Para quienes aún no creen en el trabajo a largo plazo de los socios del Foro de Sao Paulo (FSP), Perú es la última prueba que materializa la estrategia sistemática ejecutada en el siglo XXI, bajo la batuta de los dictadores Fidel (+) y su hermano Raúl Castro, y el capo de la corrupción en Latinoamérica, el actual presidente de Brasil Ignacio Lula da Silva, desde 1990 cuando, caído el Muro de Berlín, se diseñó un plan para mantener viva la doctrina comunista.
En diciembre de 2022 cuando comenzó el proceso desestabilizador en Perú, Edgar Otalvora en su informe publicado en el Diario de las Américas (Cocaleros y Grupo de Puebla buscan desestabilizar a Perú, 17-12-2022) advertía: “Grupos armados de organizaciones cocaleras peruanas se han sumado a los residuos urbanos de organizaciones guerrilleras de izquierda para desencadenar una ola de acciones violentas tras la destitución de Pedro Castillo de la presidencia de Perú. Simultáneamente, el presidente mexicano Manuel López Obrador está capitaneando una reacción desde el exterior en apoyo a Castillo. La crisis peruana tiene fuerte olor a coca”.
Es la forma de hacer campaña que ahora adelantan los socios del Foro de Sao Paulo, lo hicieron en la Argentina de Mauricio Macri y resultó electo Alberto Fernández. En Chile los disturbios encumbraron al vago Gabriel Boric y ganó la presidencia; en Colombia, en 2020, Gustavo Petro desató una de las escaladas de violencia más graves en la historia democrática contra el mandatario Iván Duque, y ganó las elecciones en 2022.
No es casualidad que en momentos de baja popularidad, Pedro Castillo, provocó un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. El informe Otalvora resumió el acto: “se dirigió al país anunciando un conjunto de medidas que, en resumen, significaban un intento de Golpe de Estado. Disolución del congreso, reestructuración del poder judicial, establecimiento de un gobierno de “emergencia excepcional”, gobierno mediante la emisión de decretos presidenciales, convocatoria a elecciones para un Congreso que dictaría una nueva constitución”. La destitución la aprobaron 110 parlamentarios de los 130, incluyendo los de su propio partido.
Fue la señal para desatar la violencia en las regiones cocaleras fronterizas con Bolivia y rurales desasistidas del poder central, buscando recuperar el tiempo perdido para aplicar lo que su gestor político, Evo Morales, en caída libre en su país y divorciado de su delfín, Luis Arce, había propuesto desde la llegada de Castillo. No es casualidad sus críticas y la prohibición de su entrada a Perú (y a ocho de sus partidarios) decretada por el gobierno de la presidente, Dina Boluarte, el 10 de enero de 2023.
Castillo fue detenido luego de su intento de golpe de Estado, acusado de rebelión y conspiración, además es investigado por corrupción. En su defensa dijo que el no sabía el contenido del discurso que leyó y que fue drogado antes del acto. Ya antes de este hecho, se había salvado dos veces de su destitución por incapacidad moral.
Luego de la destitución la reacción de los jinetes del Grupo de Puebla (son los mismos del FSP) iniciaron su escalada diplomática. México, Bolivia, Argentina y Colombia consideraron que el acto era una violación de los derechos humanos de Castillo, por cuanto su elección era democrática y popular. Luego de un intercambio de comunicaciones y llamados de sus embajadores, el gobierno de Boluarte decidió congelar sus relaciones con México, el más ambicioso por liderar la izquierda continental.
Lo contradictorio es que estos jinetes de la izquierda utilizan su la institucionalidad democrática a su conveniencia y hacen caso omiso a las decisiones que los afectan como ocurre con los casos Nicaragua, Venezuela y Cuba. El Alba reunida en La Habana (14-12-2022), también hizo lo suyo. Las tres dictaduras del continente, Miguel Díaz-Canel, Maduro y Daniel Ortega tuvieron el caradurismo de criticar la destitución por considerarla una trampa de la oposición. Estos cuestionados personajes, violadores de los principios democráticos, están acusados de genocidio y violación de los derechos humanos. Sin embargo, piden justicia.
