“Hay palabras que no dicen nada y silencios que lo dicen todo”, Anónimos
No abrir la boca, no decir nada o hacerse los desentendidos es la segura, continua y manifiesta actitud de colegas de la Revolución del Siglo XXI en no expresar ni pío sobre la reforma o la eliminación por otra de la vigente Ley de Ejercicio del Periodismo, tema que deben conocer como la palma de sus manos, pero prefieren convertirse en verdugos de su propia profesión, alcanzada luego de estudiar cinco años en una universidad o defender al pueblo a lo “patria o muerte” a pesar que ese “soberano” sea su primera víctima en el momento que llegue a prosperar el adefesio legislativo que cocinan, en la oportunidad que el “pueblo” tenga que denunciar con sobradas razones algún problema que lo afecte y los periodistas estemos de manos atadas y los medios no puedan difundir noticias incómodas.
Por eso estimado lector antes y ahora reitero, repito y vuelvo a recordar que en esta oportunidad no se trata de un problema de periodistas y medios de comunicación en cualquiera de sus expresiones tecnológicas. Nada más alejado de la verdad. Lo que viene discutiéndose, analizándose o metiendosele la lupa en la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional, donde han sido designados los equipos de trabajo que se encargan de evaluar la ley vigente, afectará de una u otra manera la vida diaria de cada habitante de nuestro país. No es una exageración ni cuentos de camino como dicen en buen llanero, conocidos como son los antecedentes de la Revolución Bonita cuando se propone lograr algo, —a troche y moche o a lo Jalisco—, si no olvidamos episodios similares a lo largo de estos 24 años de gobierno con lo “Hecho en Socialismo”. Cualquier parecido con la reforma constitucional de 2007 no es casual. El expresidente Hugo Chávez Frías proponía reformar 69 artículos de la Constitución de 1999. Otro episodio es de recordar la resolución 058 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, cuando desde 1999 mediante diferentes legislaciones y otros documentos oficiales, el Gobierno ha intentado cambiar la concepción de la educación, introduciendo en la escuela los preceptos del Poder Popular. La sociedad civil ha rechazado esas pretensiones y ha ganado muchas batallas. No obstante, el Ejecutivo no ha dejado de ser persistente en esa idea.
Además no es casual que cuando escribo este artículo el Colegio Nacional de Periodistas, CNP, alguna de sus 26 seccionales ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, han sido “invitados” a incorporarse a esas discusiones en la Asamblea Nacional, no obstante ser parte interesada como instituciones del mundo gremial de los periodistas venezolanos, casi por cumplir 50 años organizados. Vale decir que cuando el río suena piedras trae y lo que traten, discutan, analicen o que finalmente presenten a la plenaria de la AN continúa siendo hasta el Sol de hoy un misterio para el país, cuando las sospechas y filtraciones no oficiales indican que de lo que se trata es de confeccionar un traje ajustado a la medida de los intereses del gobierno nacional. En todo caso este entramado está convertido en un “secreto a voces” que bien lo corroboran las encerronas de los interesados, afines, militantes o simpatizantes oficialistas contra la voluntad, pensamiento o manera de decidir de millones de venezolanos por cuanto el peligro está en que a espaldas de la gran mayoría de la población en la AN voten aprobando algunas reformas de su contenido o la eliminación de la Ley de Ejercicio del Periodismo por otra, sin otros actores que opinen y que permanezcan muy lejos de las discusiones como los tres monitos del washapp: ciegos, sordos y mudos.
Cierto es que la actual Ley debe adaptarse a los nuevos tiempos cuando los cambios tecnológicos han desarrollado transformaciones de la manera de ejercer esta profesión que implica, además, los pensa de estudios de las escuelas de comunicación social públicas y privadas. A eso no se niega el CNP ni el SNTP según lo han ratificado alguno de sus voceros, pero una cosa es no ser escuchados, llamados o invitados a aportar ideas y sugerencias y, otra, es pretender que los periodistas nos mantengamos callados, no denunciemos y quedemos como convidados de palo cuando se legisle y se apruebe apresuradamente un anteproyecto de ley sin pedir opiniones respetables, por ejemplo, a las universidades, gremios profesionales, sectores económicos, empresariales, culturales, iglesias, ONG’s y estudiantes por egresar de comunicación social, entre otros. Si la sociedad venezolana no evita, no hace nada o se desentiende de esta realidad que construyen poco a poco a la calladita, olvidémosnos de preceptos constitucionales como los artículos 28, 57 y 58.
Sólo la presión social sin violencia pero con organización, coherencia y mucha firmeza permitirá otro desenlace y no el imaginable a decir de la conducta que ha venido manifestando un sector del oficialismo, encargado de ir armando una cohesión ideológica única, sin importarles consultar a la inmensa mayoría de los venezolanos que rechaza conductas de este tipo, alejadas del sentido democrático que deben tener sus dirigentes en cualquier escenario de la vida nacional.
José Aranguibel Carrasco
