Dámaso Jiménez: Informe 2020 del Departamento de Estado señala a Maduro de ser uno de los mayores cómplices de delitos financieros
Una cosa es saberlo y otra leerlo en un informe detallado. El informe 2020 de la Oficina de Derecho y Estupefacientes Internacionales del Departamento de Estado señaló en su capítulo dedicado a Venezuela, que el gobierno de Maduro ha utilizado las leyes contra el blanqueo de capitales y la corrupción como una herramienta para reprimir la oposición política y al sector privado e intimidar así a sus "enemigos" ampliamente definidos.
El informe reza que las entidades del régimen abandonaron toda responsabilidad para combatir el lavado de dinero y la corrupción. “Son ineficaces y carecen de toda voluntad política para la lucha. Su capacidad técnica y voluntad queda en entredicho para abordar los delitos financieros por inadecuados, aunado a un sistema judicial politizado que compromete la imparcialidad del sistema legal».
En el Volumen 2 del informe dedicado a las actividades ilícitas de lavado de capitales, el organismo de investigaciones señala que “Venezuela se caracteriza por una actividad financiera ilícita desennfrenada y una corrupción pública endémica que empeoró a lo largo del 2019”.
La administración gubernamental norteamericana ha intensificado las sanciones contra funcionarios de la dictadura de Maduro involucrados en este tipo de delitos que destruyerom las actividades económicas productivas, el bolívar como unida monetaria y generaron una enorme situación de miseria y pobreza entre la población, cuyos salarios no alcanzan para adquirir productos trastocados por la hiperinflación.
“Las autoridades del régimen de Maduro son cómplices de delitos financieros”, acusa el documento en materia de investigaciones sobre lavado de dinero a nivel mundial.
La investigación sobre la situación venezolana resalta que la dolarización de la economía y el repentino aumento en 2019 de la disponibilidad de dólares en efectivo, activó las alarmas y generó fuerte preocupación sobre la fuente de tanto efectivo y quienes tuvieron acceso a esa masa monetaria.
El informe deja claro la existencia de un robusto mercado negro de contrabando de gasolina, que sigue funcionando en las porosas regiones fronterizas entre Venezuela y Colombia, y hasta cierto punto en Brasil.
El documento del Departamento de Estado señala que Nicolás Maduro y su régimen dependen de actividades ilícitas para ejercer el poder y financiar su gobierno ilegítimo, tales como el lavado de dinero, narcotráfico, ilegal minería, fraude y corrupción pública.
La investigación concluye de que la proximidad de Venezuela a los países productores de drogas y su estatus como un importante país de tránsito de drogas, combinado con una supervisión ALD, aplicación y cooperación internacional prácticamente inexistentes, conforman una jurisdicción plagada de lavado de dinero y delitos financieros.
«En 2019, en respuesta a la profunda crisis económica provocada por su mala gestión, el régimen relajó los controles cambiarios, así como los controles de precios e importaciones, lo que provocó la rápida dolarización del país y la disponibilidad de bienes para quienes tienen dólares. Sin embargo, según las investigaciones aportadas desde INCSR 2020 Volumen II, el lavado de dinero en Venezuela, ha afectado implacablemente la economía, considerada profundamente inestable e hiperinflada, lo que está impulsando una compleja crisis humanitaria”.
Otro informe realizado por la firma IBI Consultants durante los últimos 5 años, señala al gobierno de Maduro de haber desarrollado una estructura de lavado de dinero como parte de una compleja operación criminal, en la que intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado.
Presentado recientemente por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington, explica que dicha operación criminal es una estructura única basada en la participación directa de un Estado con comportamiento criminal, que opera en múltiples esferas económicas y jurisdiccionales.
@damasojimenez
