Las nuevas normas electorales y la conformación de un nuevo sistema de partidos políticos son parte de las manipulaciones de cara a los comicios parlamentarios.
La elección parlamentaria previsto para el 6 de diciembre en Venezuela se realizará con nuevas normas de adjudicación de cargos, el incremento de 66% en la cantidad de diputados a escoger, la configuración de un nuevo ecosistema de partidos políticos en donde las directivas de las organizaciones contrarias al régimen de Nicolás Maduro han sido destituidas por órdenes judiciales y la implementación de un nuevo sistema automatizado de votación.
La mayoría de estos cambios fueron ordenados por la autoridad electoral que a su vez fue designada de forma exprés por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen que permanece de forma ilegítima en el poder.
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Para los integrantes de la organización Acceso a la Justicia “los cambios realizados por el írrito Consejo Nacional Electoral (CNE) no configuran reales garantías para las elecciones de los representantes a la Asamblea Nacional (AN), sobre todo porque ni el incremento en el número de diputados al Parlamento (se pasa de 167 a 277 diputados), ni la modificación de los votos nominales y lista hacen que se trate de un proceso más democrático y plural políticamente, así como tampoco de un proceso legítimo y ajustado a las normas y principios constitucionales”.
En un informe posterior a la convocatoria oficial de elecciones para el 6 de diciembre, Acceso a la Justicia advierte que la manera “como hasta ahora han venido desarrollándose los acontecimientos en el país, gracias a una serie de sentencias (la n.º 68, la n.º 69 y la n.º 70) dictadas en esta materia por el Tribunal Supremo de Justicia, brazo ejecutor del régimen de Nicolás Maduro al margen de la Constitución, acentúan las dudas y sospechas de la manipulación del sistema electoral al antojo del gobernante; además de la falta de credibilidad y confianza hacia un árbitro comicial, que a la luz de su designación exprés y en contra de la normativa, es evidente que responde a una parcialidad política”.
Una posición similar mantienen los integrantes del Observatorio Electoral Venezolano (OEV). Según el análisis de la organización dirigida por los especialistas electorales Ignacio Ávalos (ex rector del CNE), Luis Lander y Carlos Medina “los números no cuadran: la próxima Asamblea Nacional debería seguir teniendo entre 165 y 167 escaños, en apego a la Constitución, pero el CNE ha incorporado lineamientos impartidos por el TSJ. Aumentar a 277 el número de diputados contraviene preceptos constitucionales. Las legislativas deben ser llevadas a cabo a partir de unas condiciones que generen confianza en los actores y electores”.
Los integrantes del OEV sostienen que “aumentar el número de diputados de la AN es inconstitucional. Estas nuevas normas, además, diluyen el voto indígena dentro del Parlamento al tiempo que generan una sobrerrepresentación en algunos estados.
El nuevo CNE y organizaciones que se definen como opositoras pero adversan al gobierno interino de Juan Guaidó, y conformaron junto al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) una Mesa de Diálogo Nacional para acordar estos cambios al sistema político y electoral, sostienen que las modificaciones implementadas se limitan a un desarrollo normativo.
No obstante, para los especialistas electorales consultados por DIARIO DE LAS AMÉRICAS los cambios no mejoran las críticas condiciones políticas y técnicas que se han denunciado en el pasado.
Para Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, con esos cambios “en vez de avanzar en el cumplimiento de los derechos, retrocedemos (…) Es evidente que no se está generando confianza en el electorado “.
Colina recuerda que la convocatoria para el 6 de diciembre se realizó “de forma unilateral, sin que sea parte de un consenso entre los actores políticos”.
Desde la perspectiva de los integrantes de Acceso a la Justicia (ONG dirigida por los abogados Ali Daniel y Laura Louza) “los hechos demuestran que es previsible cuál es el objetivo del Gobierno de Nicolás Maduro: Hacerse con la Asamblea Nacional, cambiando nuevamente las reglas de juego para favorecer sus intereses. El cambio del sistema electoral por parte de un ilegítimo CNE, nombrado al margen de la Constitución, y sobre el cual existen dudas más que razonables sobre su independencia y autonomía, alejan las posibilidades de que en el país se puedan celebrar elecciones auténticamente libres, justas y transparentes”.
Sin información del sistema automatizado de votación
En marzo de este año un incendio en los galpones de almacenamiento del CNE destruyó 98% del hardware electoral que se utiliza desde el año 2004. A falta de cinco meses para la elección el CNE no ha precisado cómo se van a sustituir estos equipos o qué tipo de tecnología se va a incorporar al proceso venezolano. Sobre este particular los rectores del CNE se han limitado a indicar que la votación el 6 de diciembre “será automatizada con equipos traídos de China”.
Nuevo ecosistema de partidos
En total el gobierno de Maduro aspira a que participen en el proceso parlamentario 87 organizaciones con fines políticos: 28 partidos nacionales, 6 organizaciones de pueblos y comunidades indígenas y 52 partidos regionales.
Entre los 28 partidos nacionales se incluyen organizaciones como Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo (AD, PJ y VP han sufrido intervenciones judiciales en los últimos 15 días que han cambiado sus directivas).
En un análisis de las sentencias que utiliza el CNE para justificar estas decisiones los integrantes de Acceso a la Justicia recuerdan que “la intervención de los partidos políticos por parte del TSJ no es nueva en Venezuela, sobre todo cerca de contiendas electorales, ya que ha servido de estrategia para que el chavismo gane elecciones”.
Para Acceso a la Justicia “desde la debacle electoral que el chavismo sufrió en las parlamentarias de 2015, las amenazas contra los partidos de la oposición comenzaron a agudizarse. Así, en 2016 la Sala Constitucional dictó su primera sentencia del año, en la cual estableció, luego de interpretar el artículo 67 constitucional y los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, que las organizaciones que habían obtenido menos del 1% de los votos en las parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos.
En ese momento la decisión del máximo intérprete de la Constitución tenía como principal objetivo eliminar a las organizaciones políticas que renunciaron al uso de sus tarjetas para adoptar la de la Mesa Democrática de la Unidad (MUD), una alianza opositora que nació para enfrentar al oficialismo en las contiendas electorales. Posteriormente la MUD sería inhabilitada a comienzos de 2018.
También hay que mencionar que en ese ínterin la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instalada en agosto de 2017, y el CNE colaborarían en la eliminación de los partidos en Venezuela, después de que dictaran una serie de decisiones inconstitucionales y violatorias de derechos fundamentales.
Para Acceso a la Justicia los episodios injerencistas contra AD, PJ y VP por parte del TSJ, junto con la designación de un CNE sin consenso, propician un ambiente favorable para que en los próximos comicios el régimen de Maduro repita la experiencia de las presidenciales de 2018, es decir: unos comicios que no reflejen el sentir nacional, pues es evidente que las circunstancias antes descritas no otorgan ninguna garantía ni condiciones mínimas, ni mucho menos esperanza de rescatar el hilo democrático.
En su análisis los integrantes de Acceso a la Justicia insisten en que “los recientes casos decididos por el TSJ muestran la aniquilación del pluralismo político por parte del régimen de Maduro y no favorecen la recuperación de la alternancia, el respeto de la Constitución y el restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela”.
