Fiscalía argentina pidió condena de 12 años e inhabilitación perpetua contra Cristina de Kirchner

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La Fiscalía argentina solicitó este lunes una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es imputada como jefa de una asociación ilícita, además de los delitos de defraudación en perjuicio del Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Al considerar el caso de la expresidenta, el fiscal Diego Luciani aseguró que no encontró “ni un solo atenuante a los graves crímenes cometidos”.

Por el contrario, halló circunstancias agravantes como la magnitud de los delitos cometidos, su poder de dirección, la extensión del daño y “el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general al utilizar fondos que debieran haberse destinado a una utilidad social, en provecho personal”.

“Juró desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo, y hacer observar fielmente la Constitución. Todo esto lo ha incumplido y defraudó las expectativas de los ciudadanos cuando la votaron”, añadió Luciani al destacar las circunstancias agravantes para la pena.

Además de la condena a prisión y la inhabilitación política, Luciani también pidió el decomiso de bienes de los acusados por un monto equivalente a casi mil millones de dólares, que es el estimado del daño causado al patrimonio del Estado argentino.

Se espera que antes de fin de año los jueces emitan sentencia, determinando la culpabilidad o inocencia de Kirchner y el resto de los acusados.

“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó el fiscal Diego Luciani en la audiencia final de presentación de alegatos. “Se ha creado un auténtico sistema de corrupción institucional“, sostuvo.

En el caso se juzga el otorgamiento irregular de concesiones para la construcción de 51 obras públicas provincia de Santa Cruz a firmas del empresario Lázaro Báez, considerado testaferro de la familia Kirchner. Las obras fueron otorgadas con sobreprecio y nunca se culminaron.

En audiencias previas, el fiscal Diego Luciani aseguró que hubo “una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes a Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.