La información se conoció en el marco del juicio contra Bruce Bagley, un ex profesor universitario y gran experto en crimen organizado en América Latina, acusado de lavado de dinero tras recibir US$3 millones del empresario colombo-venezolano.
Un empresario acusado de desviar millones en contratos estatales de Venezuela se reunió en secreto con las fuerzas del orden de Estados Unidos para proporcionar inteligencia contra el gobierno de Nicolás Maduro antes de ser acusado en 2019, según nuevos documentos en un caso relacionado contra un profesor de la Universidad de Miami caído en desgracia.
Bruce Bagley, quien antes de su arresto en 2019 había sido un gran experto en crimen organizado en América Latina, será sentenciado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan por dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi US$3 millones en pagos que recibió del hombre de negocios, Alex Saab.
En una solicitud de indulgencia, el abogado de Bagley argumentó que le dijeron a su cliente que los pagos, la mayor parte de los cuales envió a la cuenta bancaria de un intermediario no identificado, eran para ocultar pagos a abogados en los EEUU que acompañaban a Saab a las reuniones en las que se le pidió y supuestamente proporcionó información de inteligencia sobre el gobierno de Venezuela por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“No hay contradicción”, escribió el abogado Peter Quijano en un memorando de sentencia de 27 páginas presentado el miércoles, que Saab y el intermediario idearon “este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela.”
Saab fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde luego de una amarga lucha legal que ha tensado las relaciones entre Washington y Caracas.
Estados Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto para la corrupción en Venezuela, alguien que obtuvo enormes ganancias de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones en la nación sudamericana pasaban hambre. El gobierno de Maduro lo considera un diplomático que fue “secuestrado” mientras se encontraba en una misión humanitaria que las sanciones de Estados Unidos hicieron más urgente.
No está claro qué se discutió en las reuniones, que no se han informado previamente, ni si Saab ofreció alguna ayuda significativa o simplemente aprovechó la oportunidad para olfatear información sobre la investigación de Estados Unidos sobre sus propias actividades.
Pero la explicación de Bagley se relaciona con el relato de tres personas familiarizadas con la investigación de Saab que dijeron que se reunió con la policía federal de EEUU, incluidos agentes de la Administración de Control de Drogas, en múltiples ocasiones en Colombia y Europa antes de ser acusado en 2019. Las tres personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las reuniones.
Los fiscales e investigadores de EEII se reúnen con frecuencia con sospechosos de delitos fuera de los EEUU cuando buscan reclutarlos para brindar ayuda contra un objetivo más grande a cambio de promesas de confidencialidad y la posibilidad de indulgencia.
Pero cualquier reunión a la que asistiera Saab habría implicado grandes riesgos para el empresario nacido en Colombia dados sus estrechos vínculos con la élite gobernante de Venezuela, incluida la propia familia de Maduro.
Los fiscales federales en Miami acusaron a Saab en 2019 por cargos de lavado de dinero relacionados con un supuesto plan de soborno que se embolsó más de US$ 350 millones de un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos para el gobierno venezolano.
Por otra parte, Saab fue sancionado por la anterior administración Trump por supuestamente utilizar una red de empresas fantasma que se extienden por todo el mundo – en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México – para ocultar enormes ganancias de alimentos sobrevalorados y sin licitación. contratos obtenidos mediante sobornos y comisiones ilegales. Varios de sus asociados, incluido un antiguo socio comercial y un ex gobernador progubernamental, fueron acusados el mes pasado de participar en el presunto plan.
Algunos de los contratos de Saab se obtuvieron mediante el pago de sobornos a los hijos adultos de la primera dama venezolana Cilia Flores, alegó la administración Trump cuando anunció las sanciones. Comúnmente conocidos en Venezuela como “Los Chamos”, jerga para “los niños”, los tres, hijos de Flores de una relación anterior, han sido investigados por fiscales en Miami durante varios años.
Henry Bell, abogado de Saab, y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Miami, que está a cargo de la investigación sobre Saab, no respondieron de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.
El papel de Bagley en la supuesta red de corrupción de Saab parece haber sido relativamente menor.
