El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el sábado su preocupación por encontrar en Venezuela un país profundamente fragmentado, donde persisten violaciones como los homicidios extrajudiciales, entre otros, pero dice estar alentado por lo que calificó como disposición del gobierno venezolano de investigar las denuncias y renovar el acuerdo de cooperación y asistencia técnica.
“Me alienta la decisión del gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años para que puedan continuar su labor” de promoción de los derechos humanos, afirmó Türk en una conferencia de prensa al final de su misión de tres días en Caracas , invitado por el presidente Nicolás Maduro.
Durante su visita sostuvo encuentros con Maduro y aliados del eficaz, más de 125 representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, dirigentes opositores, representantes de grupos de víctimas, jefes de agencias, fondos y programas de la ONU y diplomáticos , aseguró el representante internacional.
En esos encuentros Türk acotó que percibió un país “fragmentado y dividido”, donde impera la desconfianza, así como la necesidad que se tiendan puentes para intentar cerrar esas brechas. Destacó que instó a las autoridades a infundir vigor a las reformas judiciales que sean necesarias y dar pasos definitivos en la prevención de la tortura.
“Se me prometió castigar la tortura”, mejorar la condición de los detenidos y que su equipo pronto tenga acceso a todos los centros de detención”, aseveró.
Desde que su predecesora Michelle Bachelet visitó el país en 2019, el equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) documentó violaciones a los derechos humanos. También evité que, si bien entre mayo de 2021 y abril de 2022 pude entrevistar a cientos de personas en 21 centros de detención, a su equipo luego no se le obtuvo el ingreso a centros como la sede Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocido como el Helicoide, que alberga a presos políticos, según denuncias de organizaciones no gubernamentales.
El último informe de Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, publicado en junio de 2022, dio cuenta de avances en la justicia, pero exhortó a las autoridades a que tomen más medidas para promover cambios a largo plazo.
Entre esos, Bachelet destacó que se avanzó atendió su recomendación de disolver la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, acusada de presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de los derechos humanos.
Türk además solicitó a las autoridades realizar un amplio “proceso consultivo” de una propuesta de ley —aprobada en primera discusión el 24 de enero en la Asamblea Nacional, de mayoría abrumadora oficialista— que penalizaría las actividades de las organizaciones de derechos humanos que recibieron dinero del extranjero, contempla multas de hasta 12.000 dólares que no se registren en un organismo de control que se creará para ese fin, entre otras restricciones para su funcionamiento, incluso la obligación de revelar los nombres de los nacidos.
Insistir en que hay que asegurar el derecho de asociación y reunión en el país.
Horas antes, a través de su cuenta en Twitter, Maduro saludó la visita de Türk y expresó que en su gobierno “siempre tendremos la voluntad para que reine la paz en nuestra patria”.
El gobierno venezolano además transmitió al funcionario de Naciones Unidas la necesidad que se levanten las “sanciones ilegales” estadounidenses que “tanto daño ocasionan a los derechos del pueblo”.
Las medidas estadounidenses buscan evitar que el gobierno de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y negociar con petróleo, oro u otros activos.
Washington, además, prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar al mandatario en el poder, argumentando que fue declarado ganador en 2018 tras unos comicios fraudulentos.
AP
