La represión y el castigo públicos forman parte del guion predilecto de los tiranos para detener la protesta popular y el cuestionamiento al estado policial, en la URSS los gulags y Siberia fueron el destino de millares de políticos y escritores opositores a la farsa soviética, práctica hoy actualizada por Putin contra Alexei Navalny y su movimiento, y si mencionamos al socio del mandatario ruso el dictador bielorruso Alexander Lukashenko con la detención del periodista Roman Protasevich bajándolo arbitrariamente de un vuelo internacional, son la demostración del abuso del aparato policial como política de estado.
En latitudes orientales la amenaza de la China de Xi Jinping de apresar al liderazgo opositor de Hong Kong quien lucha por su libertad y la persecución brutal del régimen chino a la minoría Uighur, la prisión de la mandataria Aung San Suu Kyi con golpe de estado incluido en febrero 2021 y el exterminio de la minoría étnica rogynha, y la prisión del pueblo norcoreano por la dinastía de los Kim, concentran en grado sumo el expediente del terror para someter a los pueblos y expropiarlos de la libertad.
América Latina no escapa a la plaga de regímenes que replican las practicas anteriores, en su versión del siglo XXI Daniel Ortega quien manipula a su antojo el legado del patriota Augusto Sandino, para justificar el asesinato de cientos de manifestantes en 2018-2019 y prisión de opositores como el caso actual de Cristiana Chamorro y resto de candidatos opuestos a la tiranía, y recientemente el mandatario cubano Díaz Canel quien la ha emprendido contra el Movimiento San Isidro y el pintor Luis Manuel Otero perseguido y apresado por exigir libertad de expresión.
En ese contexto Venezuela señalada por la CPI ante las tropelías y violaciones de DDHH ejecutadas por la gestión madurista, continúa la tradición de su mentor Hugo Chávez, tomando al sindicalismo como blanco de sus ataques ante el registro de miles de conflictos laborales en ascenso permanente desde 2010, y a sabiendas que no podía condenar al sindicalista Rubén González de Ferrominera ante las peticiones de libertad de la OIT y la ONU, ha escogido como rehén a otro compañero de SINTRAFERROMINERA, Rodney Álvarez como castigo al que ose protestar por contratos colectivos y libertad sindical.
El 12 de junio 2021 cumplió 10 años en prisión, es el tiempo que lleva Rodney Álvarez preso, últimamente en la cárcel del Rodeo II, señalado de un delito que asegura no cometió, durante todo este tiempo no se había fijado una condena, saltándose todos los procedimientos penales y la violación de los derechos humanos, sufriendo penurias y atentados en 3 penales diferentes.
Este trabajador de la Ferrominera del Orinoco fue detenido el 12 de junio del 2011 en las instalaciones de la empresa, ubicada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, y presentado a sus compañeros de labores como un «asesino», aun cuando no hay pruebas en su contra y todo indica que él es inocente del delito que se le acusa, según lo recuerda el secretario general del sindicato de Ferrominera Rubén González.
«El 9 de junio del 2011 estábamos haciendo una asamblea en el portón principal de la empresa para elegir la comisión electoral y luego renovar las autoridades del sindicato, cuando llegó la gente del Movimiento 21 y la Federación Bolivariana de Trabajadores chavista, con autobuses llenos de gente que nada tenían que ver con la empresa, eran vecinos del pueblo», al explicar cómo comenzó toda aquella revuelta que terminó con la detención de Álvarez.
Los asistentes a la asamblea y las cámaras de seguridad observaron y captaron el momento en que Héctor Maicán, directivo sindical y militante del PSUV, efectúo tres disparos a la multitud reunida, hiriendo a los trabajadores Luis Quilarque y Renny Rojas, quien murió en el acto. El hoy secretario del sindicato de Ferrominera, aclaró que todos los presentes vieron lo ocurrido, y se percataron cómo segundos después Maicán corrió a esconderse en una de las oficinas de la empresa, donde fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional. «Lo agarraron con el arma, los cartuchos, incluso hasta lo imputaron por asesinato por motivos fútiles «.
Al poco tiempo de producirse la liberación del dirigente del PSUV, llegaron a la empresa funcionarios de los cuerpos de seguridad, detuvieron a Rodney Álvarez y dijeron «aquí está el asesino. Pero todos saben la verdad, que este joven es solo un chivo expiatorio».
En fin, no se ha hecho justicia acaba de ser condenado a 15 años luego de haber pasado entre rejas 10 años, tan solo por ejercer su derecho a la protesta por derechos laborales violentados, como plantea La profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Jacqueline Ritcher, asegura que Rodney Álvarez está preso por «ejercer sus derechos sindicales. Fue acusado de un asesinato que no cometió como retaliación por exigir que se respetase su derecho de elegir libremente sus representantes sindicales para discutir un contrato colectivo».
Desde la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), la Unidad Internacional de Trabajadores, el Programa de Educación-Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea), y otras organizaciones defensoras de los DDHH, han impulsado campañas para exigir la inmediata liberación de Rodney Álvarez.
Este caso se une a los 350 presos políticos inculpados en juicios interminables, mantenidos por el aparato judicial de la tiranía para desmotivar y atemorizar la protesta popular y laboral, que diariamente recorre el país por el déficit de servicios públicos, el deteriorado nivel de vida y la ausencia de seguridad ciudadana. Con el agravante que Rodney Álvarez no es el único sindicalista afectado, hay decenas de sindicalistas, periodistas y trabajadores bajo de régimen de presentación, algunos detenidos acusados de delitos inexistentes fabricados por el aparato judicial de la tiranía.
Este es el país humillado y fragmentado que tenemos, condicionado a una amarga realidad que la comunidad internacional debe tener siempre presente y no ignorarlo, ni abandonarlo.
Froilán Barrios Nieves
