Las leyes comunitarias forman parte de la manía totalitaria del régimen venezolano. Tanto Chávez como Maduro, en sus respectivas circunstancias, aparentaron cumplir con las normas de obligatoria observancia para que proceda la aplicación de semejantes leyes. Inevitable recordar el episodio del 2 de diciembre del año 2007, fecha en la que Hugo Chávez convocó a los venezolanos a un Referéndum Constitucional para modificar la Carta Magna y meter en ese esquema, entre otras cosas, su despropósito de las leyes comunitarias. Esa ambición reveladora del carácter hegemónico de Chávez, fue rechazada por la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, los jerarcas del régimen siguieron adelante con su plan de leyes del llamado poder popular, con la bandera de las comunas como su buque insignia, previendo en su arquitectura comunitaria las ciudades comunales y el parlamento comunal.
Todo ese cuerpo de proyectos de naturaleza comunista no contó con la aprobación de la mayoría de los venezolanos, pero más pudo el irreverente talante autoritario de los gobernantes citados que no repararon en el fallo ciudadano y más bien persistieron, vía subterfugios legalistas, en hacer valer sus caprichos obviando los mecanismos de referéndum que necesariamente deben activarse para avalar o negar esos proyectos comunitarios.
Fue así como en el transcurso del año 2010 Chávez impuso en el parlamento domeñado las primeras seis leyes comunales. Para nada le importó el veredicto emitido por millones de ciudadanos que celebraron ruidosamente aquella victoria civil en la madrugada del 3 de diciembre de 2007. No obstante, estos señalamientos, se aprobaron las primeras seis leyes comunales desde el 2010, y sucesivamente desde ese acto insólito, han sido reformadas. Lo lamentable es que esas leyes de origen ilegal no fueron abrogadas por la Asamblea Nacional legitima que se dieron más de 14 millones de electores en el mes de diciembre de 2015.
En el curso del año 2021, concretamente en el mes de febrero, el régimen de Maduro propone las leyes de Ciudades Comunales, Comunas y Parlamento Comunal, estas leyes igualmente, y en mayor medida, afectan la estructura constitucional, ya que cambia el modelo político del país, creando nuevas instancias de gobierno territorial, también establece las transferencias de Municipios y Estados a Las Comunas, cuyos funcionarios no surgen de una elección directa, universal y secreta, sino de una designación de voceros que tampoco nadie los elige.
Ya previamente, con las aprobaciones de leyes habilitantes mediante las cuales se le otorgaban a Hugo Chávez poderes extraordinarios, se le permitió en su primera oportunidad, modificar 48 leyes, incluido el modelo económico y financiero, y con ello se potenció la intervención del Estado en la economía, avanzando en liquidar entonces con los medios de producción en manos de particulares. Fue así como el régimen escaló en su esquema para cambiar el modelo económico y ahora el modelo político, sin el concurso del ciudadano.
Se ha venido aceptando la implantación del modelo socialista sin presentar una lucha frontal de resistencia que emule la épica posición de rechazo a ese esquema en el recordado Referéndum Constitucional del pasado 2 de diciembre de 2007. Ese es un modelo inconstitucional, por cuanto que modifica la Constitución y niega y desprecia la participación ciudadana para aprobar o negar semejantes leyes. Hay que tener muy claro y así comunicarlo a la ciudadanía, que la mal llamada “consulta de las leyes” no puede sustituir el referendo, ya que en la consulta nadie sabe, sino ellos, quien participa, solo llevando la cuenta de quienes apoyan incondicionalmente al régimen, sin reflejar quienes no quieren, ya que dan por descontado su aprobación.
¿Qué están evitando? Pues el hecho de saber que el 90% de los venezolanos rechazamos el modelo socialista y votaríamos en referendo en contra, por ello lo hacen por vía de una consulta sin la participación de ese 90% de venezolanos, para decir después que “tiene respaldo popular constituyente”.