En América, los políticos demócratas no hacen nada ha sabiendas de las andanzas de los socios del FSP. Han experimentado sus actos violentos, saben de su ascendencia en la opinión pública con discursos populistas explotadores del resentimiento y la desigualdad, conocen la corrupción (la del Lava Jato liderada por Lula da Silva y la constructora Odebrecht que salpicó a varios mandatarios regionales, mientras él salía por la puerta grande para ganar la presidencia con una diferencia menor al 2%), comprenden que el propósito de su llegada al poder y la modificación de la constitución es para monopolizarlo a costa de la violación de los principios democráticos y los derechos humanos, como ocurren en Venezuela, Nicaragua, Cuba y México.
Los daños sociales y económicos parecen no importar. La impunidad los cobija porque dominan los grupos de derechos humanos, el sistema educativo, las instituciones judiciales y los movimientos civiles representativos de diferentes asuntos relacionados con la desigualdad, exclusión social y ambientales. Trabajan de manera articulada en Europa y América, mientras el otro bando se duerme en “los laureles” de la democracia liberal y el capitalismo, siendo esta las mejores experiencias vividas por la humanidad, creyendo que la confrontacion con el comunismo había muerto, tal como lo planteo Francis Fukuyama en su obra El fin de la historia.
Con su sombrero de duende y su escaso conocimiento de la política, Pedro Castillo se convirtió en otro peón del FSP. La precariedad de su victoria (menos del 2%), su mediocre gestión y las denuncias de corrupción en su contra, hacían prever que los objetivos de sus socios no se iban a alcanzar. Por eso declara el golpe de Estado y se activa el plan de desestabilización del país, apoyado desde el exterior por sus colegas del Foro (ahora disfrazados con el nombre de Grupo de Puebla), Alejandro López Obrador (México), Petro (Colombia), Fernández (Argentina) y Arce (Bolivia).
En organismos como la Celac y la Organización de Estados Americanos (OEA), la tenaza diplomática pide investigar las causas de las 65 muertes ocurridas hasta el momento, culpando el exceso de fuerza de los cuerpos de seguridad y militares peruanos; pero nadie pide precisar a los responsables que organizan y ordenan las marchas, bloqueos y la destrucción
Castillo llega al poder en 2021 de la mano de un agente de la dictadura cubana, Vladimir Cerrón, y con la asesoría de Evo Morales; ambos empeñados en establecer una alianza cocalera entre Perú y Bolivia. Sin embargo, él se distanció de sus dos impulsores, pero falló en la construcción de una plataforma con los partidos que componen el ajedrez político peruano. Tras la amenaza de destitución, en dos oportunidades, tomó el camino más corto para mantenerse vivo utilizando, en este caso, la violencia.
Es el mismo guion de Chile (2019) Colombia (2021), Ecuador (2019) y Panamá (2022). En todas se denunciaron injerencias de grupos armados apoyados por el régimen de Nicolás Maduro y otras organizaciones comunistas de la región, pero las condenas fueron a los gobiernos y sus fuerzas de seguridad. Ahora Perú enfrenta la misma experiencia, sólo que en esta nación las instituciones no han flaqueado y a la violencia de los manifestantes le están respondiendo con fuerza.
Algunos analistas señalan que esta izquierda también ha demostrado que cede el poder. Ha ocurrido en Argentina cuando el kirchnerismo perdió con Mauricio Macri, en Brasil cuando ganó Jair Bolsonaro y en Ecuador cuando Rafael Correa entregó la presidencia a un Lenín Moreno, quien luego se le volteó cuando se dio cuenta de la deuda y la corrupción dejada por su antecesor. Si bien estas experiencias son ciertas, el daño institucional y económico causado no se ha evaluado. Las victorias paupérrimas de Lula en Brasil y Castillo en Perú con menos del 2% también reflejan la precariedad de su liderazgo.
Lo criticable de esta estrategia destructiva es que provoca perdidas materiales y espirituales que en nada favorecen a estos empobrecidos países, dejando de avanzar en el mejoramiento de sus condiciones de vida, porque este grupo de usurpadores del poder, solo encuentra respuestas en desfasadas teorías que ya demostraron históricamente su inviabilidad.
En las dos décadas del siglo XXI, la izquierda demostró su incapacidad para gerenciar la “cosa pública”, malgastó la bonanza de las materias primas y centró sus propuestas en la explotación del resentimiento y las desigualdades, sin dar soluciones efectivas a los desfavorecidos sectores de sus sociedades. Prueba de este planteamiento son Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como los daños ocasionados en Colombia, Ecuador, Chile y ahora Perú.
@hdelgado10
