Surgen numerosas interrogantes en torno al procedimiento que produjo las detenciones de una alcaldesa y dos parlamentarios, uno de ellos implicado en un hecho más notorio, en los albores de la campaña para gobernadores y alcaldes.
El 28 de enero, el vicepresidente de Comunicación Freddy Ñáñez divulgó a través de sus redes sociales un comunicado en el que confirmaba la noticia sobre la detención, el día anterior, de la alcaldesa del municipio Jesús Semprún del estado Zulia Keyrineth Fernández, así como la de los diputados (Zulia) y Luis Viloria Chirinos (Táchira).
La información también fue suscrita por la Superintendencia Nacional Antidrogas, un órgano militarizado actualmente presidido por el mayor general Richard López Vargas, ex comandante general de la Guardia Nacional.
La operación que condujo a los arrestos de la gobernante municipal y de los parlamentarios fue bautizada Mano de Hierro. En el grupo de privados de libertad, además, se incluye a un colombiano, Víctor Cano Páez, un hombre de antecedentes aparentemente limpios, que solo figuraba como objeto de una demanda verbal por parte de una mujer en su país natal. Un litigio intentado en septiembre de 2020, que no prosperó.
El comunicado gubernamental indica que “las investigaciones están en desarrollo”.
En otros tiempos, un caso como este sería motivo de alarma y preocupación. Hablamos de una funcionaria que fue ratificada en su cargo durante los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. En su discurso, se mostraba profundamente identificada con el chavismo. Junto a ella, los ocupantes de dos curules de la Asamblea Nacional, también elevados a estas posiciones por la votación popular.
En febrero de 1987, bastó la detención de un diputado para que en Venezuela se llegara a la convicción de que las drogas ilegales habían penetrado al mundo político hasta los tuétanos. El parlamentario, Hermócrates Castillo, fue apresado en el sector El Trigal de Valencia con 5,5 kilos de cocaína, que él mismo trasladaba hacia Caracas en una camioneta. Dos años después, era condenado a 29 años de prisión junto a otras ocho personas. Los pormenores de este caso son relatados por el colega Gustavo Azócar en la obra Los barones de la droga.
La condena a Castillo, desde luego, no acalló la discusión sobre el tema de los dineros del “narco”. Mucho menos debería suceder ahora, puesto que, contrario a lo que sucedía entonces, los partidos políticos ya no cuentan con financiamiento estatal. ¿Cuántos dirigentes y candidatos de estas instituciones se atreverían a cumplir con la obligación de informar sobre el origen de los fondos que manejaron en las pasadas campañas? ¿Cumplirá el Poder Electoral con las pautas fijadas en el artículo 195 de la Ley de Drogas? De esto, nada se habla. Tampoco, sobre el acuerdo de los diputados del oficialismo que eliminó la obligatoriedad de pruebas periódicas sobre consumo de sustancias prohibidas.
Ahora, entonces, hablan de “mano de hierro”. Y resulta que en esa operación surge nuevamente el nombre del parlamentario Luis Viloria, que había sido detenido en primera instancia el 8 de noviembre, durante un procedimiento llevado a cabo por la Guardia Nacional en el estado Vargas. En esa oportunidad, por cierto, la minuta preliminar omitió convenientemente los nombres de las personas que fueron privadas de libertad tras el hallazgo de 336 panelas de cocaína. Todo se supo después, gracias a una declaración para corresponsales, emitida por el jefe de esa unidad castrense, general de brigada Alberto Matheus.
En esa oportunidad -los albores de la campaña regional-, Viloria y los demás presos fueron llevados a Caracas, y más nada se supo de ellos. No hubo fiscal general que hablara del asunto. Y desde luego, tampoco había una “mano de hierro” para envolver ese expediente en un paquete propagandístico.
La acción policial que permitió las detenciones de la alcaldesa y los dos parlamentarios, así como otras encaminadas a taponar el comercio ilegal de combustibles, fueron dadas a conocer tres días después de la divulgación mundial del último informe de Transparencia Internacional. En él, Venezuela figura en el cuarto puesto entre los países con mayor índice de percepción de corrupción, solo superado por Somalia, Siria y Sudán del Sur. De allí el énfasis colocado por los voceros del oficialismo.
Tal y como sucedió con Viloria la primera vez, el expediente de los últimos días llegó a Caracas. El presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, lanzó una primera línea sobre el criterio a aplicar en este caso: las detenciones ocurrieron en “comisión flagrante”. En otras palabras, como se trataba de un delito en pleno desarrollo, los cuerpos policiales se vieron obligados a actuar. Entonces, no cabe el supuesto de que las capturas fueron el resultado de “arduos procesos de investigación».
Según el saber popular, cuando alguien es capturado in fraganti, tenía “las manos en la masa”. Y eso es precisamente lo que sugiere Moreno.
@javiermayorca/ Crimenessincastigo.com