El régimen avanza entonces sin quien lo detenga ni frene ningún dispositivo inconstitucional; las pretendidas elecciones regionales tampoco lo evitarán, ya que lo único que detiene la implantación del modelo político aquí comentado es que no aprueben estas leyes, es evidente que seguirán en su plan, sin respetar nada, absolutamente nada. Por eso Maduro se atreve a confesar que violentó la Constitución Nacional designando esos «protectorados» para anular la legitimidad de gobernadores y alcaldes. En nuestro caso tanto Chávez como Maduro, saquearon la Alcaldía Metropolitana de Caracas que terminaron eliminando de un plumazo. Esa institución y la soberanía de los miles de ciudadanos que nos acompañaron la defendimos hasta con huelga de hambre. Nada valió ante esos tiranos que pisotean las leyes. Es más que evidente el truco electoral de Maduro ofreciendo el caramelito envenenado de eliminar la figura siniestra de los protectores. ¡Claro, para que le servirán si ya tiene sus comunas!
La primera derrota de Chávez, fue precisamente la del referendo constitucional, y esto en razón de que se articuló una campaña racional en defensa de la propiedad, de las conquistas de participación ciudadana, de la municipalización del país y de la consolidación de las estructuras regionales y así hasta muchos chavistas votaron en contra y otros se abstuvieron de participar. De hecho, Chávez en ese referendo perdió 3 millones de votos en comparación con los resultados electorales celebrados anteriormente.
Las leyes de la Ciudad Comunal que se suman a las ya aprobadas del Estado Comunal y que están rodando en la consulta sólo para chavistas y sus organizaciones, para ser definitivamente aprobadas en la Asamblea Nacional cuya elección realizada fraudulentamente el pasado 6 de diciembre de 2020, razón por la cual no fue reconocida, cambiará nuestra forma de vida en nuestro propio lugar, en donde nos movemos en nuestro barrio, urbanización, aldea o sector.
Importante que se tenga claro que tanto las leyes de Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal, fueron aprobadas en primera discusión por todos los integrantes de esta Asamblea Nacional (diciembre del año 2020), integrada solo por activistas chavomadurista y los que se decían o dicen ser oposición identificados con el remoquete de “alacranes”.
Para acabar con el capitalismo y sus formas, la revolución comunista tiene que acabar con la propiedad privada, y es lo que se logra en la Ley Orgánica de Comunas, articulo 10 que contempla que “El Estado Comunal es una forma de organización con un modelo económico de propiedad social”. ¿Qué le quita la propiedad social a la propiedad privada? Le quita el poder de disponer de los bienes propios, si el Estado Comunal se funda en la propiedad social, pues perdemos la propiedad privada, no podremos disponer del bien sino disfrutar y usar lo que es nuestro, hasta nuestra muerte sin que los hijos puedan heredar, salvo que vivan con sus padres, en el caso de que se trate de la vivienda.
Ahora bien, en concordancia con el artículo 49 de la ley de ciudades comunales se establece que “las ciudades comunales impulsarán la recuperación, construcción, ocupación”… Si consideramos que el éxodo promovido por la revolución obligó a mucha gente a abandonar sus bienes inmuebles: viviendas, locales, parcelas; pues se encuentra el sentido al propósito de ahora pasar a ocupar los espacios, entendiendo que ya no son propios, “son sociales”.
Estas leyes nos confiscan nuestro derecho de propiedad, esto forma parte de ese proceso, que ya antes, con la devaluación permanente del bolívar nos quitaron nuestra propiedad, devaluada tanto y en cuanto se devalúa la moneda, hasta disminuir su valor a nada, con el propósito de obligarnos a llegar a la moneda comunitaria de intercambio y la obligación de incluir a todos los ciudadanos en el “sistema patria” cumple ese propósito. La sustitución del bolívar por cualquier “chapita” a la que le asignan un valor de intercambio, mientras tanto la dolarización es por ahora el espejismo de una realidad que no viviremos si continúa y profundiza este comunismo.