Saab inicialmente contrató a Bagley para que lo ayudara a obtener una visa de estudiante para su hijo y luego buscó su consejo sobre inversiones en Guatemala, según los fiscales. Luego, a partir de noviembre de 2017, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de aproximadamente US$ 200,000 de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Se transfirieron fondos adicionales desde una cuenta en Suiza.
Luego transfirió el 90% del dinero a las cuentas controladas por un informante en la creencia de que serían remitidas a los abogados estadounidenses de Saab. Pero Bagley se quedó con una comisión del 10% y siguió aceptando el efectivo incluso después de que una de sus cuentas fuera cerrada por actividad sospechosa. En total recibió casi US$ 3 millones, según los fiscales.
El nombre del informante está eliminado del memorando de sentencia del miércoles. Pero en la corte el año pasado para declararse culpable, Bagley lo identificó como Jorge Luis Hernández, un informante estadounidense desde hace mucho tiempo en casos antinarcóticos de su natal Colombia, más conocido por su apodo de Boli. También se ha desempeñado como corredor que conecta a narcos con abogados defensores estadounidenses.
Bagley, un experto en el hampa del crimen de Colombia, había brindado testimonio en apoyo de Hernández cuando solicitó asilo en los Estados Unidos argumentando que lo matarían si lo deportaban a Colombia, donde tenía vínculos con grupos paramilitares de derecha que entonces dominaban el narcotráfico a lo largo de la costa del Caribe.
A lo largo de los años, Hernández propuso a Bagley lucrativas propuestas comerciales para brindar servicios de consultoría a los principales políticos de América Latina, incluido un gobernador colombiano, Kiko Gómez, con vínculos con milicias de extrema derecha y a un candidato presidencial anónimo de Paraguay.
En una ocasión en 2019, Bagley viajó a Nueva York para reunirse con Luis Domínguez Trujillo, un aspirante a presidente de República Dominicana y nieto del ex dictador de la isla caribeña, Rafael Trujillo. Sin que Bagley lo supiera en ese momento, la reunión estaba siendo supervisada bajo la dirección de los fiscales de Nueva York.
“Pero el Dr. Bagley, que no estaba motivado por la tentación de una gran cantidad de dinero, rechazó la oferta de trabajo de (Boli) para trabajar para un político aparentemente turbio, derrotando así ese intento en particular (de Boli) de entregar a un acusado”, escribió Quijano. .
Cuando Bagley finalmente cedió a las súplicas de Hernández, pensó que era para proteger a Saab de posibles represalias por parte de funcionarios poderosos en Venezuela si creían que estaba cooperando con los Estados Unidos, dijo el abogado.
“La preocupación no era que Estados Unidos se diera cuenta de estos pagos, sino que los individuos y el gobierno de Venezuela los descubrieran”, escribió Quijano. “Saab estuvo de acuerdo con (Boli) en que su conexión financiera pondría nerviosas a muchas personas importantes en Venezuela, considerando sus estrechos vínculos con algunos de los funcionarios del gobierno allí. Por la misma razón, Saab no podía pagar directamente a sus abogados en los Estados Unidos“.
Sin embargo, los fiscales sostienen que Bagley sabía que los fondos eran producto de la corrupción y que los fondos estatales “finalmente se les quitaban a algunas de las personas más pobres y vulnerables del mundo”.
“Sí. Es corrupción “, le dijo el profesor a Hernández en una conversación grabada de una reunión de diciembre de 2018, y agregó que sabía que Saab estaba profundamente involucrado en la importación de alimentos en nombre del gobierno de Maduro. “Han importado los productos de peor calidad con precios inflados y se han llenado los bolsillos de dinero”.
Los fiscales argumentan que Bagley, en declaraciones a las fuerzas del orden público, aún tiene que mostrar un remordimiento real o reconocer plenamente su papel en una conducta delictiva grave. No obstante, instan al juez Jed Rakoff a imponer una sentencia de cárcel más leve que el rango recomendado de 46 a 57 meses debido a la edad de Bagley (tiene 75 años) y a que su salud se está deteriorando.
Joshua Goodman, AP
