voluntad del pueblo venezolano”.
En una tónica similar el canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, aseguró mediante su cuenta de Twitter que “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Los procesos electorales deben ser libres y justos, sin restricciones ni exclusiones de candidatos. Nos preocupan los retrocesos que se observan a este respecto en varios países hermanos de la región”.
Por otra parte, durante la sesión plenaria de la LXII Cumbre del Mercosur, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, advirtió: “Está claro de que Venezuela no va a salir hacia una democracia sana, si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos”
Una posición que compartió el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. “El único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Con mucha preocupación estoy siguiendo los eventos de los últimos sucesos en Venezuela. Cuando asoma un camino de salida, un intento de esperanza con la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado”.
Como ocurrió con el caso de Leopoldo López la respuesta internacional del régimen venezolano ha sido la de denunciar la injerencia extranjera en la política del país.
En el caso de la posición de la UE, los voceros del partido oficial del gobierno venezolano dijeron repudiar y rechazar “de manera categórica las declaraciones injerencistas e inmorales del peón servil al servicio del imperialismo norteamericano, Josep Borrell de la Unión Europea, como parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra de las instituciones democráticas y del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela”.
Por otra parte, la cancillería aseguró que el Gobierno de Venezuela “rechaza firmemente el nuevo intento de intromisión por parte del Gobierno de Estados Unidos en sus asuntos internos, al pretender fijar posición en relación a distintos aspectos del futuro proceso electoral venezolano de 2024 (…) La robusta democracia venezolana no requiere ni acepta tutelaje de otras naciones, mucho menos de sistemas democráticos indirectos y con severas restricciones a la participación, impuestas por intereses económicos y un profundo racismo institucionalizado”
La ley que va en contra de todo
La facultad del Contralor General de inhabilitar a los ciudadanos está fundamentada en el artículo 105 de la ley que la regula al organismo, ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2001.
Aunque este artículo otorga a su máxima autoridad, el Contralor, la posibilidad de imponer las inhabilitaciones para el ejercicio de los cargos públicos por hasta un máximo de quince años.
Esta facultad está en contradicción con la Constitución, que en sus artículos 42 y 65 señala que el ejercicio de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por una sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.
En este sentido, Laura Dib, la directora del programa para Latinoamérica de WOLA, explicó que “toda restricción a los derechos políticos, como es el caso de la inhabilitación, debe ser legal, perseguir un fin legítimo, ser necesaria y ser proporcional. Este no es el caso de las inhabilitaciones en Venezuela.
Dib destacó que la Corte Interamericana de las DDHH “determinó que una restricción impuesta por vía de sanción debería tratarse de una «condena, por juez competente, en proceso penal». Ello además en cumplimiento de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana.
Además, recordó que la Corte ha indicado que los ciudadanos “no solo deben gozar de derechos, sino también de oportunidades. Es decir, toda persona debe tener una oportunidad real de ejercer sus derechos políticos. Ello implica tanto el derecho a votar como a ser elegido”.
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