La política en Venezuela se desarrolla en tableros diferentes y en tiempos distintos, de donde la oposición actúa en un solo tablero y en un solo tiempo: el tablero y tiempo electoral. Por otro lado, el régimen comunista juega en todos los tableros y tiempos; veamos, estas leyes de Ciudades Comunales y Parlamento Comunal que se prevén aprobar antes de las elecciones de gobernaciones y alcaldías que el régimen calcula consumar en noviembre de 2021, con lo cual, con cualquier resultado, ya es ley el hecho de transferir a Las Comunas las pocas competencias que les queda a esos municipios y regiones. Es el mismo esquema de Los Consejos del Poder Popular contemplado en la Constitución Cubana en los artículos del 103 al 119. Maduro está centrado en ese esquema, impulsando la creación, este año, de por lo menos 200 ciudades Comunales. Que nadie se llame a engaños eso tiene como finalidad vaciar de contenido a los municipios, dicho de otra manera, a las alcaldías y gobernaciones.
La lamentable realidad es que el régimen se las ha arreglado para infiltrar los comandos directivos de la llamada oposición. También concretó el plan de fracturar la unidad opositora que hizo posible espectaculares victorias, como la de diciembre de 2015. El régimen desmontó el poderío implícito en la tarjeta única mediante la cual millones de ciudadanos resolvían respaldar las opciones propuestas por los comandos opositores. La operación remate del régimen fue asaltar los símbolos de varios partidos políticos para entregárselos a varios de los dirigentes mal llamados opositores con quien el régimen ya venía entendiéndose, entre otros acuerdos, para socavar la legitimidad de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó.
En medio de esas operaciones de infiltración de los comandos de conducción opositora y desmantelamiento de las estructuras partidistas disidentes, el régimen lanza, otra vez, el anzuelo del dialogo, tal como lo ha venido haciendo en fechas pasadas, ardid que le ha servido para ganar tiempo, a la vez que siembra dudas sobre la imagen de varios líderes opositores y desmoviliza las protestas ciudadanas.
Los operadores del régimen han logrado atomizar esos comandos opositores, mediante la vieja táctica de “divide y vencerás”. Fue así como iniciaron el año 2021 promoviendo reuniones secretas con algunos factores de oposición para acordar la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, todo a espaldas del propio Juan Guaidó, interlocutor válido reconocido como tal por muchos gobiernos democráticos del mundo. Juan Guaidó, mientras tanto, toma la iniciativa de proponer en el mes de mayo de 2021, un ACUERDO DE SALVACION NACIONAL, dejando claro que no reconoce ese CNE designado por una Asamblea Nacional que no tiene legitimidad de origen, igualmente advierte que la solución no está en realizar elecciones regionales, sino en concertar una elección presidencial con la suficiente observación internacional, además de asomar la urgencia de atender la catástrofe humanitaria, incluido un plan masivo de vacunación.
Por su parte Maduro ripostó con su característica ramplonería, tratando de disminuir la figura de Guaidó a quien califica de débil, mientras clama por el levantamiento de las sanciones argumentando que las mismas son la causa de la crisis de servicios que impacta a los venezolanos. La verdad ya se ha explicado suficientemente en esta crónica: las sanciones son personalizadas, se dictaron contra individuos que han cometido crímenes de lesa humanidad, están relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo internacional o con escándalos de corrupción.
Lo cierto es que Maduro juega a la estrategia de realizar elecciones regionales y municipales, de esa forma distrae la atención, busca que le reconozcan su Asamblea Nacional ilegitima, crea confusión en la comunidad internacional, atomiza a la oposición y simultáneamente va aplicando su perverso plan comunista con el paquete de leyes comunitarias, ese modelo que pretende ir cambiando la forma de vivir, sentir y de soñar de los venezolanos.
@alcaldeledezma
